23|6|2022

Piden controlar la compraventa de metales fruto del robo de cables

11 de mayo de 2022

11 de mayo de 2022

La diputada santafesina Cattalini solicita la inspección, control y clausura de los establecimientos que no estén inscriptos y no informen sus actividades. 

Con el objetivo de prevenir un delito que deja a miles de personas sin servicio, la diputada provincial santafesina Lionella Cattalini presentó un proyecto de ley que contempla la creación de un “Registro Único de Comerciantes de Metales No Ferrosos”. Este estará destinado a titulares o responsables de comercios y a quienes realicen actividades de carácter comercial o industrial en forma permanente o eventual con metales no ferrosos. Además, deberán llevar un libro donde consten datos sobre la compraventa y las personas que intervienen.

 

"El robo de cables es uno de los delitos que más daños ocasionan, tanto por la cantidad de damnificados como por el perjuicio que produce para las empresas. Fuentes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) advirtieron que ya sufrieron el robo de 160 mil kilos de cobre sólo en la ciudad de Rosario", argumentó la legisladora socialista. En ese sentido, agregó: "La revalorización del precio internacional del cobre y del bronce impulsa las operaciones de grupos organizados que aprovechan un activo circuito ilegal para su reducción y reventa clandestina. Es una modalidad delictiva, es capaz de alimentar un importante mercado negro con fácil disponibilidad de dinero".

 

Según explicó Cattalini, este delito incluye la intervención de tres sectores. “Primero los sujetos encargados de la sustracción material del tendido de cables. Luego, los responsables de las distintas chatarrerías que operan como comercios legales y que compran en el mercado negro el material robado y lo almacenan. Y, finalmente, las fundiciones, talleres donde, a través de procesos metalúrgicos específicos, se separa el cobre del aislante que lo contiene para su posterior venta”, precisó. "Necesitamos romper este circuito e intervenir con una política pública capaz de controlar y penalizar a quienes se encuentran en este circuito ilegal, y también trabajar coordinadamente con las empresas damnificadas, vecinos, municipios y comunas", concluyó la diputada. 

 

El proyecto establece que este registro se encuentre bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Justicia y DDHH, en colaboración con municipios y comunas. Por otro lado, prevé que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informe cada vez que se inicia una causa penal a personas que se encuentren inscriptas y la clausura para quienes no cumplan con la incorporación al mismo. El tema fue tratado este miércoles en la sede de Rosario de la Cámara de Diputados en una audiencia pública convocada por la socialista y el diputado provincial Oscar Martínez (Frente Renovador).