13|5|2022

Tarifas: la segmentación viene lenta y hay dudas por el alcance del ajuste

13 de mayo de 2022

13 de mayo de 2022

Las audiencias públicas no esclarecieron cuándo y cuánto subirán las facturas de luz y gas. Un alfil de Guzmán anticipó quita de subsidios para más clientes. 

Sin la asistencia del ala energética del funcionariado que está alineada con la vicepresidenta Cristina Kirchner y eclipsadas por la difusión del índice inflacionario de abril, transcurrieron sin pena ni gloria las tres audiencias públicas convocadas por el Gobierno para tratar la reducción de subsidios y los ajustes tarifarios comprometidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

 

Realizadas en forma virtual y con el monitoreo a distancia del ministro de Economía, Martín Guzmán, las audiencias no vinculantes se asemejaron a un tren que marcha más lento de lo programado, con varias dudas operativas y un aviso de último momento de las distribuidoras eléctricas y gasíferas de que los nuevos cuadros tarifarios demandarán, como mínimo, un tiempo de implementación de dos meses.

 

La falta de precisiones del equipo que depende de Guzmán sobre el mecanismo de instrumentación de la poda de subsidios y los alcances de las subas que regirán para las distintas categorías de clientes y los diferentes niveles de consumos residenciales terminaron ampliando los interrogantes preliminares que tenían la mayoría de las consultoras y técnicos del sector acerca de las complicaciones operativas que podrían registrarse cuando se lleve a la práctica el nuevo sistema tarifario.

 

Uno de los puntos clave que las voces oficiales no pudieron puntualizar ni detallar es el vinculado con los porcentajes finales de aumentos que van a tener las facturas hogareñas de la clientela con “alta capacidad de pago”, que perderá la totalidad de los subsidios vigentes.

 

A esa incógnita se agregó otra cuestión, ligada a quienes pasarán a pagar en sus hogares las tarifas plenas de luz y gas, que aportó más confusión al asunto. 

 

Inicialmente, el Gobierno había difundido que, tomando en cuenta el valor de los inmuebles y los lugares de residencia en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires relevados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), ese segmento de “altos ingresos” englobaba algo más de 480.000 usuarios, equivalente a casi el 10% de la clientela residencial. Sin embargo, el informe técnico que presentó un hombre del riñón de Guzmán, el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, en las audiencias elevó el alcance de la quita de subsidios a casi el 20% de los usuarios residenciales. Basado en información de las empresas y los datos disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) sobre ingresos y patrimonios, López Osornio destacó que en  la región metropolitana serán 921.778 los hogares que se quedarán sin subsidios en el servicio eléctrico y 760.600 los que correrán la misma suerte en el servicio de gas.

 

Esta diferencia hacia arriba en el segmento residencial que perderá los subsidios agrandó las dudas que había sobre los datos oficiales referidos a la cantidad de usuarios y los distintos porcentajes de aumentos que regirían para quienes perciben el beneficio de la tarifa social y la mayor parte de los hogares correspondientes a los sectores medios.

 

Las audiencias tampoco dejaron claro cómo se trasladará el precio mayorista de la energía eléctrica sin subsidios a las distribuidoras y cooperativas del interior del país y cómo harán éstas para identificar y segmentar a la clientela residencial a la cual deberían facturarle las nuevas tarifas que vienen con fuertes aumentos.

 

Otra arista que quedó en la nebulosa tiene que ver con el “mecanismo de restitución de subsidios” que había prometido Economía para poder subsanar los posibles errores que registren con la “segmentación tarifaria”. Quienes esperaban ver algún formulario modelo o instructivo para canalizar el reclamo se encontraron con un simple anuncio oficial de que en las próximas semanas se procederá a definir ese esquema de “recalibración tarifaria” para atender los planteos de quienes se consideren afectados.

 

Facturación a paso lento

En cuanto a los tiempos de instrumentación de las nuevas tarifas, las empresas gasíferas y eléctricas le advirtieron al Gobierno y a Guzmán que no hay forma de que entren en vigencia en junio, tal como se había acordado con el FMI.

 

La Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas) destacó que “el nuevo esquema tarifario implica modificaciones en los sistemas informáticos y de facturación y sobre la base de experiencias similares estimamos un plazo mínimo de implementación de ocho semanas y con un costo económico significativo”.

 

Tras señalar que la campaña de actualización de la titularidad del servicio acumuló un rotundo fracaso –solo el 2,5% de los más de 3 millones de usuarios detectados regularizó su situación–, las gasíferas resaltaron que “las comunicaciones a los clientes y la atención de los reclamos afectarán la normal operación de las empresas, generando sobrecostos y necesidades de mayores recursos para que no se vea afectada la calidad de servicio”.

 

En el documento presentado en la audiencia, la entidad que agrupa a Metrogas, Naturgy, Litoral Gas, Gasnea, Gasnor, Ecogas, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur alertó que “la segmentación de usuarios es una prerrogativa del Estado, pero debe garantizarse que, al instrumentarla, las distribuidoras no se vean perjudicadas, asegurando el cumplimiento del principio de la neutralidad económica en la compra de gas y contemplando las limitaciones y dificultades que tendrá su puesta en marcha”.

 

En la misma línea se expresó Adeera, la asociación de distribuidores de energía eléctrica. Tras expresar que no participó en la definición del nuevo esquema tarifario, la entidad nacional que agrupa a 49 operadoras eléctricas consideró que “resulta necesario adecuar los sistemas comerciales y de facturación de cada empresa, un proceso que seguramente puede demorar 60 días como mínimo”.