BOLETO FEDERAL

Las provincias redoblan su ofensiva por más subsidios a los colectivos

Doble presión a Guzmán y Guerrera por un reparto más equitativo de las compensaciones tarifarias que la Nación destina mayoritariamente al AMBA. Paro en puerta.

 

En un operativo de pinzas para llamar la atención de la administración de Alberto Fernández, las autoridades provinciales del área de transporte coordinaron con representantes del interior en ambas Cámaras del Congreso una doble acción de presión para lograr un “reparto más equitativo” de los subsidios nacionales con el fin de implementar el tantas veces prometido “boleto federal”.

 

En línea con las medidas impositivas y salariales que vienen impulsando en el Congreso las huestes kirchneristas, el planteo de más subsidios para los colectivos del interior va a contramano de la reducción del déficit fiscal acordada con el Fondo monetario Internacional (FMI) e implica un nuevo desafío para el ministro de Economía, Martín Guzmán.

 

Mientras las provincias que integran el Comité Federal del Transporte (Cofetra) volvieron a dejar sus sillas vacías en la última reunión paritaria con el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) que debía definir la actualización salarial de los choferes, en el Senado se presentó oficialmente el proyecto de ley del denominado “Boleto Federal” que impulsan Alejandra Vigo(Córdoba Federal), Alfredo Cornejo (presidente del interbloque de Juntos por el Cambio) y Beatriz Ávila (JxC-Tucumán).

 

La iniciativa, que fue anticipada a fines de abril, ya contaría con el visto bueno de la mayoría de quienes ostentan bancas en la Cámara alta en representación de las provincias norteñas y del Litoral y promueve la creación del “Programa Nacional de Reparto Equitativo y Federal de Subsidios Nacionales al Transporte Público de Pasajeros”.

 

La base de sustentación del programa pasa por la creación de un “Fondo Único de Asistencia al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano de la República Argentina”. Dicho fondo se alimentaría con lo recaudado en concepto de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono y por los recursos que ingresan diariamente al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), la caja actual de donde salen los giros para cubrir las compensaciones tarifarias a las empresas de colectivos.

 

El proyecto apunta a equilibrar en partes iguales los subsidios que la Nación aporta mensualmente a las líneas del AMBA y a los colectivos del interior. Actualmente esa relación favorece ampliamente a las empresas de la región metropolitana que se llevan el 86% (alrededor de $ 22.000 millones mensuales) frente a las líneas del resto del país que reciben el 14% restante ($ 3.500 millones).

 

También prevé la inclusión de todas las jurisdicciones al mecanismo de compensación de precio diferencial del gasoil y la extensión a las líneas provinciales y municipales de los atributos sociales y tarifas diferenciales que hoy solo están vigentes para los viajes que se realizan en el AMBA.

 

Casi al mismo tiempo que el programa del “Boleto Federal” se difundía en la Cámara alta, en Diputados una veintena de legisladores y legisladoras oficialistas de la región del Norte Grande recibieron a la directiva de la FATAP para trabajar en la búsqueda de una “nueva norma de distribución equilibrada de los subsidios nacionales que permita implementar tarifas más uniformes en el interior del país”. Tras analizar un estudio elaborado por las empresas de colectivos que prestan servicios fuera del ámbito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, los diputados resolvieron iniciar gestiones ante Guzmán y su par de Transporte, Alexis Guerrera, para que la Nación recalibre y modifique los criterios de reparto de los subsidios tarifarios.

 

Contraste

El informe técnico de la FATAP puso sobre el tapete el siguiente contraste: mientras los usuarios del AMBA pagan una tarifa base de $ 18 y las empresas reciben un subsidio mensual promedio de $ 1.275.000 por cada vehículo en servicio; en el interior, la tarifa base promedio que afrontan los pasajeros asciende a $ 51,49 y la compensación económica girada a las empresas alcanza solo a $ 268.714 mensuales por cada coche en actividad.

 

A principios de mayo, Guerrera intentó contener a las provincias con un módico incremento en el monto total de los subsidios que la Nación prevé girar al interior durante el segundo trimestre del año. Por medio de la resolución 263, aprobó para las líneas urbanas del interior una compensación mensual hasta junio de $ 3.500 millones. Ese monto contiene una suba de apenas el 9,3% con respecto a la suma mensual de subsidios que la Nación les giró en el primer trimestre de 2022.

 

Como contrapartida por ese acotado incremento de los subsidios, la cartera de Transporte estableció que los gobiernos provinciales y municipales deberán mantener las ayudas económicas específicas que han venido aportando en los últimos meses para morigerar o mantener sin cambios los precios de los boletos.

 

Según los últimos datos oficiales, del subsidio total que reciben las líneas del interior, el 40% lo aporta la Nación; el 37%, las provincias y el 23% restante, las arcas municipales.

 

Junto con el malestar por el escaso aumento definido para los subsidios, los funcionarios provinciales le anticiparon a Guerrera que no están en condiciones de actualizar las compensaciones que vienen pagando con sus recursos y que la única salida posible es un reparto más equitativo y federal de las ayudas nacionales.

 

Mientras tanto, este lunes concluye el período de conciliación obligatoria con la UTA que la cartera laboral ya extendió en dos ocasiones. Las provincias siguen sin aparecer en la mesa de negociación y las empresas ya advirtieron que sin una asistencia adicional de subsidios por $ 15.000 millones no podrán hacer frente al aumento salarial que reclaman el gremio de choferes. A menos que aparezcan los fondos a último momento, desde el martes los colectivos urbanos del interior dejarían de circular, en principio, por 48 horas, a la espera de una solución.

 

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