06|7|2022

Neuquén y Río Negro presionan al Gobierno por el equipo que auditará las represas

22 de mayo de 2022

22 de mayo de 2022

Representantes de ambas provincias quieren conocer el reglamento de la comisión creada para la renegociación de las hidroeléctricas.

Representantes de Neuquén y Río Negro reclaman una convocatoria oficial de las autoridades nacionales para conocer el funcionamiento del Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC), la comisión pensada por la Casa Rosada para interiorizarse sobre el estado de las represas en la región del Comahue, cuyos concesiones vencen en 2023. Consustanciados con el gobernador Omar Gutiérrez y la gobernadora Arabela Carreras, quienes trabajan en tandem para quedarse con el manejo de las hidroeléctricas, los equipos técnicos de ambas provincias quieren tener participación en la toma de decisiones.

 

Cuando el secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, suspendieron la reunión con delegados de Neuquén y Río Negro en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) hace unos días, el vocero neuquino Elías Sapag estalló de bronca. “Esta gente no puede manejar el país, no puede manejar la energía”, disparaba uno de los interlocutores de las provincias en la AIC.

 

A la espera de una convocatoria oficial para la presentación del ingeniero Carlos Ciapponi, designado al frente del ente que elaborará un detallado informe sobre aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales de las presas, los representantes patagónicos reclamaron que se los incluya en la mesa de decisiones.

 

En diálogo con Letra P, Sapag explicó que la idea es que las provincias tengan voz a través de sus representantes en la AIC. En ese organismo también están Fernando Curetti, por Río Negro, y Javier Reyes, por Buenos Aires. Otro de los reclamos apunta a conocer el reglamento interno de la comisión que encabeza Ciapponi. “Solo queremos saber cómo se quiere auditar a las hidroeléctricas”, señaló el neuquino.

 

La AIC es un espacio estratégico desde su creación en 1985. En 1993, el año de mayor auge privatizador, se designó a esta entidad como autoridad de aplicación de los contratos de concesión en el mano de agua, protección del ambiente y civil. Desde entonces, es el espacio estratégico para los gobiernos patagónicos en el plano hidroeléctrico.

 

“Tenemos un informe de los últimos 29 años del estado civil y electromecánico. Cuáles son los manejos de agua, el estado ambiental y cuál es la situación económica de la AIC”, contó Sapag, al recordar las acciones legales por la falta de liquidación del canon que se activó en la campaña 2021. “Queremos formalidad, estamos dispuestos a trabajar. Los informes están hechos, los vamos a presentar”, repitió.

 

La tensión entre las fuerzas provinciales y el gobierno nacional va en aumento. De fondo, hay un negocio de 800 millones de dólares manejados por las empresas Pampa Energía, Central Puerto, Enel y AES, firmas a cargo de la utilización integral de los complejos El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita, Alicurá y Pichi Picún Leufú.

 

“No tuvimos comunicación con Ciapponi, ni con Martínez. Por eso esperamos que oficialmente nos convoque, queremos que formalmente nos comuniquen quienes son las autoridades y así empezar a tratar un temario”, cerró Sapag.

 

A contramano del planteo patagónico, los funcionarios se apuntalan en el designado Ciapponi. “Con la conformación de este equipo, tomaremos las decisiones más acertadas, respaldadas por el trabajo de las personas más capacitadas de las áreas del gobierno y de los distintos sectores relacionados con el desarrollo de las hidroeléctricas”, dijo Martínez. Basualdo, el otro apuntado por Sapag, sostuvo que “las centrales, además de haber sido construidas por el Estado, son un elemento muy importante en el marco de la transición energética que viene dando nuestro sistema eléctrico, para abordar este proceso de manera exitosa”.