17|8|2022

Alta tensión: las eléctricas bonaerenses ya deben $70.000 millones

12 de junio de 2022

12 de junio de 2022

Las distribuidoras privadas y cooperativas de la provincia arrastran una pila de facturas impagas con Cammesa. Nuevo ajuste tarifario y generadoras en espera. 

De manera sigilosa y con anuncios escuetos, las provincias han comenzado a autorizar el traslado a los usuarios del nuevo valor mayorista de la energía eléctrica que aprobó el Gobierno. Derivada del acuerdo con el FMI e impulsada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, la actualización del precio estacional de la generación eléctrica quedó aprobada por medio de la resolución 405 de la Secretaría de Energía y entró a correr para todas las distribuidoras y cooperativas eléctricas del país a partir del 1 de junio.

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Las primeras distribuidoras que recibieron la vía libre para aplicar los nuevos cuadros tarifarios fueron Edenor y Edesur. La intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), bajo la batuta de la camporista Soledad Manín, atendió esta vez rápidamente el pedido de Guzmán y casi de inmediato sacó a la calle las resoluciones 171 y 172 con un incremento promedio del 16,53% para los hogares y del 7,7% para quienes poseen el beneficio del régimen de tarifa social.

 

Con porcentajes similares siguieron el mismo camino la mayoría de los gobiernos provinciales que tienen que convalidar el traspaso del precio mayorista de la energía a las facturas finales del servicio eléctrico.

 

El último en blanquear oficialmente el reacomodamiento tarifario fue el gobierno de Axel Kicillof. La administración bonaerense calcula que la tarifa residencial de las cuatro distribuidoras privadas y 200 cooperativas que existen en la provincia tendrán un aumento promedio del 14%, el cual se sumará a la suba del 22% que rige desde marzo.

 

Si bien en los despachos bonaerenses salieron a aclarar que el ajuste respondió al aumento mayorista dispuesto por la Casa Rosada, nada hace prever que las distribuidoras y cooperativas vayan ahora a cambiar la postura adoptada desde el año pasado, que consiste en quedarse con la mayor parte de esos ingresos que corresponden a los generadores y no pagarle a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) la totalidad de las facturas que reciben mensualmente por la energía que toman del sistema eléctrico nacional.

 

Las cuentas de Cammesa exhiben un rojo acumulado récord de $ 370.000 millones por las facturas impagas que arrastran las operadoras privadas y estatales que prestan el servicio eléctrico en todo el país. De ese monto, el 20% corresponde a las deudas de las eléctricas bonaerenses que rozan casi los $ 70.000 millones y equivalen a casi nueve meses de la facturación total habitual de esas empresas.

 

Detrás de Edesur y Edenor, que lideran el podio de las más morosas con una deuda total de casi $ 157.000 millones, aparecen las cuatro distribuidoras privadas bonaerenses del grupo DESA.

 

Acumulan un registro negativo de $ 56.200 millones que representa casi el 80% de las deudas con Cammesa que registran las eléctricas de la provincia. Las planillas con las facturas pendientes de cobro de la administradora eléctrica cantan que EDEN le debe $ 18.000 millones; Edelap, $16.300 millones; EDEA, $15.500 millones y EDES, $ 6.400 millones.

 

Por su parte, las deudas más atrasadas de las cooperativas bonaerenses superaron en el último mes los $ 11.000 millones. De las 200 que operan en la provincia, sobresale un lote de 16 cooperativas que arrastran las mayores deudas del sector. Son las que prestan servicios en Zárate, Villa Gesell, Olavarría, Pergamino, Luján, Necochea, Tres Arroyos, San Pedro, Las Flores, Chacabuco, San Antonio de Areco, Moreno, Ranchos, Pringles, Castelli y Montes.

 

El caso más emblemático y de compleja solución se registra con la cooperativa de Villa Gesell: hace más de 20 meses que no paga un centavo y acumula una deuda que supera los $ 2.000 millones.

 

Sin riesgo de ser sancionadas por las autoridades nacionales de Energía, que no quieren asumir el costo político de aplicar los cortes de suministro previstos en las normas del sector, y con sus ingresos específicos limitados y desactualizados, tanto las distribuidoras eléctricas bonaerenses como sus pares de otras provincias no tienen hoy ningún incentivo para apurarse a regularizar sus cuentas con la administradora del mercado mayorista de electricidad.

 

Hasta tanto no se concrete una restructuración de fondo en las reglas de juego del negocio eléctrico, la mayoría de las distribuidoras seguirán acumulando deudas o haciendo pagos parciales para poder afrontar los mayores costos operativos y laborales con los ingresos correspondientes a segmento de generación.

 

Mientras tanto, la situación de Cammesa pinta cada vez más crítica y dependiente del oxígeno proveniente de los subsidios del Estado. En los primeros meses de 2020, las deudas pendientes de las distribuidoras rondaban los $60.000 millones y equivalían a casi dos meses de facturación. Ahora, las acreencias se multiplicaron por seis y representan más de siete  meses de facturación de las transacciones del sistema eléctrico.

 

Para cubrir ese agujero, el Estado ya lleva transferidos en los primeros cinco meses del año una masa de subsidios de casi $ 408.000 millones, un 50% más que la suma girada en el mismo período de 2021.