16|11|2022

Planes sociales: los tres pedidos que los gobernadores le llevaron a Fernández

17 de junio de 2022

17 de junio de 2022

La transformación de los programas en empleo formal, parte esencial de los planteos del Norte Grande. Las mesas de Zabaleta en las provincias. Los números.

La transformación de los planes sociales en empleo formal, el número de programas y el rol de las organizaciones sociales como “intermediarias” forman uno de los ejes principales de las conversaciones que los gobernadores que visitaron la Quinta de Olivos en las últimas semanas le plantearon en privado a Alberto Fernández y que trabajan con el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Juan Zabaleta.

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Los gobernadores del Norte Grande lo pusieron en el centro de su agenda de trabajo. Sobre los planes sociales hablaron en la cena que compartieron en la casa del jefe de Gabinete, Juan Manzur, la noche anterior al encuentro formal que tuvieron, hace dos semanas, en Tucumán. Una fuente con acceso al despacho presidencial le confirmó a este medio que también llevaron la preocupación a las últimas reuniones que tuvieron con Fernández. 

 

Los planteos rondan en torno a tres preocupaciones: buscan “que se agilice” la transformación de planes sociales en trabajo formal, que las organizaciones sociales pierdan peso en la distribución y el manejo pase a la órbita de provincias y municipios y, por último, que se busque la forma de que quienes cobran planes sociales puedan mantenerlos durante un tiempo cuando ingresan a trabajar al sector privado.

 

“Hay que eliminar todo tipo de incompatibilidad, al menos en este este tiempo de inflación, para que la gente no pierda los ingresos que cobra con los planes y pueda tener acceso al empleo. Se puede hacer en etapas, armar una reglamentación, para que puedan convivir por un tiempo los planes y el trabajo”, le dijo a Letra P el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que mantiene un diálogo fluido con Zabaleta en la mesa de trabajo que funciona en la provincia.

 

Las mesas de producción son espacios de diálogo no institucionalizadas en lo formal, pero en las que trabajan de manera mancomunada y regular las áreas de producción y trabajo de las provincias, cámaras empresarias, sindicatos y Desarrollo Social. Tienen como objetivo agilizar el paso de quienes son titulares de planes sociales al empleo formal.

 

La mecánica de trabajo implica que las empresas plantean cuáles son los puestos que tendrían disponibles, se hace un relevamiento de las personas registradas en el programa Potenciar Trabajo en el distrito y, a partir de ese proceso, se propone la incorporación de trabajadores y trabajadoras al sector formal. En el Ministerio destacan el trabajo ya aceitado que tienen con La Rioja (que ya incorporó nueve mil personas del Potenciar al sector textil), Jujuy, Catamarca y Tucumán. 

 

Sin embargo, en el camino aparecen varios obstáculos. Los gobernadores aseguran que el empresariado plantea dificultades a la hora de conseguir personal para trabajar. Aducen que quienes son titulares de planes sociales se niegan a incorporarse a las empresas y prefieren mantenerse dentro de los programas. En el Gobierno entienden que la clave del problema está en que los salarios que ofrecen las empresas son tan bajos que hacen la propuesta poco atractiva. El sector privado responde que pagan “salarios de convenio”, que corresponden a empleos que suelen ser de mano de obra intensiva, poco calificada.  

 

Así llega la propuesta de Morales y de otros mandatarios, que plantean la necesidad de que los planes puedan convivir al menos un tiempo con el trabajo formal, hasta tanto se registre un aumento de los salarios reales.

 

Por otra parte, aparece el rol de las organizaciones sociales. Los planes Potenciar están en mano de unidades de gestión que están bajo el manejo de movimientos sociales, municipios o provincias, que certifican el cumplimiento de la contraprestación por parte del trabajador o trabajadora que accede al cobro del programa. Quienes son titulares del plan Potenciar pueden, eventualmente, pedir el cambio de unidad de gestión.

 

La solicitud se hace vía online, pero el cambio no es automático. Es el Ministerio de Desarrollo el organismo encargado de avalar el cambio de unidad. Según datos del área que maneja Zabaleta, hasta el 1 de junio se recibieron 176 mil pedidos de cambio de unidad de gestión de planes Potenciar, sobre un total de 1,2 millones. De ese total, ya se resolvió el 30%, unos 60 mil. 

 

En casi el 70% de los casos, el pedido tuvo como motivo un cambio en la unidad ejecutora relacionado con el rubro. Es decir, personas que buscan cambiar el oficio para el cual están registradas. En 14 mil casos, fue por mudanza. El otro 25%, se engloba en otros motivos. Un 15% manifestó "situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aporte, amenazas de baja y obligación de ir a marchas o movilizaciones". En total, incluye a unos siete mil titulares de planes.

 

En ese contexto, los gobernadores piden “eliminar a los intermediarios” y que trabajadores y trabajadoras reporten directamente al Estado y manejen directamente sus altas y bajas. Gobernadores e intendentes oficialistas y opositores suelen coincidir entre los motivos que esgrimen: que las organizaciones sociales “arman estructuras políticas paralelas” con dinero del Estado.

 

El problema con el que chocan es claro. Las organizaciones sociales mayoritarias forman parte del gobierno del Frente de Todos y manejan una porción del Ministerio de Desarrollo. En términos políticos, fueron sostén del presidente Fernández y aportan volumen con movilización callejera y también con el trabajo en el territorio. Su trabajo fue fundamental, por ejemplo, en los barrios vulnerables en el peor momento de la pandemia y sigue siendo importante en plena crisis inflacionaria.

 

Por lo pronto, el Gobierno ya dejó algunas definiciones. Pese a las reiteradas protestas, Zabaleta dijo en reiteradas oportunidades que "no habrá más altas" de planes sociales. Por su parte, el Presidente atendió los reclamos del territorio y decidió, por ahora, no avanzar en la creación del ministerio de la economía popular que pedían las organizaciones.