LA CAÍDA DEL GIGANTE

Vicentin resiste la remake de expropiación que propone Fernández

El Presidente volvió a insistir con intervenir la cerealera luego de que la Corte santafesina frenara el concurso que estaba listo. Discurso K. Volver a 2020.

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Cuando todo parecía haber sucedido en la causa Vicentin luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe suspendiera el concurso preventivo a diez días de un probable acuerdo, la novela volvió a tener ribetes de ficción. En ese panorama sombrío para la cerealera, el presidente Alberto Fernández vio sangre y retomó la idea de intervenir la empresa y convertirla en una firma testigo para ordenar el mercado de granos. La misma idea, a través de una expropiación, propuso a mediados de 2020, pero terminó frustrada luego de que se generara un fuerte ruido político para su gestión.

 

Este fin de semana, Fernández dijo en una entrevista con Página/12 que luego de la medida firmada por el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, “hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo”. "Creo que ahora en Vicentin se abre un nuevo escenario, que en 2020 no teníamos, y se da la posibilidad de una intervención que en aquel momento descarté", sostuvo. Si bien descartó un nuevo intento de expropiación, habló de la posible figura del cramdown, un salvataje de los propios acreedores para operar la firma que algunos de los damnificados proponían antes de cerrar un acuerdo con la cerealera. 

 

Desde la concursada emitieron un comunicado con varias definiciones sin mencionar directamente al Presidente. “Vicentin no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que Vicentin es tan solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15% del sector”.

 

El exministro Kulfas, el Presidente, y la senadora Fernández Sagasti en el anuncio de expropiación

Incluso agregaron que “todas las explicaciones relativas a un hipotético cramdown -imposibilitado por el apoyo mayoritario de los acreedores a la propuesta- sólo llevan a confusión a la audiencia no especializada, puesto que ninguna de ellas explica cómo se va a financiar la actividad de Vicentin, de dónde saldrán los 300 millones de dólares de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores -todos, no solamente los granarios- y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos durante una aventura sin conducción ni capacidad financiera”.

 

La cerealera parte de la base que “el proceso concursal ha discurrido, más allá de las dificultades propias de la envergadura e impacto de dicho proceso, de manera transparente” y con “posibilidades concretas de alcanzar la declaración de “Existencia de Acuerdo”. A su vez aguarda "con expectativa la reanudación de los plazos procesales" con el fin de terminar la acreditación de las conformidades requeridas por la ley concursal. 

 

Fue en junio de 2020, a seis meses del default por 1.500 millones de dólares de la cerealera, que Fernández en conferencia de prensa anunció un proyecto para intervenir y luego expropiar la empresa. Eran momentos en que el Presidente gozaba de una imagen altísima por el manejo de los primeros dos meses de la pandemia. La reacción de algunos sectores sociales, más una politización inmediata, generaron el primer paso en falso del Presidente que terminó dando marcha atrás, y encargándole a Omar Perotti un plan más racional, aunque con intervención por medio. 

 

Después de muchos tires y aflojes, nada tuvo éxito y se continuó con el proceso concursal que se encaminó en marzo pasado, con una segunda propuesta sobre la mesa de la firma con el ingreso de socios estratégicos, que llegó a lograr una casi segura aceptación de la mayoría de los acreedores. El último día de junio termina el lapso para lograr las voluntades y que el juez homologue o no el mismo. Sin embargo, la decisión de la Corte frenó los tiempos concursales. La idea de Fernández le suma un nuevo componente político a la interminable novela.

 

Pullaro, el ministro Cococcioni y la secretaria de Asuntos Penitenciarios. Con más de 1.800 celulares incautados en requisas en las unidades penitenciarias santafesinas.   
El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona e Ignacio Yacobucci, nuevo titular de la UIF.

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