24|6|2022

Salario Universal: Cristina presiona, pero a Guzmán no le cierran los números

Con un costo fiscal del 1% del PBI, el kirchnerismo busca financiarlo con el recorte de subsidios a la energía y transporte. Para la Casa Rosada, es inviable.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le metió presión al presidente Alberto Fernández para que el gobierno impulse la creación de un Salario Básico Universal (SUB), una herramienta con la que pretende esquivar la indigencia, achicar los márgenes de pobreza e incentivar el empleo privado, pero que a la par podría convertirse en un as de espadas, con vista de recuperar la iniciativa económica que le permita al oficialismo tener una oferta competitiva para las elecciones del año próximo. Para el plan, ideado por los economistas de La Cámpora y las organizaciones sociales encabezadas por Juan Grabois, hicieron números y concluyeron que el costo fiscal inicial de 2,1% del Producto Bruto Interno (PBI) podría ser menor y tener una base del 0,7%, y se financiaría con el redireccionamiento de los subsidios a la energía, reducidos por la segmentación impulsada por el Gobierno.

 

El programa kirchnerista, no obstante, chocaría contra el mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI), que reclamó en el acuerdo firmado entre la gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, la reducción del déficit fiscal, lo que implicaría un incumplimiento en las metas de revisión trimestral. Según el proyecto K, el beneficio apuntará a una población de "personas de bajos ingresos que se encuentren sin ocupación plena, se desempeñen como cuentapropistas o en la economía informal", lo que contempla a "desocupados, informales, monotributistas sociales, trabajadores y trabajadoras agrarios y de casas particulares", que cobrarán un equivalente a una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que el pasado abril era de 13.763 pesos.

 

En tanto, según el texto que presentó en sociedad el diputado del FpV Itai Hagman, cobrarán el 50% del SBU aquellos que sean monotributistas de la categoría A y asalariados registrados cuyos ingresos brutos no superen el límite de 38.850 mensuales en 2022. El techo del concepto universal será para "quienes perciban rentas del suelo o de capitales (primera y segunda categoría del Impuesto a las Ganancias)". Mientras que "los trabajadores temporarios, o permanentes de prestación discontinua (Ley Nº 26.727), cuyo ingreso bruto anual no supere el límite de la categoría A del monotributo, continuarán percibiendo el SBU mientras dure la relación laboral".

 

Mientras e Instituto Patria movilizó voceros y dirigentes de diferentes estamentos para defender la creación del Salario Universal, la Casa Rosada descartó la posibilidad de abocarse al estudio de la idea en este momento. “Ya hay una política de ingreso universal, que toma en cuenta la cantidad de hijos, que es la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, apuntaron fuentes cercanas al Presidente.

 

Desde el Palacio de Hacienda, que comanda Martín Guzmán, evitaron los comentarios ante las consultas de Letra P. Aunque en la primera plana del Gobierno hay quienes entienden que este sería el momento propicio para adoptar una política universal, se sabe que las cuentas no cierran.  Entre los funcionarios con acceso a los números finos del Estado circuló una frase de resignación: “Suena muy bien, pero no hay forma de cubrir esa cantidad de recursos. No hay PBI que lo aguante”.

 

En la defensa a la iniciativa se cuentan, entre otros, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y su antecesor, Daniel Arroyo. Desde la provincia de Buenos Aires salieron a defenderlo públicamente el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, y la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez. Ambos responden políticamente al Patria. Sin embargo, la propuesta también genera dudas y ruidos entre quienes entienden que implementar una asignación básica universal es prácticamente clausurarle a una porción de la población la posibilidad de ingresar eventualmente en el mercado laboral. Sería, según esa mirada, una suerte de rendición.

 

"Garantiza un piso mínimo de ingresos. Si una persona deja de percibir el SBU, significa que mejoró su situación económica al pasar a trabajar como asalariada, cuentapropista registrada (monotributo B o superior o régimen de Autónomos), o en la modalidad de plan de empleo con contraprestación laboral", contraatacará el kirchnerismo con un informe preliminar que preparó para dar el debate sobre la viabilidad del proyecto, y al que accedió Letra P.

 

Desde el Instituto Patria salieron al cruce del concepto de "inviable" que presenta un sector del gobierno. Según el camporismo, el costo fiscal bruto anual para el pago mensual de 7,5 millones de beneficiarios sería de 2,1% del PBI. Pero, contraargumentan, el costo fiscal neto anual se reduce al 1% del PBI, porque "se resta el gasto actualmente afrontado por programas que serían total o parcialmente absorbidos por el SBU", como el caso de la Tarjeta Alimentar. Y si a esa cuenta se le reduce "el retorno fiscal" generado por el propio SBU, a partir de una mayor recaudación por inyección de demanda a partir del consumo dinamizado por los nuevos ingresos, el costo neto a financiar terminaría siendo de 0,7% del PBI.

 

¿Cuáles serían las bocas de financiamiento que propone el cristinismo? Por un lado, a través del ahorro logrado a partir de la reasignación del 20% del recorte de los subsidios a la energía, vía el esquema de segmentación y la quita al sistema de transporte, que cubriría el 0,58% de los fondos líquidos necesarios; y, por otro lado, la "reasignación de otras partidas" o el aumento del déficit fiscal.