12|8|2022

Impulsan en Diputados un registro nacional de deudores alimentarios

30 de junio de 2022

30 de junio de 2022

Buscan identificar a quienes no pagan la cuota alimentaria, a partir de un informe que marca que en Buenos Aires casi el 70% incumple con esa obligación.

Integrantes de distintos bloques de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto para crear el Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (ReUDAM). La propuesta adquiere mayor dimensión a la luz del informe que dio a conocer este miércoles el Ministerio de las Mujeres bonaerense, según el cual el 66,5% de los padres de esa provincia no cumplen con la obligación alimentaria.

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La iniciativa de orden nacional apunta a la creación de una base de datos “dinámica” que incluya a quienes tengan “una mora de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas o intimación judicial”. El objetivo de la propuesta, que promueve la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau, es brindar una solución a un problema generado por quienes “incumplieron una resolución judicial o un convenio homologado judicialmente de prestar alimentos a hijos o familiares”.

 

“Cada vez son más los obligados al pago de la cuota alimentaria que buscan eludirla causando un grave daño a sus hijos, buscamos disminuir estas situaciones”, explicó la autora del proyecto.

 

En caso de que la norma en análisis obtenga el respaldo del cuerpo, las personas que se encuentren en el ReUDAM verán impedido el acceso a una serie de acciones y trámites, entre las cuales se cuentan la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de la propiedad inmueble, la solicitud o renovación de licencia para conducir, la expedición o renovación de pasaporte y el desempeño de cargos públicos.

 

La identificación a través del registro en cuestión y los resultados en este sentido podrán resolver, según estiman, "una problemática de trascendental importancia en las familias” ya que el incumplimiento de la obligación alimentaria afecta en particular a las mujeres “en su posibilidad de ejercer una vida autónoma, dado que en ellas cae toda la responsabilidad física y económica”.

 

En consonancia, el reporte "Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género", revela que “casi el 70% de los padres bonaerenses separados no cumple con la obligación alimentaria a sus hijas o hijos o sólo lo hace eventualmente”. El dato se traduce en “una violencia económica hacia las mujeres que atraviesa todas las clases sociales” y que se condice con uno de los fundamentos del proyecto de Moreau. De hecho, a nivel provincial ya existe el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Buenos Aires (RDAM); sin embargo, quienes respondieron la encuesta indicaron los efectos que provoca la inscripción no son suficientes para obligar al pago, más allá de que el 69,4% de las mujeres que participó del estudio, desconoce su existencia.

 

Ese informe oficial, realizado en base a una encuesta que respondieron 6.442 mujeres de los 135 municipios de la provincia, es el primer diagnóstico sobre incumplimiento de las obligaciones parentales en ese territorio. De allí, entre los datos más destacables, se desprende que "más de la mitad de las encuestadas (51,2%) no percibe ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas o hijos". 

En tanto, dentro del grupo de encuestadas que indicaron que el progenitor aporta dinero (41,2%), "un 24,9% menciona que este lo realiza de manera regular y un 15,3% de manera irregular". Es decir, más de la mitad de las personas que respondió el cuestionario (66,5%) no recibe obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente. 

 

El análisis demostró que la ausencia de los progenitores varones en las responsabilidades de cuidado es transversal a los distintos sectores sociales. "No obstante, impacta con mayor dureza a los hogares monomarentales de los sectores populares, produciendo efectos negativos en las condiciones de vida y la salud de las mujeres", señaló Estela Díaz, ministra de las Mujeres de Buenos Aires. 

 

El documento contiene, además del diagnóstico, más de 30 recomendaciones para todos los poderes del Estado y promueve la revisión de prácticas sociales y comunicacionales.