MAR DEL PLATA

Montenegro implementa las fotomultas con rechazo unánime y sospechas de negociado

Sin licitar, el intendente PRO dio luz verde a un sistema de recaudación multimillonaria. Furia en los tres bloques opositores. Qué dice el oficialismo.

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Sin contar con el aval del Concejo Deliberante, el intendente macrista de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, usó su lapicera para disponer la puesta en marcha en el distrito un sistema de recaudación multimillonario: las fotomultas. Esa decisión lo pone en el ojo de la tormenta al reunir el rechazo unánime de los tres bloques opositores en el recinto deliberativo local, los cuales no descartan planteos judiciales ante una determinación del jefe comunal que les genera sospechas.

 

A comienzos de año, la administración municipal PRO giró al Concejo el expediente que contenía el convenio con la Universidad de San Martín (UNSAM) para la instauración de este sistema. La polémica afloró desde el minuto uno, ya que la oposición denunció que “se arrancó una hoja del expediente” para que el convenio no pasara por la comisión de educación, donde el oficialismo está en minoría.

 

Asimismo, la oposición dio cuenta de una serie de aspectos que ponían en duda la transparencia del convenio y que iban desde la elección de una universidad que no es la marplatense, pasando por la empresa privada que está detrás de ese convenio, hasta el porcentaje de recaudación que se quedaría en las arcas municipales, el cual alertaban que era mucho menor del que figuraba en el contrato que el mismo Ejecutivo de Montenegro decidió finalizar unilateralmente en julio de 2021 con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

 

Frente a las objeciones persistentes de las bancadas del Frente de Todos (FdT), Acción Marplatense (AM) y del concejal de CREAR Alejandro Carrancio, quienes reclamaban llamado a licitación pública para el otorgamiento de un servicio que –según algunos cálculos de la oposición– puede generar cerca de $60 mil millones de recaudación, Montenegro optó por el carril del decreto para validar el convenio con la UNSAM.

 

Voces cercanas a la comuna amarilla aseguran a Letra P que la decisión del intendente se encuentra dentro del marco de legalidad a partir de la modificación que, en diciembre pasado y con el presupuesto 2022, la Legislatura bonaerense hizo de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), excluyendo de la necesidad de convalidación de los concejos deliberantes a los convenios con organismos públicos (en los que encuadran a la UNSAM).

 

Pero en la oposición refutan ese argumento: “No tiene asidero ese planteo. Lo que habilita la modificación de la LOM es que contraten con dependencias nacionales, puede ser una universidad, pero sobre una materia propia de la institución. ¿Alguien sabe dónde está la planta de la Universidad de San Martín donde fabrican las cámaras de fotomultas? No existe, la UNSAM no se dedica a eso. Entonces, lo que está haciendo el Municipio es un convenio con una universidad que, a su vez, elige a quien quiera para comprar las cámaras. Lo que están haciendo es evitar la licitación”, aseveró a Letra P el concejal Horacio Taccone (AM).

 

En esa línea, fue también el concejal Vito Amalfitano (FdT): “Quedó claro que el proyecto tenía muchas cosas turbias, falta de transparencia, porque no se llamaba a licitación pública, era un convenio unilateral con una universidad que no era la de Mar del Plata y con una empresa privada en el medio con antecedentes oscuros”.

 

Según detalló en el recinto del deliberativo el concejal Alejandro Carrancio, la empresa apuntada como proveedora de las cámaras es Secutrans.

 

Sin mencionar empresa alguna, Montenegro se enfoca en el convenio y promete “que el 100% de lo recaudado sea destinado a políticas de seguridad vial, educación vial e infraestructura vial”. Amalfitano retruca esa promesa: “De 10 pesos de los marplatenses que se recaudan, 7 se van afuera”. E insistió: “No se abrió una licitación pública, es absolutamente unilateral, falto de transparencia y de dudosa legalidad”. Ante eso, el edil del FdT sostuvo: “Nos reservamos la posibilidad de distintos tipos de recursos. Esto de decidir a espaldas de vecinos y vecinas es una falta de concepción ética de la política. Y es falto de legitimidad. No anunciamos nada por ahora pero no descartamos nada, lo estamos estudiando con nuestros asesores legales”.

 

Para Taccone, el municipio hizo “las cosas al revés”. “Si realmente lo que buscan es resolver la siniestralidad vial, tendrían que haber hecho un plan que consiste en una fuerte educación vial en escuelas y medios y, a la par, demarcación horizontal en las esquinas para visibilizar los cruces y, al final, utilización de la tecnología como fotomultas, pero por los carriles normales, que es una licitación pública”.

 

Así dadas las cosas, el concejal de AM aseguró: “No se puede proteger vidas incumpliendo la ley”, por lo que aseguró que están “analizando” recurrir a algún tipo de acción contra el decreto. “Esto es muy reciente, pero claramente ha equivocado el camino este gobierno”, sentenció el concejal para cerrar con una pregunta: “¿Van a transformar las universidades en simples intermediarios comerciales entre el municipio y lo que tenga que comprar el municipio? Se están equivocando muy fuerte”.

 

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