Urge un salario básico universal

La realidad de muchas familias trabajadoras hoy es angustiante. La plata no alcanza, las deudas se acrecientan y la incertidumbre es cada vez mayor, porque la inflación es una carrera donde la línea de llegada la corren cada cinco minutos. Tener un trabajo registrado, en relación de dependencia, no asegura quedar por encima de la línea de pobreza. En Argentina, miles de trabajadores en blanco son pobres. Trabajan, pero no llegan a fin de mes. Miles de laburantes se las rebuscan con uno, dos y hasta tres trabajos para llegar a fin de mes. Si esa es la realidad de quienes tienen convenio colectivo de trabajo, imagínense la de millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que no lo tienen. 

 

Uno de los problemas urgentes que se siente cotidianamente en los barrios es el aumento en los precios. Si bien muchas familias reciben alguna canasta de alimentos básicos en las escuelas, otros alimentos se transformaron directamente en lujos inalcanzables, como la carne. No es casualidad la caída récord del consumo de carne que atravesamos. Si lo trasladamos, a la vez, a lo que se vive en el conurbano, nuestros pibes y nuestras pibas tienen una dieta a base de harinas (porque son los alimentos más baratos) que contribuye activamente a la malnutrición y que se deriva en el desarrollo de distintas enfermedades graves, como la diabetes. Hay que hacer malabares para llegar a fin de mes. Esa incertidumbre, que genera angustia cotidiana y afecta siempre a los más humildes, se traslada a los números. 

 

Los datos del INDEC muestran que el costo de la Canasta Básica Total, que mide la línea de pobreza, se disparó 6,2% en abril, por encima de la inflación general, por lo que una familia de dos adultos y dos niños necesitó $95.260,37 para no ser considerada pobre. En el caso de los sectores populares, el aumento fue mayor: la Canasta Básica Alimentaria, que determina la línea de indigencia, fue de 6,7% en abril, por lo que una familia necesitó $42.526,96 para no ser indigente.

 

Ahora bien, las más de 17 millones de personas pobres y los más de 5 millones de indigentes que tiene Argentina hoy, no son números en una planilla de Excel, son personas que todos los días se las rebuscan para sobrevivir, para trabajar, para tratar de sobrevivir en un país donde el Estado se muestra débil con los poderosos y duro con los más desprotegidos y donde no se ven en el horizonte cuáles van a ser las medidas para dar respuesta a la deuda interna. 

 

Nosotros venimos planteando que hay una deuda interna y que tiene que haber una respuesta urgente. Hoy 1 de cada 10 personas es indigente. ¿Cuándo se volvió natural esto? ¿Cuándo dejamos de indignarnos como sociedad ante tanta injusticia?

 

Una de las urgencias es garantizar un salario básico universal, que tiene un objetivo tan sencillo, tan necesario, tan urgente como terminar con la indigencia en Argentina. Los ocho millones de personas que solicitaron el IFE durante la pandemia y quienes volvieron a pedirlo este último mes con el llamado refuerzo de ingresos pone sobre la mesa una realidad que muchos se niegan a reconocer: hay al menos 8 millones de compatriotas que están desprotegidos en términos de ingresos. No se los puede esconder debajo de la alfombra, hay que darles respuestas que no sean intermitentes ni parches y que garanticen un nivel de certidumbre para los y las de abajo. ¿O acaso en Argentina los únicos que precisan certezas son los empresarios y los directivos del Fondo Monetario Internacional? 

 

En Argentina se pone mucho el acento en los programas sociales y en la intermediación o el rol de las organizaciones sociales. Evidentemente, es mejor discutir sobre el millón de persona que perciben un Salario Social Complementario por el trabajo que realizan que de los 8 millones que están desprotegidas. Nosotros como trabajadores y trabajadoras de la economía popular trabajamos dentro de una unidad productiva y conquistamos un piso de derechos dentro de la economía popular organizada. Ahora bien, hay 7 millones que no lo tienen. El problema no somos las organizaciones sociales, es la pobreza y la distribución injusta y desigual de la torta. Por eso proponemos una política universal: que llegue a todos y todas de manera directa y garantice un derecho que permita a millones salir de la situación de indigencia. 

 

Frente a la deuda externa, frente a las revisiones trimestrales que va a hacer el FMI para condicionar la política económica nacional, nosotros y nosotras creemos que hay que visibilizar la deuda interna y plantear, de la misma manera que se hizo con el Fondo, quién la va a pagar, en cuánto tiempo y de qué manera. 

 

Vivimos una brutal catástrofe económica en la que está sumida gran parte del pueblo y hay millones de personas excluidas que hacen lo imposible día a día para sobrevivir. Hay una urgencia que son los ingresos, la comida, la necesidad de poder sostener la diaria. Pero, además, hay deudas más profundas y estructurales. En pleno siglo XXI hay más de 5 millones de personas que viven en barrios populares sin acceso a servicios básicos y el déficit habitacional supera las 3,5 millones de viviendas; hay una deuda con la educación y las posibilidades de que las próximas generaciones puedan construir un futuro más digno, hay una deuda con las mujeres y las disidencias que se evidencia en la  feminización de la pobreza donde las desigualdades económicas y laborales se profundizan, hay una deuda con las comunidades campesinas y los pueblos originarios que son despojados de sus tierras… en fin, hay una deuda interna que requiere políticas concretas y certezas sobre el acceso a la tierra, al techo, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación que hoy nadie pone en la agenda. 

 

Desde la UTEP, desde el sindicato de los y las trabajadoras de la economía popular, planteamos a través de distintas actividades la necesidad de que se debatan los distintos proyectos que promueve la Ley General de Tierra Techo y Trabajo. Porque somos conscientes de que esta es la agenda que hay que poner sobre la mesa para que se resuelvan cuestiones urgentes y para que los últimos de la fila no seamos de nuevo la variable de ajuste. Sería bueno que, al menos por una vez, la variable de ajuste sean las ganancias millonarias de los grandes empresarios.

 

Alex Wahnish, el rabino de Javier Milei. 
Pullaro, el ministro Cococcioni y la secretaria de Asuntos Penitenciarios. Con más de 1.800 celulares incautados en requisas en las unidades penitenciarias santafesinas.   

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