05|8|2022

La creciente heterogeneidad interna del sistema económico argentino, sumado a su alta inestabilidad y persistente estancamiento promedio (en uno de los extremos, una parte de la economía se expande y en el otro, otra parte se deprime) tiene asociados -a manera de síntoma endémico- niveles elevados de pobreza monetaria, carencias crónicas y desigualdades sociales. En este contexto, se reproduce de manera ampliada un núcleo duro de población “excedente” –“masa marginal” en términos de José Nun o población de “descarte”, en términos del Papa Francisco–, altamente vulnerable a las crisis económicas, y a la vez, muy poco resilientes a los ciclos de recuperación. En ambos casos, es una población potencialmente “disfuncional” a la estabilidad política y la paz social de cualquier sistema débil en sus capacidades de integración social.

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La heterogeneidad estructural de nuestro sistema económico es la que explica la existencia, por un lado, de apenas 12 millones de trabajadores ocupados en la llamada economía formal (3 millones empleados en el sector público), y en el otro extremo, más de 8 millones de trabajadores informales (casi 4 millones de ellos, ocupados en trabajos de alta marginalidad o en la llamada economía social). Es por ello que, en lo que va del siglo XXI, la sociedad urbana argentina nunca pudo alcanzar niveles de pobreza crónica por debajo del 30%, y que esta situación, en el contexto de una región como es el Conurbano Bonaerense -en donde se acumulan diferentes capas de excluidos- la pobreza estructural ronde el 40%.

 

Difícilmente el tercio de trabajadores que participan de la economía informal acceda a un empleo formal. No sólo porque no hay suficiente demanda agregada de empleo desde los sectores más dinámicos para su inclusión, sino también porque no cuentan con las calificaciones que requieren las empresas que podrían generar esos empleos. De ahí que la mejor opción de supervivencia para la mayor parte de estos trabajadores sea constituirse en una fuerza de trabajo barato dentro de la economía informal de la pobreza (servicios personales informales, recolectores de residuos, recicladores manuales, vendedores ambulantes, comerciantes de barrio, socios de cooperativas, etc.). 

 

Los diversos trabajos cooperativos que realizan una parte importante del millón trescientos mil beneficiarios de Potenciar Trabajo (asistencia a comedores, servicios de cuidado, huertas comunitarias, fábricas recuperadas, actividades comunitarias), así como las organizaciones que tienen a su cargo su gerenciamiento y representación, conforman también parte activa de esta economía social de supervivencia. En su conjunto, el Estado subsidia la reproducción de este sistema a través de los más de 3,5 millones de hogares con AUH, pensiones no contributivas y transferencias alimentarias (en total más de cuatro millones si se considera su intersección con los hogares beneficiarios de programas de empleo). 

 

Sin estas transferencias, la tasa de indigencia se triplicaría del 7% actual a un 20%; mientras que la tasa de pobreza no cambiaría mucho, pero sin duda superaría el 40%. En el Conurbano Bonaerense esto sería aún más grave: la actual tasa de indigencia, que supera el 10%, llegaría al 30%; mientras que la pobreza, actualmente cercana al 42%, llegaría fácilmente al 50%. Fuera de las opciones de subsistencia que crean la economía informal y los programas sociales, el escenario es todavía mucho más problemático tanto a nivel personal como sistémico: trabajos extralegales, narcotráfico, explotación familiar, trabajos esclavos, desaliento forzado o indigencia extrema, situaciones que están cada vez más presentes en el escenario de la marginalidad económica urbana. En este contexto, la economía social y los programas de asistencia podrían ser un mal menor frente a una economía empobrecida y un Estado ausente. Sin embargo, también es claro que los programas, lejos de constituirse en un instrumento de integración social y una transición a un trabajo pleno, fluyen como mecanismos de control social y manipulación política frente al potencial desborde que implica para la sociedad argentina tener más de 16 millones de pobres urbanos, entre ellos 5 millones de indigentes. 

 

La causa de fondo del problema es la reproducción constante de un sistema económico desarticulado, con altos desequilibrios e inestabilidades macroeconómicas que, sin impedir el progreso de sectores dinámicos, hunde en la marginalidad estructural a amplios sectores de la economía informal. Salir del problema en clave de lograr una estructura social más integrada e incluyente exige salir de esta trampa que genera la pobreza. No sólo depende -aunque es condición necesaria- del nivel de crecimiento, sino también del modo equilibrado en que se promueve ese crecimiento y de la manera en que se distribuyen los excedentes. Desafíos frente a los que, más que demandar más Estado, corresponde exigir un mejor Estado promotor del desarrollo con mayor equidad social.