Es frecuente en estos tiempos leer en columnas de diarios o programas de análisis político que definen esta etapa post pandemia como un “nuevo 2001”. Es posible desmontar esa analogía rápidamente con algunos datos: el incremento de la pobreza y el desempleo en 2001 fueron mucho más dramáticos que en la actualidad y, por otro lado, las políticas de contención social de aquel entonces eran exiguas en comparación con el conjunto de dispositivos actuales.
Por las reformulaciones realizadas en la metodología de medición del INDEC -los datos oficiales entre 2007 y 2013 no se consideran porque fueron manipulados-, para poder comparar los niveles de pobreza utilizamos la serie de tiempo publicada en 2019 por CIPPEC, junto a PNUD y CEDLAS y los datos 2019-2021 del INDEC.
En los primeros años 2000 la línea de pobreza estaba en torno al 45,6%. Con el estallido de la crisis, se disparó hasta un nivel inédito en la historia argentina y a fines de 2002 llegó al 65,5%. Con la salida de la crisis, comenzó un descenso marcado que se sostiene relativamente estable en un 30%.
Así estaban los números cuando llegó la pandemia. Recién con la crisis generada por el ASPO los niveles se dispararon hasta un máximo de 42% a nivel nacional y un dramático 51% en el Gran Buenos Aires. Con la apertura de la economía, hoy puede observarse un descenso hasta el 37,3% y 42.3% respectivamente. Es remarcable que el nivel de pobreza alcanzado por el aislamiento es marcadamente inferior al del período anterior.
Además, esto se dio en el marco de un escenario extraordinario de pandemia mundial en el que la asistencia económica del Estado también tuvo un carácter extraordinario. Esto muestra que, en el momento de mayor gravedad de la crisis por la pandemia, la pobreza era inferior al punto de partida de la crisis del 2001.
Respecto del desempleo, la diferencia entre ambos períodos se vuelve más notoria. Al igual que con la medición de pobreza, para poder realizar una comparación genuina, utilizaremos la serie de tiempo de desempleo que construyó CEDLAS.
La crisis de 2001 alcanzó un pico máximo de 21,5% en su punto más crítico a nivel país, mientras que para el conurbano bonaerense fue aún peor: llegó al 23%. Por otra parte, la crisis de la pandemia por el coronavirus disparó la tasa de desempleo al 13% y 14% respectivamente. Sin embargo, con la flexibilización de medidas de aislamiento y la reactivación económica, la desocupación volvió a los niveles prepandemia, similares a los de 2017.
El Estado, clave
Hay un factor clave que diferencia este período con 2001: el rol del Estado y su capacidad para desplegar diversos instrumentos de protección para los sectores desfavorecidos a través de programas de transferencia de ingresos. La comparación entre las políticas de cobertura social en ambos momentos históricos sugiere cambios significativos de paradigmas de intervención.
Un análisis de la historia de las políticas públicas de empleo en la Argentina realizado por el investigador del Conicet Julio Neffa señala que los programas de empleo surgieron como una herramienta de contención social de corto plazo a través de transferencias de dinero. A principios de 2000 había dos grandes planes de empleo: el Programa de Emergencia Laboral (PEL) y el Programa Trabajar. En ambos, el beneficiario tenía que prestar una contraprestación para algún organismo estatal u ONG. El alcance de estos programas no superaba las 200 mil personas al año y las transferencias a la población eran bajas. A medida que la crisis se agudizaba, los fondos para financiar estos programas se contrajeron, con lo que se agravaba aún más la situación. Con el estallido de 2001, la inestabilidad política, social y económica llegó al máximo punto.
El plan Jefes y Jefas de Hogar fue creado en el año 2002 tras el colapso del régimen de convertibilidad. Consistía en un beneficio de 150 pesos para jefes y jefas de hogar desocupados. Los beneficiarios tenían una contraprestación laboral en instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil. Llegó a 2 millones de personas y fue el programa más grande de toda Latinoamérica para esos años. La implementación de este plan fue la primera experiencia de una política social que incorporó de manera masiva un derecho de carácter transitorio y resultó clave para la salida de la crisis. Además, fue la piedra angular que sentó las bases de una red estatal de contención de los sectores menos favorecidos.
Hoy el Estado despliega una serie de dispositivos para la protección de la población más vulnerable. Dentro de los programas de transferencia condicionada, la Asignación Universal por Hijo (AUH) cubre, según datos de la ANSES, a más de 4,3 millones de niños y niñas. Por otra parte, según datos de la CEPAL, los programas de pensiones no contributivas para adultos mayores de 70 años, mujeres con 7 o más hijos o personas con discapacidad alcanzan a 2 millones de personas. Por último, los programas de inclusión laboral y productiva apuntan a diversas problemáticas de la población vulnerable. Entre estos, el más importante es el Potenciar Trabajo, que alcanza a 1,3 millones de personas a nivel nacional y 400 mil en el Conurbano. El IFE fue una transferencia coyuntural que se dio en uno de los momentos más crudos de la pandemia y alcanzó a 8,3 millones de personas en todo el país y casi 2 millones en el Conurbano.
Hay que señalar que los ingresos reales de las familias hoy se ven reducidos y amenazados por la situación inflacionaria, algo que no ocurría en 2001. Pero de todas formas esa cuenta no llega a hacer comparables las crisis. Por otra parte, la incidencia de la AUH para los menores de 18 años, la cobertura casi universal de la jubilación para los adultos mayores y las transferencias a las personas en edad activa (IFE, Potenciar Trabajo, Progresar) hacen la diferencia.
Sin negar la gravedad de la crisis actual, hay que asumir que es una situación diferente, y por ello también las soluciones no pueden ser las mismas que permitieron superar las crisis del pasado.
