19|11|2022

El ministro de Seguridad de Scharetti, en la cuerda floja

15 de julio de 2022

15 de julio de 2022

Un joven murió en La Falda luego de ser agredido durante un operativo. La oposición exige la renuncia de Mosquera y agita un tema que crece en la agenda. 

CÓRDOBA (Corresponsalía) En medio de un nuevo caso de violencia institucional que sacude al gobierno de Córdoba, el radicalismo mediterráneo pidió este viernes la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera, cuya gestión enfrenta una nueva denuncia por tras la muerte de Jonatan Romo, cuyo deceso se habría producido por asfixia durante un procedimiento policial en localidad de La Falda.

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"Una vez más queda en evidencia que la provincia carece de una política de seguridad. Los responsables políticos deben renunciar. El ministro de Seguridad demostró incapacidad. Los cordobeses estamos inseguros y tenemos miedo por lo que nos pueda pasar", expresó el presidente del comité provincial de la UCR, Marcos Carasso, en referencia al caso por el que ya hay detenidos seis policías.

 

La muerte de Romo vuelve a poner la política de seguridad provincial en el ojo de la tormenta, y hasta el propio gobernador Juan Schiaretti se manifestó públicamente poniendo “a disposición todos los recursos necesarios para que se determinen culpables y responsables del caso y caiga todo el peso de la ley sobre los mismos”.

 

Además de las detenciones, la cartera de Seguridad removió de sus cargos al director de la Departamental Punilla Norte, Diego Alejandro Bracamonte; el director general de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, Julio César Faría, y al director de Entrenamiento Profesional Permanente, Marcos Germán Manrique. Vale señalar que, solo en 2022, diferentes casos que tuvieron como protagonistas a efectivos policiales empujaron a otras cuatro purgas internas en Colón, Punilla, Cruz del Eje y Morteros.  

 

Según el abogado de la familia de Romo, Luis Galli, el joven de 36 años fue víctima de una “muerte violenta” producto de haber sido agredido en momentos en que estaba bajo un cuadro psicótico. El propio Mosquera reconoció públicamente que no se aplicaron los protocolos adecuados para esos casos. “Un detenido bajo esas circunstancias no debe ser alojado en la dependencia policial, sino trasladado a un centro asistencial”, explicó el funcionario señalado por todo el arco opositor en medio de una entrevista periodística.

 

"No es la primera vez que la policía actúa de esta manera, pasó con Blas Correa y otros casos más. No alcanza con que el gobernador declare que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables. Hay que generar políticas para que estos hechos no sucedan más. Basta de marketing y cuiden a los cordobeses", dijo Carasso que, en nombre del principal partido opositor en Córdoba, pidió poner fin a la gestión de Mosquera al frente de la cartera de Seguridad provincial.