27|9|2022

Guerrieri, el juicio que expone la participación de la Iglesia en la dictadura

14 de agosto de 2022

14 de agosto de 2022

El cuarto tramo de la megacausa ventila un centro clandestino en el predio del seminario salesiano de Rosario y las visitas del arzobispo. Un excura, la clave.

"Es imposible que la Iglesia no supiera que en una parte de su predio había gente secuestrada y torturada", dice Florencia, hija de Eduardo Garat, quien estuvo cautivo en el centro clandestino que el Ejército montó en una parte del predio del seminario salesiano Ceferino Namuncurá, en las afueras de Rosario. Según pudo reconstruir su familia, allí fue torturado y murió. Sus restos nunca se encontraron y permanece desaparecido. Ahora, su caso, llega por primera vez a juicio en la cuarta etapa de la megacausa Guerrieri.

desPertar

Un análisis útil para enfrentar
una realidad desafiante

Recibilo todas las mañanas en tu mail

desPertar

Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante

Recibilo todas las mañanas en tu mail

 

Florencia Garat, su hermano Santiago, su hermana Julieta y la mamá de los tres, Elsa Martín, serán testigos y querellantes en el debate que comenzó hace dos semanas en los Tribunales Federales de Rosario, con 17 militares, policías federales, provinciales y exagentes de inteligencia acusados. 

 

El camino hasta llegar a las puertas de un momento que esperaron “demasiado tiempo” está por llegar a su meta, y la sensación que experimenta Florencia es contradictoria. “Por un lado es un momento muy deseado, muy militado, pero también pasaron muchos años y hay cansancio. El proceso es doloroso, pasar por un juicio es doloroso; más allá de la cuestión reivindicativa y reparatoria”, dijo a Letra P.

 

Desde su militancia en H.I.J.O.S, hace más de dos décadas, Florencia participó de la reconstrucción del circuito represivo en Santa Fe y de las historias de vida de militantes que sufrieron secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos en la provincia. Incluida la de su papá, un docente de Filosofía y Comunicación, escribano, abogado defensor de presos políticos y militante de Montoneros. “Hacía varios años que ya no integraba Montoneros cuando fue secuestrado, pero seguía en contacto con compañeros y compañeras que necesitaban ayuda”, resumió la hija mayor de Garat.

 

Elsa, la mamá de Florencia, estaba embarazada de su tercera hija al momento del secuestro de Eduardo, a quien buscó denodadamente sin resultados. “Había un rumor. Santiago Mac Guire, un excura que había sido secuestrado y ‘blanqueado’ en el Batallón 121 mandó a través de su esposa un mensaje a mi mamá diciendo que había estado con mi papá en un predio de la Iglesia, que se había negado a firmar una declaración falsa y que lo habían matado. Pero cuando recuperó su libertad, lo desmintió”, relató Florencia.

 

Mac Guire –fallecido el 5 de julio de 2001– pertenecía al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. A fines de la década del 60 colgó los hábitos y se casó con María Magdalena Carey, con quien tuvo cuatro hijos. Fue secuestrado en abril de 1978, sobrevivió a la detención clandestina y la tortura, fue “blanqueado”, trasladado a diferentes cárceles del país y en 1983, finalmente liberado.

 

En 1984 denunció ante la Conadep que su lugar de cautiverio fue el predio donde funcionó el seminario salesiano Ceferino Namuncurá, que había reconocido el lugar y que luego se lo habían confirmado miembros del Batallón 121 de Comunicaciones del Ejército cuando fue trasladado tras su “blanqueo”, unos diez días después de que fue secuestrado. Tras su detención en el centro clandestino salesiano, Mac Guire fue llevado a la enfermería del batallón a raíz de las consecuencias de las torturas a las que fue sometido.

 

En la enfermería del batallón, Mac Guire dijo haber visto al entonces arzobispo de Rosario Guillermo Bolatti, al que conocía de su época de sacerdote porque lo había perseguido por su militancia en el movimiento tercermundista; y al capellán de la Jefatura de Policía de esa ciudad, Eugenio Zitelli. Ambos estuvieron bajo el radar de la Justicia por su complicidad en los crímenes de la dictadura, pero murieron impunes.

 

Por la enfermería del batallón también pasó en mayo de 1978 Roberto Pistacchia, quien había sido secuestrado unos días después de Mac Guire y mantenido cautivo junto a él y a Garat en el centro clandestino que funcionó en el predio eclesiástico. Pistacchia tardó varios años en contar lo que sufrió. “Fue después del primer juicio por Guerrieri, cuando se acercó (a un grupo de militantes de H.I.J.O.S) y contó que había estado secuestrado con Santiago Mac Guire y con mi papá; y que había hablado con mi papá y le había dicho su nombre y contado que mi mamá estaba embarazada”, recordó Florencia.

 

Mac Guire murió en 2001 sin poder testimoniar ante la Justicia, pero Pistacchia coincidió con la descripción del centro clandestinos donde estuvieron encerrados: era un lugar chico, en la ciudad de Funes y se escuchaban aviones. “Era el mismo lugar que describió Santiago”, añadió Garat.

 

El vínculo entre el genocidio y la Iglesia

El exsacerdote secuestrado lo denunció en 1984. Pistacchia lo confirmó en 2013. Recién ahora, casi 40 años después, la Justicia expondrá en un debate oral los vínculos entre la Iglesia y el terrorismo de Estado; complicidad, coautoría o participación de personas religiosas y autoridades eclesiásticas varias veces expuestas, pero que ahora se visibilizarán con un caso puntual como es la cesión de propiedades donde se perpetraron crímenes de lesa humanidad. 

 

Gabriela Durruty, abogada de la APDH en representación de la familia Mac Guire, querellante en esta cuarta etapa de la megacausa Guerrieri, sostiene que en 1979 la Iglesia "hace una especie de enroque", al ceder parte del predio del seminario Ceferino Namuncurá a la Fuerza Aérea, donde monta el Liceo Aeronáutico. 

 

“Es la primera vez que va a hablarse de esto en un juicio oral, algo que es muy importante” para comprender la red de responsabilidades en el genocidio de la última dictadura, asegura Julia Giordano, también abogada querellante de la APDH en el juicio. Si bien “se sabe que los acusados que están vivos no van a hablar y los responsables eclesiásticos están muertos”, algo que a priori cierra las puertas para saber cómo fue que la Iglesia cedió ese predio para que funcione un centro clandestino, cuanto menos, confía, “su existencia quedará probada”. 

 

"Los juicios a lo largo y ancho del país nos permitieron establecer que la Iglesia no fue partícipe de los crímenes de lesa humanidad, sino responsable directa, las jerarquías eclesiásticas fueron autoras y ejecutoras. Conocían el plan sistemático, lo aprobaron y apoyaron. Esta es una prueba más: Bolatti decidía sobre la vida y la muerte de personas secuestradas por el Batallón 121 del Ejército", enfatiza Durruty.