11|11|2022

El ajuste tarifario suma escollos entre parches y amenazas por la vía judicial

20 de agosto de 2022

20 de agosto de 2022

Al impacto social, la redistribución de subsidios le suma quejas de consorcios y comercios, reclamos provinciales y cuestionamientos formales. La cuña macrista.

Como si fueran bomberos que vuelven al lugar de un incendio a apagar los focos ígneos que quedaron sin desactivar, el equipo de la Secretaría de Energía piloteado por la salteña Flavia Royón salió a tratar de aclarar y atemperar, en parte, los alcances de los ajustes tarifarios definidos para los servicios de energía eléctrica y gas. Adelantado a grandes rasgos y sin mayores detalles a principios de agosto por la nueva figura estelar del Gobierno, Sergio Massala presentación oficial del nuevo esquema de segmentación tarifaria y quita de subsidios dejó numerosas dudas e interrogantes sobre las formas y los tiempos de aplicación de los cambios en juego.

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La impresión inicial y generalizada de los anuncios del staff energético y de la titular de AySA, Malena Galmarini, que predominó entre especialistas y operadoras privadas que deben aplicar los aumentos fue de sorpresa y desconcierto al ver que las medidas no respondían a un programa coordinado y planificado. 

 

Las distintas variantes de ajustes establecidas para cada servicio y la extensa y engorrosa explicación contribuyeron a sumar más confusión e incertidumbre acerca del impacto real que tendrán las actualizaciones tarifarias sobre los bolsillos del público usuario y el índice inflacionario.

 

Más allá del cúmulo de ejemplos y porcentajes que se dieron a conocer, el cuadro de situación que quedó planteado para los hogares presenta cinco aristas relevantes. Los hogares que pierdan los subsidios pasarán a pagar las tarifas plenas con aumentos del 150% en AySA entre noviembre y mayo; del 167% en el gas y de hasta el 250% en el servicio eléctrico entre setiembre y enero.

 

Para mayoría de las personas usuarias del servicio eléctrico que lograron conservar los subsidios, regirá a nivel nacional un límite de consumo mensual de 400 kW. Superada esa marca, cada kWh excedente se facturará con la tarifa plena. En el caso de las provincias del NOA y NEA, ese tope de consumo bonificado será de 550 kWh.

 

A diferencia del servicio eléctrico, donde el tope es uniforme, en el gas los límites para mantener los subsidios se establecieron teniendo en cuenta las "subzonas tarifarias y las distintas categorías de usuarios según sus niveles de consumo". Técnicamente lo que se seguirá con subsidios será "el volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimos y máximos de consumos de cada categoría y lugar".

 

En la práctica, quienes no hayan perdido los subsidios tendrán que consultar primero, en cuál de las ocho categorías de consumo están encuadrados; después ir a ver la tabla oficial con los promedios anuales específicos que se tomarán como referencia para mantener las bonificaciones y, por último, esperar a que el ente regulador y las distribuidoras informen cómo se distribuirá ese volumen anual y cuál será el límite del consumo subsidiado de cada mes en particular, ya que el mismo irá variando con los cambios estacionales.

 

En el caso de las facturas de AySA, los aumentos tarifarios se basarán en un criterio geográfico que diferenciará tres zonas donde no habrá ningún tope de consumo subsidiado. Los hogares de las zonas de “alto valor” perderán la totalidad de los subsidios en noviembre. En tanto, en las zonas de valores “medios y bajos” se quedarán sin subsidios en forma gradual entre noviembre y mayo de 2023.

 

En los tres servicios, las únicas personas que seguirán conservando los subsidios serán quienes perciben planes sociales, jubilaciones mínimas y quienes se encuadran dentro del “régimen de tarifa social”.

 

Puede fallar

Uno de los puntos conflictivos que Royón y el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, prometieron corregir sobre la marcha es el vinculado con los consorcios de edificios y las pymes comerciales e industriales. Inicialmente se había indicado que, al igual que los hogares de mayores recursos, iban a perder los subsidios eléctricos y de AySA y pasarían a pagar las tarifas plenas con subas del 150% al 250%.

 

Ante las quejas del sector del comercio y la presión de las provincias, ahora las autoridades abrieron la puerta para revisar ese criterio y analizar las situaciones particulares y sectoriales donde se registren problemas.

 

En las provincias, un tema que aún no está resuelto y que es clave para la aplicación de los ajustes tarifarios en el servicio eléctrico son los convenios específicos que Energía tiene que suscribir con los entes reguladores del interior para llevar adelante la quita de subsidios a los hogares.

 

Hasta que no se aprueben y se pongan en ejecución esos convenios, Energía no podrá remitirle a las distribuidoras provinciales y cooperativas del interior los listados de las personas que deben pagar la tarifa plena, quienes tendrán parte de sus consumos subsidiados y quienes seguirán manteniendo bonificaciones.

 

La vía judicial y la cuña macrista

A ese contratiempo se agrega otro escollo que podría poner en jaque los ajustes o “redistribución de subsidios”, según la particular visión de Galmarini. Se trata de los posibles planteos judiciales por la no realización de audiencias públicas previas a la aplicación de nuevos cuadros tarifarios. En el Gobierno se atajan diciendo que la audiencia que se había realizado antes de que se fuera Martín Guzmán para informar los alcances y objetivos de la segmentación tarifaria sirve de cobertura y respaldo de los nuevos aumentos.

 

En cambio, varias asociaciones de usuarios y usuarias y exreguladores macristas opinan lo contrario. “La audiencia pública pasada fue por la segmentación, pero ahora hay una modificación en los topes y umbrales de consumo de gas, por lo que hay cambios con respecto a la segmentación que justifica la convocatoria a una nueva audiencia pública”, advirtió Mauricio Roitman, extitular del Enargas en la gestión Cambiemos.

 

El mismo argumento esgrime Fernando Blanco Muiño, exdirector de Defensa del Consumidor, para cuestionar los aumentos anunciados para AySA. “La redistribución de subsidios de Galmarini no puede entrar en vigencia hasta que se llame a una nueva audiencia, porque la última fue solo para tratar una suba anual del 32%”, remarcó el exfuncionario macrista.

 

En tanto, en las entidades defensoras de los consumidores ya han comenzado a revisar el fallo de la Corte de 2016 que frenó el tarifazo de Mauricio Macri y Juan José Aranguren por no haber cumplido, entre otros puntos, con el llamado a audiencias públicas.