21|9|2022

Ultimátum a Massa: por ajuste en el Presupuesto, más aliados amenazan con romper

09 de agosto de 2022

09 de agosto de 2022

El cristinismo jugó en el Senado un proyecto que podría sofocar la rebelión de Patria Grande, pero la CCC quiere ver el plan de cuentas 2023.

Sin anuncios para la población más golpeada por la inflación, los movimientos sociales aliados del Gobierno no dejan de acumular bronca dentro de la Cámara de Diputados. Antes de la marcha por San Cayetano de este domingo, el  Frente Patria Grande advirtió que si el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, no anuncia medidas concretas, se separarán del bloque oficialista. A aquel amague se sumaron ahora las dos bancas que posee la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Según anticiparon a Letra P, no buscarán forzar una negociación, pero confirmaron que dentro de dos meses resolverán si se quedan en el Frente de Todos o lo abandonan. El planteo no sólo se limita al Congreso: se extiende a la permanencia dentro de la coalición oficial. 

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Una de las tribus que forman parte del bloque del FdT es la CCC, liderada por el diputado nacional Juan Carlos Alderete. Lo acompaña su colega salteña Verónica Caliva. Son dos votos clave para el conglomerado de 118 voluntades que lidera el rosarino Germán Martínez. Si los pierden, el panperonismo quedará empardado con JxC, que cuenta con 116 escaños. En rigor, quedaría con un voto menos, porque la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, aporta al cuórum pero sólo aprieta el botón en caso de desempate. 

 

"No hay ninguna negociación en marcha. A nosotros nos quedan dos opciones: vamos o nos quedamos, algo que va a ser difícil, porque no hay ninguna política para la emergencia social, y afrontamos un destrato inédito. No hay una alternativa de quedarnos en el FdT y hacer otro bloque. Esas jugadas políticas no nos sirven. Es blanco o negro, no es un gris", explicó Alderete a Letra P

 

El planteo de la CCC es diferente a las advertencias que lanzó la semana pasada el dirigente Juan Grabois, principal referente político del espacio que tiene tres bancas en la Cámara baja. Son ocupadas por Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itai Hagman. El miércoles, un día después de la primera conferencia de prensa que ofreció Massa, anunciaron que si no había alguna señal paliativa constituirían un bloque propio. Pasaron de reclamar el Salario Básico Universal a mostrarse dispuestos a aceptar un ingreso complementario para las familias por debajo de la línea de indigencia

 

El lunes por la noche los integrantes de ese espacio estaban reunidos analizando el proyecto que la senadora Juliana Di Tullio presentó. Se trata de un "refuerzo de Ingresos para reducir la indigencia" y busca "garantizar el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad". El texto también lleva la firma de José Mayans, titular del interbloque oficialista en el Senado. Está destinado a quienes no alcancen a cubrir la canasta básica alimentaria de un adulto. Según el Indec, en junio fue de 15.057 pesos. Si el proyecto prospera será el monto de la futura asignación, pero podrá actualizarse cada tres meses. Podría alcanzar "a 1,7 millón de adultos y tendrá un costo fiscal del 0,09 del PBI este año y del 0,44 para 2023". 

 

La iniciativa entró este mismo lunes y podría cerrar temporalmente la controversia con el espacio que responde a Grabois. "Bienvenido el proyecto. Es importante que contemple el rango etario del sector de más desprotegidos que inicia en los 18 años. Además es importante que, mientras se debate el proyecto, haya alguna respuesta concreta por parte del Ejecutivo para proteger a quiénes están por debajo de la línea de indigencia", confió a Letra P una fuente que participó de la reunión que se concretó anoche. 

 

En CCC tienen otra lectura. "Sabemos que hay otras organizaciones analizando este proyecto, pero nosotros ya pasamos una primera crisis interna con la negociación con el Fondo y no se cumplieron las promesas. Aún así nos quedamos, pero ahora vamos a comenzar nuevamente la discusión ante la ausencia de medidas para los de abajo", detalló Alderete a este medio. "Ha llegado el momento de poner un límite. O nos quedamos para aguantar, que va a ser muy difícil, o nos vamos y armamos otro bloque. Vamos a esperar 60 días hasta ver qué dice la letra chica y si se anuncia alguna mejora para el sector. También queremos ver cómo se implementa lo que se anunció", remarcó el dirigente matancero. 

 

Los dos meses de plazo coinciden con los tiempos que maneja el oficialismo para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2023. El último plazo para presentarlo es el 15 de septiembre, es decir, dentro de 40 días. Luego vendrá el tratamiento en la Comisión que preside Carlos Heller. Cuando los números estén sobre la mesa de todos los legisladores y legisladoras, la CCC tomará una decisión. "Es lógico lo que hace Alderete, no está discutiendo una medida, sino la orientación del Gobierno", evaluó una autoridad del oficialismo frente a la consulta de este portal.

 

Una de las críticas que retumbaron este domingo apuntaron a los controles que realizarán universidades nacionales sobre los planes sociales. "No importa la auditoría. Que la hagan, así se dan cuenta de una vez por todas que la inmensa mayoría está trabajando", explicó Alderete. "Somos una organización nacional y estos debates llevan tiempo. En el interior hay elecciones desdobladas y hay que estar definiendo las alianzas. Si nos vamos, también nos vamos de ahí" vaticinó el dirigente. Tiene la preocupación puesta en el Presupuesto 2023, que este año deberá ordenar la marcha de dos trenes que vienen de frente: las previsiones para el año electoral que se avecina y el cumplimiento de las metas de ajuste pactado con el FMI.