03|12|2022

Unidos y organizados, intendentes oficialistas aguardan una señal de Massa

27 de septiembre de 2022

27 de septiembre de 2022

Los desvela que la recuperación económica llegue al bolsillo. La militancia calienta motores, pero no tiene fecha. Maldita inflación y maldita inseguridad.

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) La dirigencia peronista que gobierna intendencias del conurbano bonaerense sigue alerta y preocupada por capear el desastre económico que golpea el bolsillo de la gente, pese a la recuperación económica macro que muestran las estadísticas. Cree que, si existe una llave para salir del atolladero, la tiene Sergio Massa, el hombre de la botonera. Por eso esperan una señal suya que les devuelva la herramienta para convencer a sus votantes, mientras la inflación hace trizas el salario y desvanece la ayuda social. Junto a la inseguridad, es el principal reclamo que gana la calle. Esos son los ejes centrales de toda rosca preelectoral, que también ocuparon la última cumbre intendentista celebrada horas atrás en Avellaneda, de la que participaron 25 dirigentes de la Primera y la Tercera secciones electorales, además de ministros nacionales y bonaerenses. No surgieron soluciones, pero sí una certeza: deben mantenerse unidos para repeler la avanzada de la oposición y, más temprano que tarde, movilizar a la militancia. ¿Y las elecciones primarias? Otra certeza: lo mejor sería suspenderlas.

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“El encuentro tuvo el mismo tono que los anteriores, la necesidad de mantener la cohesión interna para enfrentar los problemas y ver cómo vincular la recuperación económica con la vida cotidiana de la gente, de los laburantes. Los temas que más preocupan son la inflación y la inseguridad”. Esa es la síntesis que hizo a Letra P un asistente al encuentro de cerca de tres horas que incluyó asado en el quincho del Polideportivo Gatica de Avellaneda.

 

Como viene contando este medio, la principal preocupación de la población que vive en los distritos del conurbano sigue siendo la inflación y la inseguridad, dos temáticas que los jefes y las jefas comunales no pueden resolver, mientras ensayan todo tipo de maniobra para atemperar el impacto negativo. Las botoneras están, en el caso de la economía, en la administración central; la seguridad es cosa de la Provincia.

 

Quien llegó con información sobre el final de la reunión fue el jefe de Gabinete bonaerense e intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Había estado almorzando con Massa, acompañado también por el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín; el senador provincial Adrián Santarelli; el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y los diputados provinciales Nicolás Russo y Rubén Eslaiman. Antes habían compartido una reunión con empresarios, con bomberos voluntarios y un encuentro con adultos mayores.

 

Según pudo reconstruir Letra P, durante el almuerzo Massa le relató a Insaurralde la situación en la que encontró la economía nacional y le adelantó algunas de las próximas medidas que llevará adelante, entre ellas, algunas que se anunciarán el viernes. No trascendieron los detalles de esas medidas.

 

Los intendentes coinciden en la necesidad de movilizar a militancia para enfrentar con mayor fuerza a la oposición que -consideran- está tomando posturas “virulentas”. Falta la gente en la calle, pero aún no hay fecha para eso; tampoco para concretar el congreso provincial del Partido Justicialista (PJ), suspendido por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

 

Lanzado en Buenos Aires como globo de ensayo por un sector de los intendentes mientras algunos gobernadores avanzaban a paso firme, la suspensión de la Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) también es tema obligado para los duelos de los votos. La mayoría acuerda en eliminarlas y empuja a que sean los legisladores nacionales quienes lo impulsen en el Congreso. Si camina, la Provincia deberá sortear un camino de espinas para lograr eliminarlas. Imposible, dice la oposición; difícil pero probable, dice el oficialismo legislativo. El gasto y la logística están entre los argumentos sobresalientes para aplicar la suspensión.