25|1|2023

Kicillof se mete en el barro judicial y denuncia a Robles y D’Alessandro

25 de enero de 2023

25 de enero de 2023

Se suma a sus pares Zamora y Quintela y va contra el vocero de la Corte y el ministro de Larreta. “Tráfico de influencias” y fondos “para la campaña PRO”.

En un paréntesis a la actividad costera que ocupa gran parte de su agenda, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se terminó de sumergir en la pelea judicial que encabeza la vicepresidenta, Cristina Fernández, al presentar este miércoles ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, ahora de licencia, Marcelo D’Alessandro, por "delitos de tráfico de influencias" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por los chats filtrados en los que se habla de la causa por la devolución de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

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El gobernador señala en la presentación que Buenos Aires es “históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación", situación que ahora se ve agravada por una decisión “no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema”, sino que además habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; con el objetivo de “quitarle los recursos que les corresponden a las provincias, para otorgárselos a la ciudad más rica del país y así financiar la campaña presidencial del jefe de Gobierno”.

 

En el texto que difundió el gobierno provincial se marca que las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma y recuerda que el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte “por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional”.

 

En esa línea pide que los hechos que denuncia sean investigados “por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes”, ya que se “debe impedir este arreglo político completamente ilegal” y afirma que a él le corresponde “defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires”.

 

En la denuncia de catorce fojas presentada este miércoles se hace referencia a los supuestos chats intercambiados por Robles y D´Alessandro, donde el primero le sugería estrategias que debía seguir el gobierno porteño para obtener una sentencia favorable por parte del máximo tribunal en la disputa que la Ciudad mantenía con la Nación, lo que finalmente sucedió.

 

No hay nuevo material de prueba en la denuncia, sino que allí constan los chats y diferentes artículos periodísticos que dieron cuenta de la filtración, y aunque una primera denuncia contra Robles ya fue desestimada por la justicia porque, argumenta la resolución, "no pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, el gobernador de Buenos Aires insiste en que en esos chats consta, además, “que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacia funcionarios del Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura, conforme a lo que se señalará posteriormente”.

 

Kicillof no se queda allí, sino que además pide que se allane al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA para localizar documentación de interés para la causa y el secuestro de teléfonos móviles personales y/o corporativos de los denunciados, para ser periciados.

 

La denuncia se suma a las presentaciones judiciales realizadas por los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de La Rioja, Ricardo Quintela, además de la que presentó el gobierno nacional contra D' Alessandro por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales.