El autor cree que la Boleta Única de Papel podría generar un colapso en las elecciones provinciales, con votaciones extendidas y demoras inéditas.
Buenos Aires debe definir su fecha de elección
Javier Milei ha traído al presente argentino, entre otras calamidades, una fuerte erosión institucional. Esto lo perciben amplios sectores de la sociedad, incluidos muchos de sus votantes. Sus conductas abrasivas van dejando el saldo de una democracia menguada, venida a menos, maltratada. Incluso no son pocos los que han señalado la vocación autoritaria del Presidente.
Así como nombra jueces de la Corte por decreto, despacha DNU que violan la Constitución o reprime jubilados, también cambió de un plumazo las reglas electorales a poco tiempo de votar. Frente a esto, la Provincia de Buenos Aires, su gobierno, con el 38% de la población del país, aportante de la mayor inversión educativa y cultural de la Nación, del 40% de los ingresos al estado federal y del 50% del Producto Bruto Industrial argentino, tiene la responsabilidad de proteger a la sociedad y a la democracia.
Y, tan importante como aquello, acreditar que representa un concepto de gobierno ubicado en las antípodas de las políticas de desmantelamiento del Estado y del país que impulsa Milei. Entre desquiciado y torpe, el cambio de reglas impulsado por el Presidente implica en la Provincia una amenaza grave para la transparencia y el orden de la votación.
La ley de la Boleta Única de Papel, impulsada de manera inconsulta con los gobernadores, para ser aplicada el próximo 26 de octubre, establece, textualmente, que "en ningún caso podrán incorporarse categorías provinciales o municipales a la Boleta Única en la que se eligen los cargos nacionales", debiendo llevarse a cabo la elección de cada jurisdicción en urnas separadas.
¿Qué consecuencias tiene esto para una Provincia con 14 millones de electores? Que el acto comicial tendrá, según lo demuestran los simulacros realizados, una duración de 30 horas si la elección es concurrente. Realismo mágico en la pampa húmeda: "Salió a votar el domingo a la mañana y volvió el lunes a la tarde", se dirá de muchos. Pero no será ficción. Noticia mundial.
¿Por qué? Porque considerando las dos urnas que exige la ley, y estimando para cada elector una tardanza de tres minutos en sufragar, hará falta más de un día corrido de votación. Aunque una previsión completa debería incluir además las típicas demoras en las aperturas de urnas así como las horas que demandaría el doble recuento de los votos y de registros, los tiempos muertos que acarrearían los diversos menesteres alimentarios y sanitarios de la realidad humana en un día y los relevos previsibles en un maratón de esa naturaleza.
Todo esto sin entrar a considerar los traspiés y confusiones que se pueden imaginar en el estreno de la nueva Boleta Única para los cargos nacionales que ningún ciudadano ni ciudadana utilizó jamás antes en la Provincia de Buenos Aires. Si hace falta un botón de muestra, quizá baste con recordar el malogrado debut de la Boleta Única Electrónica en CABA en las PASO 2023. Allí, además de las quejas y zozobras, uno de los efectos adicionales del caos fue que no tuvieran la misma concurrencia las dos categorías diferenciadas que se votaban.
En resumidas cuentas: la elección concurrente nos asegura un zafarrancho caótico de 30 horas que algunos no quieren ver y muchos prefieren negar sin medir las consecuencias. Porque, no cabe duda, un desorden de esa magnitud sería además utilizado por Milei y su gente para seguir adelante con su campaña de desprestigio de las instituciones democráticas y del propio gobierno bonaerense que representa una esperanza auténtica y superadora de cara al futuro.
La opción que tiene es la del sentido común. Justamente lo que le pidieron los intendentes la semana pasada. Primero el Foro de Intendentes Radicales, con la firma de 27 Jefes comunales y luego 44 intendentes peronistas: desdoblar la elección y convocar en una fecha diferente que la elección nacional.
En ese mismo sentido Salta, Chaco, Jujuy, San Luis, CABA, Misiones y Santa Fe ya desdoblaron. En curso de hacerlo están ahora Formosa, La Rioja, Mendoza y Corrientes.
¿Tiene en cuenta algo de esto la iniciativa presentada en el senado de la Provincia de Buenos Aires fijando una fecha concurrente con la elección nacional? No. No hay ninguna referencia. Ni a los problemas prácticos que pueden afectar letalmente la esencia del acto comicial, ni a las disposiciones constitucionales que el mismo proyecto vulnera. La presentación solo plasma una intención política, esgrimida de manera olímpica, ajena a los minuciosos desafíos de lo concreto tanto como de lo que estipula la Constitución Bonaerense.
Sin embargo es Kicillof, el Jefe de la Administración Provincial, quien tiene la incumbencia y el deber de evitar el conflicto inminente.
No solo porque está en el orden natural de las cosas que a la Provincia la gobierne el Gobernador, dos veces elegido por el pueblo. También porque la Constitución de la Provincia de Buenos Aires determina con precisión inapelable, en el artículo 144 inciso 7, que tiene esa atribución.
Textualmente dice: "El Gobernador es el jefe de la Administración de la provincia y tiene la atribución (inciso 7) de convocar al Pueblo a todas las elecciones en la oportunidad debida...". Como se ve, el texto no deja lugar a interpretaciones. Es claro. Sin ambigüedades.
Como también es clara nuestra historia. Los gobernantes que no gobiernan en primera persona defraudan al pueblo y, peor aún, suelen ser causa de males mayores.
Ningún gobernante auténtico debe ejercer un poder vicario, decidiendo en función de las perspectivas de otros. Axel Kicillof, reelecto con el 45% de los votos, tiene la responsabilidad de proteger los intereses y la democracia del pueblo que lo votó, ejerciendo sus atribuciones constitucionales para tomar las decisiones que aconseja la realidad.