Los números del megaajuste que aplica Javier Milei sobre la ciencia y la educación superior. El rango constitucional de la autonomía. Veto mata desarrollo.
La multitudinaria marcha en defensa de las universidades públicas.
Las universidades argentinas constituyen la centralidad del sistema científico tecnológico de la Argentina y son protagonistas esenciales en los aportes al desarrollo del conocimiento, de la investigación y de las tecnologías con sus respectivas transferencias a los subsectores privados y públicos.
Dichas transferencias tienen por finalidad, entre otras, ser insumos para la diversificación de la matriz productiva argentina y de cada una de sus regiones en miras al desarrollo sostenible e intergeneracional de nuestra nación. El Sistema de CTI argentino se completa con numerosas y reconocidas instituciones nacionales, regionales y provinciales (Conicet, INTI, INTA, CNEA, INA, Inidep, Segemar, CONEA y SMN, entre otras); además de importantes organizaciones privadas.
En los últimos años fueron reconocidos los aportes del sistema al desarrollo nacional a través de leyes que contaron con apoyos mayoritarios de los distintos bloques parlamentarios:
- Ley 27.614 (2021) de Financiamiento del SNCTI, que garantiza el incremento progresivo del presupuesto destinado a la función ciencia y técnica hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) de cada año;
- Ley 27.738 (2023), que aprobó el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, el cual reunió una importante participación de las provincias y actores privados.
Todo eso parece haberse perdido en el olvido en estos últimos meses y, yendo a contramano del mundo, se comenzó a atacar al sistema científico en general y a las universidades nacionales en particular. Veamos algunos datos elaborados por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e innovación en su Informe Indicadores Macroeconómicos de Contexto CyT – Agosto 2024:
Por diversas razones, entre ellas de carácter institucionales e históricas que exceden el marco de esta publicación, la Constitución argentina reformada en 1994 incorporó expresamente a la autonomía universitaria como elemento esencial de su propia existencia y desarrollo institucional, junto a una finalidad genérica pero claramente direccionada desde el texto constitucional: el desarrollo humano y el progreso económico, principalmente.
Ello es así en tanto se eligió dar tratamiento a las universidades en el texto constitucional en aquel artículo generalmente conocido como del progreso, el bienestar y la justicia social ( art. 75 inc.19 ). Las universidades, al igual que la investigación, el desarrollo científico y tecnológico, expresan políticas de Estado que el Congreso de la Nación debe promover con herramientas concretas.
Existe en este sentido un mandato dirigido expresamente hacia los senadores y diputados nacionales. Este mandato lo es con un límite: la propia autonomía que les es reconocida a las universidades por la Constitución. La autonomía es una asignación constitucional, no lo es ni por ley ni por decisión alguna del Poder Ejecutivo. De allí que el legislador nacional tan sólo se encuentra habilitado a legislar con la finalidad de promover y fortalecer dicha autonomía universitaria.
A los gobiernos, por su parte, les está vedado interferir con su potestad reglamentaria administrativa (decretos) en las universidades tanto en su autonomía académica como institucional. Es en este contexto que sucede la decisión política de desfinanciar a las universidades y al sistema general de CyT en estos tiempos en nuestra Argentina.
Las acciones de debilitamiento del sector científico que lleva adelante el Gobierno escala hasta uno de sus puntos más álgidos con el veto al aumento presupuestario a las universidades votado por ambas cámaras del Congreso. Una decisión política abusiva en términos constitucionales ya que desconoce aquel acuerdo político jurídico que es la constitución argentina alrededor de la autonomía, tal como indicamos.
¿Es el veto del Poder Ejecutivo una violación a la autonomía institucional y académica de las universidades? ¿Puede el Poder Ejecutivo nacional desvirtuar la decisión del Congreso, cuya competencia le es otorgada expresamente por la Constitución para promover y asegurar la autonomía universitaria? Es, al menos, un desacierto político gubernamental al tiempo de un claro desconocimiento de las competencias específicas en la materia del Congreso nacional.
Caminos posibles para corregir tal abuso:
- Por el propio Congreso, insistiendo en el proyecto ahora vetado (control político);}
- En caso de no lograrse las mayorías para insistir, recurrir el veto ante el Poder Judicial (control judicial);
- Tener conciencia suficiente de aquello que está sucediendo al tiempo de emitir el voto la ciudadanía (control social).
El veto presidencial adquiere ribetes de arbitrariedad y condiciona numerosas oportunidades para el desarrollo nacional. Todo ello se encuentra en línea con la decisión gubernamental de no ser parte del reciente Pacto del Futuro de Naciones Unidas, expresado por el presidente de nuestro país ante la Asamblea General. Dicho pacto que fortalece expresamente la Agenda mundial 2030 y reconoce a la ciencia, la tecnología, la innovación y la cooperación digital como las herramientas posibles para lograr un desarrollo equitativo, intergeneracional y sostenible. El enfoque planteado en la materia es integral y promueve las alianzas entre los subsectores público y privado. En este sentido, la ciencia, la tecnología y la innovación son herramientas que aceleran el desarrollo sostenible propuesto por la Agenda 2030.
Aquí también cabe formular algunos interrogantes respecto de la decisión adoptada por la Argentina. ¿El Presidente tiene atribuciones suficientes para dejarnos por fuera del Pacto del Futuro firmado por la gran mayoría de las naciones del mundo? ¿Es necesaria la intervención del Congreso? Por sus impactos en generaciones futuras, que exceden el período de la presidencia actual, ¿debe ser motivo de la consulta a la ciudadanía?
Al decir de Tokatlian en su último libro, “en el cuadro internacional presente y futuro, los países que carezcan de autonomía tecnológica serán apenas espectadores de la política mundial”. Por cierto, no todo es posible en nombre de la democracia y los votos obtenidos en una elección; menos, sacrificar a las próximas generaciones arrebatándoles el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas del progreso y el desarrollo individual y colectivo.