En los últimos años, la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos ha hecho más evidente la amenaza que se cierne sobre nuestra patria, que pone en riesgo cualquier posibilidad de desarrollo. Hemos sido testigos, a lo largo y ancho de nuestro suelo, de fenómenos impactantes: las lluvias suaves han dado paso a tormentas torrenciales, los días calurosos se han vuelto insoportablemente asfixiantes y la previsibilidad ha sido reemplazada por polarización, brotes de enfermedades zoonóticas y una creciente ansiedad acompañada de depresión generalizada.
La preocupación se vuelve inmediata cuando se aleja el invierno y se empieza a sentir el calor del sol. Si continuamos la línea temporal, la temperatura alcanzada entre enero y febrero de 2024 es una alarma, ya que, por primera vez y durante 12 meses seguidos, sufrimos una media de 1,5°C mayor que en la era preindustrial. Para la primavera que se asoma y el verano que le sigue, las proyecciones de temperaturas son altas en todo el país y la anticipación de cortes masivos de electricidad, producto de olas de calor y alta demanda energética, nos recuerda que el cambio climático ya no es una teoría lejana, sino una realidad que golpea con fuerza.
La cuestión que debemos plantearnos es cómo nos preparamos para enfrentar, una vez más, los efectos extremos que se maniestan con creciente intensidad. ¿De qué manera podemos mejorar la calidad de vida ante olas de calor, apagones y el aumento de enfermedades? ¿Cómo garantizamos la continuidad de la actividad productiva?
Mientras el panorama global avanza hacia tecnologías limpias en busca de un desarrollo productivo, el gobierno de Javier Milei parece dedicado a truncar este progreso. ¿El actual gobierno se opone al desarrollo y prosperidad de nuestra nación?
Lejos de disputar dudas, la evidencia indica un preocupante patrón de estancamiento en la gestión climática y energética. En lugar de adoptar medidas para mitigar los impactos del cambio climático y mejorar la calidad de vida de la población, las políticas actuales están profundizando la crisis ambiental.
Por su parte, la paralización de la obra pública, que impide la construcción de infraestructuras críticas para la adaptación, tambien es un obstáculo para avanzar en soluciones que fortalezcan la resiliencia frente a fenómenos extremos. Un claro ejemplo es el desfinanciamiento de la generación de energías alternativas, como la energía nuclear, lo que compromete la seguridad energética y la soberanía del país en un contexto donde los cortes de energía son cada vez más frecuentes. Resulta paradójico, pero, mientras la demanda energética crece y los apagones se multiplican, el Gobierno sigue desmantelando las iniciativas clave para diversificar nuestra matriz energética.
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Gasoducto Néstor Kirchner.
Durante los últimos años, Argentina avanzó signicativamente en la transición hacia energías más limpias, progreso que hoy se ve amenazado por la paralización y posible desmantelamiento del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), proyecto esencial para asegurar la diversificación energética. En medio de una crisis climática que requiere soluciones urgentes, la decisión de abandonar proyectos estratégicos pone en riesgo nuestro desarrollo y demuestra una incapacidad alarmante para enfrentar los desafíos que afectan a las grandes mayorías.
Mayor riesgo para mujeres y niñas
El problema no se limita a la infraestructura energética; es solo la punta del iceberg de una crisis mucho más profunda. Las políticas de desmantelamiento y la falta de visión estratégica afectan el desarrollo económico y agravan las desigualdades sociales y ambientales. En este contexto de desidia institucional, las mujeres y las niñas se ven particularmente afectadas por los efectos del cambio climático.
Tal como advierte el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, la sigla en inglés) desde 2001, “los impactos del cambio climático se distribuirán de manera diferenciada entre regiones, generaciones, clases y sexos”. En Argentina, esta realidad se traduce en un recrudecimiento de las desigualdades preexistentes. Las mujeres y las niñas, que ya enfrentan barreras económicas y sociales, se ven aún más expuestas a los efectos de la crisis climática.
Para abordar de manera efectiva la crisis climática, necesitamos una agenda que reconozca la interseccionalidad de sus efectos. Género, edad, nivel económico y etnia son factores determinantes en cómo las personas experimentan esta crisis y no podemos plantear soluciones sin entender las desigualdades estructurales de género que persisten. Según datos globales, el 75% de los 774 millones de personas adultas analfabetas son mujeres. Además, la feminización de la pobreza es evidente: el 70% de las personas que viven con menos de un dólar diario son mujeres, una realidad que refuerza su vulnerabilidad en contextos de desastres climáticos.
El acceso a recursos económicos es igualmente desigual. Aunque las mujeres poseen solo el 1% de las propiedades a nivel global y pese a que son dueñas del 30% de las pymes, solo acceden al 10% de los créditos otorgados por instituciones bancarias.
Javier Milei y un relato para distraer la atención
Además de la profundización de la brecha de género, estamos presenciando un peligroso desvío de atención. En lugar de centrarnos en las verdaderas prioridades, el Gobierno busca etiquetar como irrelevante o inservible todo lo que no encaja en su narrativa. Este enfoque se refleja en declaraciones alarmantes y despreciativas, como las del diputado Marcelo Bermúdez, quien calicó a los afectados por la crisis hídrica en Neuquén de "planeros del agua". En un escenario donde el negacionismo climático es parte del discurso oficial, la crisis no solo se agrava, sino que deja a la Argentina expuesta a la voracidad de las industrias internacionales, sin salvaguardas para nuestro propio desarrollo.
Es imposible avanzar en un desarrollo integral, con perspectiva de género, si sostenemos este tipo de planteos y políticas. Las mujeres, ya desproporcionadamente afectadas por la crisis climática, se ven aún más relegadas en un contexto donde sus derechos fundamentales se minimizan y sus necesidades se hacen a un lado.
Es esencial recordar que el agua es solo uno de los tantos derechos básicos que se ven amenazados. El derecho a trabajar en condiciones dignas, tener un hogar donde el calor no sea una amenaza y vivir en localidades donde el suministro energético esté garantizado son, también, derechos esenciales que deben ser garantizados.
Todo esto debe ser abordado desde una perspectiva de género, reconociendo las desigualdades estructurales y garantizando una respuesta inclusiva que ponga a las personas en el centro. Sin este enfoque, cualquier intento de desarrollo estará condenado al fracaso.
