La decisión de habilitar una Convención constituyente en Santa Fe no es un golpe sobre la mesa, sino el resultado de la deliberación acumulativa de largos años.
La Legislatura de Santa Fe dio luz verde a la reforma constitucional.
Los intentos de significar como abrupto al proceso de reforma constitucional de la provincia de Santa Fe desconocen que las deliberaciones, en marcos democráticos, no se agotan y reinician permanentemente, sino que conforman una continuidad que, como tal, no existe sin interrupciones.
El viernes 6 de diciembre ocurrió una de esas interrupciones, un acontecimiento, en el sentido de un hiato en una acumulación de discursos que parecía conducirse al infinito. Es decir, después de numerosos años de narraciones desordenadas y, en ocasiones, disímiles, se hizo un alto para que algo de todo aquello adquiera un cauce.
La prueba de que efectivamente se trató de la adquisición de un cauce es que los últimos proyectos que circulaban en la Legislaturareconocían, objetivamente, más puntos en común que diferencias. Por lo tanto, allí se encuentran cristalizadas las tensiones y sus soluciones que atravesaron los debates de otras épocas, residen las voces incluso de quienes ahora faltan y están atrapados climas políticos variados que sirven para lo que una Constitución debe servir: trascender coyunturas.
Podría decirse que existe una especie de deliberación acumulativa, algo que no se ve, que no está puesto en estos términos, pero que se sedimenta poco a poco y permite pasar a otra cosa, a que lo acordado adquiera cierta fijeza y sea ello lo que habilite una emergencia más nítida de los desacuerdos.
En efecto, más allá de las preferencias por la forma que finalmente tomó la Ley de declaración de necesidad, no se trató de un golpe de puño sobre la mesa.
Respecto de la estructura de la ley, pueden distinguirse dos grandes partes: una referida a los marcos sustanciales de actuación de la Convención reformadora y, otra, vinculada con los aspectos orgánicos de la Convención, su funcionamiento y la forma de elección de los convencionales.
En relación con la primera parte, metodológicamente el texto distingue tres facultades de la Convención: la modificación de determinadas disposiciones vigentes, la derogación de otras y la incorporación de posibles nuevos artículos -incluso capítulos o secciones-.
La organización constitucional del poder queda bajo revisión en los siguientes temas, fundamentalmente: el sistema electoral para diputados provinciales, la posibilidad de que se limite la reelección de todos los legisladores y que se cambien las edades requeridas para acceder al cargo, la extensión del período ordinario de sesiones legislativas, los fueros parlamentarios, la opción de pensar una fórmula de reelección para gobernador y vicegobernador, la integración de la Corte Suprema, el mecanismo de selección y remoción de jueces, fiscales y defensores, entre otros.
Por su parte, sobre los derechos consagrados en la Constitución, se prevé la reconsideración de algunos que ya están -derecho a la educación, derecho de reunión, libertad de expresión, cultura, salud, derechos políticos, así como las garantías- y se enuncian otros para que la Convención analice su incorporación -seguridad pública, ciencia e innovación, derechos digitales, ambiente, derecho a la ciudad, derechos de consumidores y usuarios, etc.-.
Vale la pena un párrafo, no más, para los contenidos ausentes en la Ley, el argumento que también con énfasis circula para objetar el impulso reformista. El cuestionamiento central radica en la imposibilidad que tendrá la Convención de romper la bicameralidad del Poder Legislativo, oportunidad supuestamente histórica para reducir los gastos de la política.
Cabe decir que el Senado de la provincia asegura, como no lo hace la Cámara de Diputados, una representación territorial inédita -una mayoría abrumadora de diputados son originarios de Rosario y Santa Fe-. Sin senadores habría una discriminación geográfica notoria en clave representativa, gran parte de los departamentos no contarían con un medio directo de procesamiento de sus necesidades. Además, la ley trae una innovación bisagra: la chance de que por primera vez se ponga sobre la mesa la reelección de los legisladores provinciales.
La segunda parte de la ley disciplina el funcionamiento de la Convención reformadora y la elección de quienes la integrarán. Para esto último se decidió combinar dos sistemas electorales: el proporcional con la provincia como distrito único para cincuenta convencionales y el mayoritario por circunscripción uninominal para diecinueve convencionales. Se replica así el sistema electoral vigente para senadores y el sistema electoral contemplado para las futuras elecciones de Diputados, si así lo decide la Convención. Para ser Convencional Reformador se requieren las mismas condiciones que para ser diputado provincial y, desde luego, la necesaria postulación a través de partidos políticos. Todos serán electos en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias provinciales del año próximo.
La Convención deberá ser convocada dentro de un año de celebrada la elección de convencionales y tendrá un plazo máximo para cumplir su cometido de sesenta días -cuarenta prorrogables por veinte más-. Todo ocurrirá en la ciudad de Santa Fe.
La Ley de necesidad de reforma intenta recoger la deliberación acumulativa de largos años y despertar de un letargo el ánimo reformista de la provincia, no porque antes no hayan existido iniciativas, sino porque, de un modo u otro, ese ánimo se adormecía cada vez. Así, el impulso de estos meses parte de lo que ya habitaba el fondo del debate y produce una interrupción, dada por el diálogo bien aterrizado de sectores con orígenes muy plurales. Una interrupción para que la continuidad que viene llegue a algún sitio.