La Argentina tiene un gobierno de ultraderecha que desde el día que asumió viene radicalizando y profundizando sus prácticas autoritarias. El punto clave a entender es que no se detendrá en este camino mientras no encuentre un límite externo a sus propios apetitos de poder. Esta semana, Javier Milei profundizó su proyecto de destrucción institucional de tal manera que se puede afirmar que estamos en una nueva etapa.
Dos hitos son centrales en esta afirmación: primero, la campaña gubernamental para clausurar la investigación política y judicial sobre el lanzamiento fraudulento de la memecoin $LIBRA y, segundo, la gravísima designación de dos jueces de la Corte Suprema por decreto presidencial.
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Frente a esto, sólo cabe decir: no puede haber sorpresa en este nuevo peldaño en la pérdida de nuestra calidad democrática. Mileisiempre anunció públicamente su programa de gobierno. Nunca hubo ni ocultamiento ni hipocresía. Lo anunció en la campaña y en los discursos y actos de su primer acto de gobierno. En diciembre de 2024 generamos y publicamos desde Asuntos del Sur un informe que medía una serie de Marcadores de Riesgo Autoritario presentes en los discursos y las prácticas del Presidente y fácilmente registrables en todo su primer año de gobierno. Decíamos entonces que era posible hallar, entre otras cosas, una constante negación de la legitimidad de los opositores y un rechazo o bajo compromiso con las reglas democráticas. En pocos meses, este gobierno ha avanzando aun más en esas dimensiones, alcanzando niveles cada vez más preocupantes. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es el límite para no terminar de caer en un régimen abiertamente fascista?
Límites y contrapesos para Javier Milei
No se trata aquí de afirmar lo obvio o señalar que somos parte de un conjunto de analistas que vienen alertando sobre esta cuestión. Nos interesa pensar cómo puede pensarse dónde están los límites y contrapesos necesarios frente a este proceso de erosión democrática.
Sabemos que gobiernos como los del presidente Milei no se detienen por sí mismos sino que avanzan en caminos más autoritarios todo lo que pueden y los dejan. Hay evidencias concretas para sostener esto. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt lo explicaron en su libro Por qué mueren las democracias: cuando aparecen partidos o candidatos de tintes neofascistas, la clave del resultado final de los procesos políticos reside en lo que hagan los partidos políticos opositores y moderados, y actores institucionales con poder como las cortes supremas, jueces, gobernadores. Esperar que estos gobiernos se autolimiten es utópico.
El llamado de atención no es ya al gobierno de Milei, sino a otros actores con poder institucional que están eligiendo hacerse los ciegos y sordos (o los cómplices) en este momento crítico al que hemos descendido, como dijimos antes, un peldaño más en la escalera hacia el fascismo.
La democracia argentina necesita que el Congreso, la Justicia, los gobernadores y las legislaturas provinciales le pongan límites a este gobierno.
La conducta de los bloques de la “oposición dialoguista” en el Congreso consiste en la publicación de comunicados de repudio mientras aporta los votos para erosionar la democracia desde adentro.
La Corte Suprema tomó la decisión gravísima de rubricar la designación de jueces en ese cuerpo por decreto al tomarle juramento a Manuel García-Mansilla, contraviniendo no sólo el texto constitucional, sino la propia conducta de la Corte cuando Mauricio Macri intentó hacer lo mismo durante su gobierno.
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La Corte Suprema de facto de Javier Milei: entra por decreto Manuel García-Mansilla.
Recientemente, Milei anunció su intención de forzar la intervención de la provincia de Buenos Aires y la remoción de su gobernador por decreto.
Frente a este nuevo peldaño hacia abajo, dos cosas son evidentes. Primero, que hay que tomar absolutamente en serio estas amenazas y actuar en consecuencia. Segundo, que es posible que algunos actores se sientan mezquinamente tentados de pensar “bueno, si el gobierno avanza contra mi adversario político, es un problema menos para mí”. Al final de este razonamiento sólo nos espera la muerte de la democracia que tanto nos ha costado construir: si son cómplices de los avances contra adversarios electorales o actores políticos en otra trinchera, deben saber que ellos mismos serán inevitablemente las víctimas en una futura etapa.
Este gobierno no puede funcionar sin enemigos, y esa lógica no se podrá detener sin la intervención de actores (opositores, medios de comunicación, gobernadores y otros) que hoy silban bajito, los que miran para otro lado y aquellos que directamente han optado por la colaboración.