Es hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, ambos desaparecidos en la última dictadura. Es el primer recuperado desde que asumió Milei.
Un hallazgo contra el negacionismo: las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron al nieto 138.
“Cerramos el año con la felicidad de un nuevo encuentro”, inauguró Estela de Carlotto la conferencia de prensa con la que, este viernes, Abuelas de Plaza de Mayo informó la restitución del nieto 138 en 47 años de búsqueda de niños y niñas apropiados durante la última dictadura cívico militar. El anuncio se llevó a cabo en la ESMA.
De Carlotto encabezó la conferencia de prensa y estuvo rodeada por la abuela de Plaza de Mayo Buscarita Roa, la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida y el nieto restituido y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi), Manuel Goncalves. “La verdad siempre sale a la luz”, postuló la presidenta de Abuelas, de 94 años, rodeada de una decena de nietos y nietas que fueron apropiados al nacer por genocidas y que las Abuelas lograron encontrar, como Victoria Montenegro, Guillermo Amarilla Molfino, Horacio Pietragalla y Claudia Poblete.
Desde el jueves, el nieto 138, el primero recuperado en la era Javier Milei, sabe que es hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, ambos detenidos desaparecidos durante la última dictadura, y que tiene un hermano, Diego, que vive en España. "Estoy embargado por la emoción, sos muy bienvenido", se lo pudo escuchar a través de un mensaje de audio que fue transmitido en en la conferencia y en el que les agradece a las Abuelas de Plaza de Mayo: "Gracias Abuelas, son el orgullo nacional, las adoro".
Marta y Juan Carlos se conocieron en 1972 y se sumaron a Montoneros. A ella la conocían como “Negra” o “María”. A él, como Ricardo o “Negro”. Ambos fueron secuestrados en diciembre de 1976 en un operativo que una patota vestida de civil desplegó en la casa en la que ambos vivían junto al pequeño Diego, y trasladados al centro clandestino que funcionó en el Casino de Oficiales de la ESMA. Ella estaba embarazada de ocho meses y medio. No sabían el sexo, pero el bebé ya tenía nombre: Soledad si era nena; Manuel si era nene.
Sobrevivientes de ese campo de concentración la oyeron gritar a Marta: “Soy la gorda María y estoy embarazada”. La mujer fue una de las más de 30 mujeres que, hasta este momento, se sabe que parieron en la maternidad clandestina que funcionó en aquel infierno.
La patota dejó a Diego, que sabía de su futuro hermanito o hermanita, en la comisaría de Villa Ballester, de donde Pedro, el hermano de Marta, lo retiró y lo crio junto a su mamá, Rosa Pourtalé. “Le negaron toda información” de la pareja. Los Pourtalé y los Villamayor –María del Carmen Villamayor, hermana de Juan Carlos, y Carmen Morinigo, la madre de ambos– buscaron a la pareja e insistieron en saber el paradero del bebé. Morinigo entregó una denuncia de puño y letra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando llegó a Argentina en plena dictadura, en 1979, en la que denunció que su nuera estaba embarazada y la familia quería “saber qué fue del bebé”.
Por el momento, hay hermetismo en torno de la familia que arrancó al nieto 138 del cuidado de su mamá y lo apropió. En 1988, Abuelas de Plaza de Mayo denunció el caso ante la Justicia Federal. Una década después, la CoNaDi y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) trabajaron en la “investigación del grupo familiar”. En 2007, la Justicia avanzó en la identificación del ADN del joven mediante el análisis de algunos objetos personales y en 2012, finalmente, él se acercó voluntariamente a dar sangre. El jueves conoció la verdad, aunque aún no tomó contacto con su entorno biológico. “Tiene una vida que no pensaba ser abordada por una historia como esta. Es duro escuchar que tu mamá y tu papá están desaparecidos. Tratamos de que este momento, a pesar de todo, fuera mágico”, apuntó Goncalves en la conferencia de prensa.
“Esta restitución es, una vez más, la muestra de las consecuencias del terrorismo de Estado en el presente y, también, de la necesidad de dar centralidad a las políticas de derechos humanos para que los delitos de lesa humanidad cesen”, leyó Carlotto. La CoNaDI y el BNDG fueron “instrumentos indispensables” para la resolución del caso, puntualizó.
Los recursos destinados a la búsqueda de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura fueron atacados por la motosierra de Milei. Comenzó con el rechazo por parte de los ministerios de Seguridad y Defensa a colaborar con información solicitada por la CoNaDI en el marco de diversas investigaciones ante posibles apropiaciones. Luego, el Presidente decidió por decreto cerrar la Unidad Especial de Investigación (UEI) que hasta entonces funcionó en la Comisión, un área especialmente dedicada a dar y a fortalecer nuevos indicios que permitan hallar a aquellos bebés que fueron arrancados de sus familias biológicas al nacer como parte del plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio desplegado en el país entre 1974 y 1983. Aún restan encontrar a alrededor de 300 personas privadas de su verdadera identidad.
Pero el encono de las nuevas autoridades no resultó solo con la búsqueda de nietos y nietas apropiados, sino con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia en general. y en esa volteada cayeron organismos, sobrevivientes, referentes y líneas de trabajo desarrolladas desde el Estado a lo largo de las últimas décadas, en dictadura y en democracia, en tiempos de impunidad y cuando el estado, por fin, se hizo responsable de sus crímenes. “Milei y Victoria Villarruel vinieron por todo, quieren cambiar la historia y nos quiere llevar puestos, no va a lograrlo”, señaló Taty Almeida tras la conferencia de prensa.
Este viernes por la tarde estaba convocado un abrazo simbólico al Espacio de Memoria y Derechos Humanos que funciona en la ESMA, en repudio al ataque sistemático del Gobierno a las áreas destinadas a desarrollar políticas públicas de derechos humanos. Ya fueron cerradas las áreas dentro del Ministerio de Defensa dedicadas a analizar archivos de las Fuerzas Armadas y a nutrir causas judiciales con datos para la reconstrucción de la verdad y dados de baja miles de contratos de trabajadores tanto en el Ministerio de Justicia como en la Secretaría de Derechos Humanos (SDH).
Solo la SDH perderá, desde el 31 de diciembre, más de 600 trabajadores. En el Ministerio de Justicia, los despidos superan los 2.200. “La mayoría de los Espacios de Memoria quedan sin posibilidad de sostenerse, de mantenerse, de funcionar. Algunos, incluso, como Virrey Cevallos, deberá cerrar porque se quedará sin trabajadores”, denunció una trabajadora de esa área.