Obispos y curas villeros se oponen al proyecto de bajar la edad de punibilidad que propone el Gobierno. Un primer acuerdo bonaerense como respuesta alternativa.
La Iglesia firma convenio con el Ministerio Público Fiscal bonaerense
La Iglesia bendice la instalación de centros barriales de justicia. Tal es la respuesta alternativa que germina en las barriadas populares; mientras, el Gobierno avanza en el Congreso con su proyecto para bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años, una de las banderas de la ministra Patricia Bullrich en su cruzada por reinstalar la “mano dura".
“Apostamos por una mayor integración social en los barrios periféricos. La idea es fomentar una justicia con rostro humano, de cercanía y contención, que intenta tejer redes allí donde el Estado apenas llega”, resumió un cura villero consultado por Letra P.
El obispo Eduardo García (San Justo), el procurador general bonaerense Julio Conte Grand y el sacerdote Nicolás Angelotti, representantes de los curas villeros, firmaron días atrás un convenio que abre la puerta a un modelo que, lejos de endurecer penas, acerca derechos.
El acuerdo, rubricado en la parroquia San José, del partido bonaerense de La Matanza, abrió la primera oficina judicial emplazada directamente en un barrio popular provincial, una herramienta pensada para facilitar el acceso a la Justicia en territorios donde la vulnerabilidad social es más que una estadística: es una experiencia cotidiana.
La iniciativa no es menor ni casual. En un país donde los discursos de seguridad se endurecen a medida que la pobreza se profundiza, la Iglesia redobla su apuesta por la integración social como antídoto frente a la violencia y la exclusión.
En paralelo, los referentes eclesiásticos endurecen su rechazo al proyecto de ley impulsado por el oficialismo libertario que propone bajar la edad de punibilidad.
La iniciativa que el Gobierno quiere que se apruebe estuvo a punto de conseguir dictamen la semana pasada, cuando la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado encabezó el plenario que, por ahora, quedó postergado.
La próxima cita en la Cámara de Diputados será el 23 de abril y, si logra reunir las firmas necesarias, la iniciativa quedará lista para ser debatida en el recinto.
En su informe de gestión del pasado miércoles ante la cámara baja, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, les reprochó a los legisladores que el proyecto que el Gobierno envió en junio del año pasado todavía no avance.
"Quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años", repitió el ministro coordinador.
El contraste entre estos dos modelos de abordaje es claro. Mientras el Ejecutivo insiste en endurecer penas para adolescentes, la Iglesia y los operadores de justicia de cercanía proponen "más oportunidades que castigos".
La fórmula no es retórica. Los curas que viven en estas barriadas saben que detrás de cada pibe que delinque hay un entorno que lo empuja: el narcomenudeo, la escuela que no retiene, la violencia doméstica, el Estado ausente.
El propio Conte Grand subrayó que la apertura de estas oficinas judiciales en las barriadas populares busca hacer pie en territorios donde "el crimen organizado combate con herramientas muy fuertes" y donde, a falta de respuestas institucionales, son las organizaciones sociales, los curas villeros y las parroquias las que ofrecen el primer refugio. En estos barrios, la Iglesia sostiene que el punitivismo sólo alimenta la espiral de violencia.
En su último pronunciamiento ante el debate legislativo, la Conferencia Episcopal Argentina fundamentó su posición mediante estadísticas: los delitos perpetrados por adolescentes representan apenas el 0,4% del total y los homicidios donde están involucrados menores no superan el 0,7%. Cifras que, en la mirada de la Iglesia, desnudan el sesgo estigmatizante de las políticas de "mano dura" que proponen modificar el régimen penal juvenil.
El actual arzobispo platense Gustavo Carrara, con años de experiencia por haber vivido y trabajado pastoralmente en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño, fue una de las voces que advirtió sobre el riesgo de criminalizar la pobreza.
"El problema de fondo no es la edad de los que delinquen, sino la falta de una política sostenida de integración social", planteó el primer cura villero designado obispo por el papa Francisco.
En sintonía, la Comisión Episcopal de Pastoral Social reforzó su postura en el documento "Más oportunidades que penas", en el que reclama la creación de espacios de contención y acompañamiento para jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El debate sobre la baja de edad de imputabilidad condensa dos miradas enfrentadas sobre la seguridad y la infancia. Mientras el oficialismo promueve reformas penales que avanzan sobre los derechos de adolescentes, desde la Iglesia se insiste en fortalecer las redes sociales y comunitarias que sostienen a estos jóvenes antes de que el delito sea una alternativa.
El convenio firmado en La Matanza es, en ese sentido, mucho más que una respuesta institucional. Es el gesto concreto de un modelo de justicia que, en vez de esperar a las personas adolescentes en el umbral del sistema penal, busca acompañarlos antes de que crucen esta puerta.
Frente a la tentación de endurecer penas como fórmula mágica, la Iglesia propone una alternativa menos espectacular, pero más acorde a la doctrina bergogliana: prevenir en lugar de castigar.