El máximo tribunal objetó la reelección indefinida que habilita la Constitución provincial. El gobernador primereó y ya tiene la ley para modificarla.
Gildo Insfrán tiene en sus manos la potestad de convocar a elecciones constituyentes en Formosa.
La Corte Suprema de Justicia finalmente le dijo a Gildo Insfrán que el capítulo electoral de la Constitución de Formosa que habilita la reelección indefinida debe readaptarse para garantizar la alternancia en el poder provincial. El fallo fue celebrado por la oposición, pero el gobernador la vio antes y hace rato que ya jugó su carta preventiva.
Ante las demandas que se acumulaban en el máximo tribunal, la Corte aplazó a las autoridades provinciales para que contestaran las acusaciones opositoras. Cuando esos expedientes comenzaron a moverse, Insfrán olfateó que algo había cambiado.
El gobernador que asumió en ese cargo en 1995 y desde entonces supo manejar los hilos del poder para construir una hegemonía inédita en el país, redobló la apuesta y convocó a discutir la necesidad de una reforma constitucional que en cuestión de días fue aprobada por la Legislatura a fines de octubre pasado.
Los bloques opositores, principalmente el radicalismo, quedaron en offside. Todos los reclamos que históricamente habían sostenido contra las cuestiones institucionales en la provincia encontraban un lugar para canalizarse a partir de un movimiento del propio Insfrán.
Votaron en contra de habilitar una reforma, aunque se bancaron las críticas de todo el oficialismo y se encargaron de denunciar la jugada a partir de la cual, aseguran, el gobernador sólo busca garantizarse la posibilidad de mantenerse en el poder “por uno o dos mandatos más”.
La defensa del gildismo en ese sentido es contundente. Ganó las últimas elecciones con el 70% de los votos y son casi inexistentes las ocasiones en que ese poder estuvo en riesgo. Además, aseguran, la provincia sostiene el superavit fiscal desde hace 22 años, lo que le permite tener sus cuentas en orden en medio de la debacle general de la actividad, la recaudación y las trasferencias nacionales. Por esa razón, entienden que el próximo paso en el proyecto provincial es aggiornar la Carta Magna ante un mundo que cambió mucho desde la última reforma.
El último cambio fue precisamente motorizado por Insfrán en 2003. Entre otras cosas, habilitó la re-re, que hasta entonces estaba vedada. No parecía ser una jugada que pusiera en riesgo la alternancia. Su propio antecesor, Vicente Bienvenido Joga, del que Insfrán fue dos veces vice, había hecho algo parecido en 1991, modificando el artículo que lo convirtió en el primer gobernador reelecto de la historia de Formosa.
Para el gildismo, la discusión sobre la reelección no es un tema relevante en la discusión de la nueva Constitución. De hecho, niegan que exista en el texto actual algo que habilite algo como “la reelección indefinida”.
El artículo 132 de la Constitución formoseña dice que “el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos”. En el oficialismo siempre apuntaron a esa textualidad para advertir que, simplemente, la ciudadanía es la que elige libremente a sus representantes. Para la oposición eso es una “trampa” que va en contra de lo establecido en la Constitución Nacional.
Más allá de todo, Insfrán propone discutir de principio a fin el texto que él mismo impulsó en su provincia hace más de 21 años. Son 189 artículos que entiende deben ser modificados para “fortalecer las instituciones, modernizar las políticas públicas, potenciar el desarrollo de la provincia con equidad social y sustentabilidad ambiental, y avanzar en el afianzamiento del pleno ejercicio de derechos y garantías por parte del pueblo formoseño”.
En la ley aprobada por la mayoría oficialista se establece que el Poder Ejecutivo tiene 12 meses para convocar a elecciones constituyentes y dar forma al cuerpo que se encargará de redactar el nuevo texto constitucional.
Se aplicará la normativa vigente para las elecciones de diputados provinciales, con Ley de Lemas y listas con paridad de género, aunque esta vez sin la necesidad de respetar los plazos especificados en el código electoral. Es decir, la fecha dependerá de Insfrán.
Como la Legislatura, el cuerpo tendrá 30 integrantes y comenzará a funcionar diez días después de la proclamación de los representantes electos.
A partir de allí, la convención constituyente tendrá 60 días para redactar la nueva Carta Magna y adaptarse, así, a los requirimientos de la Corte Suprema.