María Servini acumula las denuncias. Eduardo Taiano, que tiene un hijo en la Casa Rosada, deja afuera a Karina Milei. La pena CFK y el volcán Estados Unidos.
Jueza federal María Servini y fiscal Eduardo Taiano.
Comodoro Py ya no parece jugar a la vanguardia. Una semana le llevó a los tribunales de Retiro reaccionar frente al escándalo que hizo tambalear al gobierno de Javier Milei después de que el Presidente promocionara la memecoin $LIBRA minutos después de ser creada. El criptoescándalo terminó con pérdidas millonarias y denuncias de acuerdos espurios y coimas cobradas por el entorno más cercano del mandatario.
A las 19.01 del viernes 14 de febrero, Milei publicó un tuit con el enlace de contrato para adquirir los criptoactivos. La publicación estaba encabezada por una frase sobre un futuro venturoso. “La Argentina liberal crece”, celebraba el Presidente. Inicialmente $LIBRA costaba 0,01 dólares, pero, tras la intervención de Milei en Twitter, pasó a valer cinco dólares: un crecimiento exponencial. Después, alguien tiró de la alfombra, unas pocas billeteras se llevaron alrededor de 100 millones de dólares y otras 40.000 perdieron todo lo que habían invertido.
A las pocas horas, el economista Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, presentó, junto al abogado Jonatan Baldiviezo, la primera denuncia contra el Presidente en los tribunales de Comodoro Py. Hubo otras: hacia allí fueron Juan Grabois, dirigentes de la Coalición Cívica, Victoria Donda y el abogado Gregorio Dalbón, entre otros.
Las denuncias se acumularon en el juzgado de María Servini, que llamó a ratificar sus presentaciones a los denunciantes. El jueves recién, la jueza decidió delegar la pesquisa en el fiscal Eduardo Taiano, que estaba de viaje en Costa Rica. Si bien lo estaba reemplazando su colega Gerardo Pollicita, Taiano pidió que lo esperaran para tomar las primeras medidas. Será él quien le imprimirá el ritmo a la investigación.
El viernes, a primera hora de la tarde, Taiano requirió informes al Banco Central, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). También le pidió a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) que preservara la prueba digital. No hubo allanamientos ni pedido de informes sobre las reuniones que habría mantenido Milei, que se fueron conociendo con el correr de los días.
El fiscal delimitó el hecho que investiga: las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y el lanzamiento de $LIBRA. Para ello, tendrá que investigar lo que sucedió el viernes 14 de febrero y antes para determinar si hubo una concertación de Milei con los creadores de la criptomoneda.
Taiano, además, explicitó qué delitos está investigando: abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. Varios de estos delitos tienen penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos –la misma sanción que dictaron contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, que en poco tiempo podría llegar a la Corte Suprema.
Al tener delegada la investigación, Taiano no hace un requerimiento de instrucción sino que muestra a quiénes estará investigando. Esa nómina está integrada por:
La impronta de Taiano no es tan mala para la Casa Rosada. Si bien varios de los denunciantes –como Dalbón– pedían investigar a Karina Milei como quien habría sido la gestora de las supuestas coimas, la secretaria general de la Presidencia quedó fuera de la mira del fiscal. Al menos, por ahora. Celebra el triángulo de hierro.
Dalbón también les había apuntado al vocero Manuel Adorni, a Francisco Caputo –coordinador de la Fundación Faro y hermano mayor de Santiago Caputo, asesor todoterreno del Presidente– y al politólogo Agustín Laje, emblema de la “batalla cultural” que libra Milei. Laje no solo dirige la Fundación Faro, sino que también dio capacitaciones junto al Presidente en NW, el instituto que fundó Novelli.
La investigación no arrancó con medidas espectaculares, lo que favorece al Gobierno, que espera que baje la espuma del escándalo mientras Milei está de gira por los Estados Unidos.
La pesquisa comenzó, en cambio, con varias recriminaciones al fiscal porque su hijo es funcionario de la Jefatura de Gabinete, que conduce Guillermo Francos. Federico Nicolás Taiano es el titular de la Unidad de Bienes Decomisados. Durante el macrismo, Taiano junior había llegado de la mano de Cristian Ritondo al Ministerio de Seguridad bonaerense, donde ejerció como responsable integral de Protección Ciudadana.
No son pocos quienes creen que Comodoro Py está expectante por otra definición: la candidatura del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema. El Gobierno no llevó el pliego al Senado el viernes, como estaba previsto. La Casa Rosada tiene en carpeta designar a través de un decreto dos jueces para ocupar las vacantes en el máximo tribunal. Manuel García-Mansilla es número puesto. El gran interrogante es si Lijo, que el año pasado cumplió dos décadas en su juzgado del tercer piso de Comodoro Py, se va a prestar a asumir un cargo por un año y perder su lugar en los tribunales de Retiro.
“Todo está en manos de Milei”, afirman en el Palacio de Talcahuano, donde también barajan la posibilidad de que el titular del Juzgado Federal 3 se tome licencia para ir a probar suerte en el cuarto piso. Lo que pase con Lijo puede tener impacto en el expediente $LIBRA: tanto Servini como Taiano son dos funcionarios de su confianza. Servini suele dejar su juzgado a cargo de Lijo cuando está de licencia. Con el fiscal se conocen desde la época en que ambos trabajaban bajo las órdenes de la camarista Luisa “Piru” Riva Aramayo, primera jefa política de Comodoro Py.
“Milei debería designar un abogado para controlar la prueba que se va produciendo”, afirma un penalista que suele recorrer los tribunales porteños. Durante la semana corrió la versión de que Mariano Cúneo Libarona podría dejar el Ministerio de Justicia para asumir la defensa del Presidente. El rumor pareció tener más cuerpo después de que el Presidente confesara, en la entrevista con Jonatan Viale, que quien conocía los pormenores era el ministro –el desliz motivó la abrupta interrupción de Santiago Caputo–.
Si Cúneo Libarona estaba siguiendo el tema, esto implicaba que era una cuestión propia del Gobierno. Esa caracterización iba en contra de la que impulsó durante las primeras horas Francisco Oneto, que decía que, en realidad, Milei tuiteó como ciudadano. Oneto es un abogado cercano al Presidente. Lo defendió en la denuncia que inició Jorge Fontevecchia después de que el mandatario lo calificara de “periodista ensobrado”. En Comodoro Py, hubo camaristas que contaron que recibieron en los últimos meses llamados de Oneto para conversar o almorzar.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió dos investigaciones por el Libragate. Un expediente se inició en base a denuncias anónimas. El otro se originó por una denuncia que presentó Graciela Ocaña por el supuesto pago para obtener audiencias con el Presidente. Todo es muy incipiente. La oficina, que dirige Sergio Rodríguez, debería coordinar las investigaciones con las que se están llevando adelante en Comodoro Py y con la que está en el fuero penal económico, que podría acumularse a la que está en manos de Taiano. En San Isidro, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado tiene otra denuncia, lo que podría derivar en una contienda de competencia con los tribunales de Retiro.
El Gobierno quiere autoinvestigarse. Milei firmó un decreto para que la Oficina Anticorrupción (OA) analizara su conducta. La OA está en manos de Alejandro Melik, un abogado amigo del ministro de Justicia. En las primeras horas del escándalo, la Casa Rosada anunció la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI). En el Senado, con la ayuda de los legisladores que responden a los gobernadores radicales y del PRO, logró bloquear la conformación de una comisión investigadora. “Hace no mucho tiempo, Milei dijo que el que no se dejaba auditar era un chorro. Parafraseándolo, el que no deja que una comisión lo investigue busca impunidad”, sostiene el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Más allá del fuero interno, lo que le preocupa al Gobierno es lo que vaya a suceder en los Estados Unidos, donde ya empezaron a moverse algunos bufetes de abogados y se radicaron denuncias ante el FBI, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia. El principal miedo es que haya un arrepentido.