Natalia Contini afronta un pedido de revocatoria en Anisacate. Pasó del PRO a LLA sin pedir permiso. El diputado la ignora. Mal precedente y ¿rescate amarillo?
Natalia Contini, intendenta de Anisacate, atraviesa un pedido de revocatoria vecinal.
Gabriel Bornoroni no hace cargo de los problemas de Natalia Contini, la primera intendenta cordobesa de saltar del PRO a la LLA.
Con distintos argumentos, un creciente número de intendentes ajusta sus exposiciones públicas para sumarse al tren deLa Libertad Avanza. Severo, Gabriel Bornoroni, el guarda del trayecto por Córdoba, repite: no hay lugar para quienes no partan de la plataforma oficial. Ni siquiera lo conmueven las urgencias de Natalia Contini, la jefa comunal de Anisacate, quien afronta un pedido de revocatoria.
El titular de la LLA repite que la estructura que arma en la provincia debe contener e impulsar nombres propios. Por oposición, sigue excluyendo públicamente a dirigentes que acrediten pasado en partidos genéricamente identificados como “casta”. La mención incluye a destacados referentes de peso nacional, como Luis Juez y Rodrigo de Loredo; también a jóvenes funcionarios que manifiestan sentirse en la antesala del cubil libertario, como la Contini.
"Yo me pasé sin pedir permiso desde el día que decidí apoyar al presidente en su gobierno. Confío plenamente en su plan desde que asumió, porque demostró que estaba haciendo lo que dijo que iba a hacer”, dijo recientemente en una entrevista a La Voz. Bornoroni no acusó recibo, otra vez.
Los intentos de Contini por convertirse en representante libertaria remontan a 2024, seis meses después de asumir su cargo en Anisacate, una localidad de 8.500 habitantes que ha registrado un crecimiento exponencial en la última década gracias a la migración de habitantes de la capital.
Aunque al cargo llegó en representación del PRO, como parte de la línea halcona que lidera Patricia Bullrich, allí mismo instaló el primer local de Juntos por la Libertad, una proyección semántica de la fusión que en los hechos aún intenta la ministra de Seguridad.
Ese intento mereció una rápida elusión de ambos partidos. Desde la fuerza amarilla lo presentaron como una decisión inconsulta. Desde LLA negaron cualquier reciprocidad inmediatamente. Entonces, como ahora, el argumento es el mismo: los que están en este armado deben acreditar liberalismo de origen.
De esta manera relativizan las expresiones de Contini, quien afirmara a este medio que en estos días ha recibido muestras de apoyo de las voces libertarias del valle de Paravachasca.
El entorno de Bornoroni reconoce que hay contactos con muchos intendentes. Sus nombres permanecen bajo llave, al resguardo de las estrategias transversales que nutren al Partido Cordobés de Martín Llaryora. “Muchos hacen show, pero siguen siendo casta”, deslizan a este medio.
Consecuentemente, en el recuento inicial de 2025 siguen siendo sólo dos jefes comunales con credenciales oficiales: Héctor González, de Rayo Cortado; y Adrián Radice, de Villa El Chacay.
La dirigencia del partido amarillo, que atraviesa su propia crisis, no quita el carné a Contini, una de las 16 intendencias que cuenta como propias.
Con énfasis, niegan la existencia de una interna departamental detrás del pedido de revocatoria en su contra. Las versiones que circulan por el valle de Paravachasca orean una vieja disputa por la representación amarilla en la región.
Las referencias provinciales del bullrichismo aseguran que, por el contrario, la intendenta cuenta con el cerrado apoyo del PRO, partido que representó como concejal desde 2019 a 2023. Incluso, con un canal permanentemente abierto con el legislador provincial Ignacio Sala, aventando cualquier rumor de rispidez.
Tampoco elevan la voz al analizar las intenciones de la alcaldesa de acercarse al entramado libertario. Se trata, entienden, de una coincidencia natural, como la que impulsa el ala halcona.
Desde el macrismo tampoco sueltan su mano. Desde hace meses llevan adelante un proceso de contención de la tropa propia, que incluye a intendentes y unos 70 concejales de toda la provincia.
Ambos sectores coinciden también en expresar su preocupación por el proceso de destitución abierto en su contra. Aunque no le encuentran sustento, adjudicando las acusaciones a una maniobra del exintendente Ramón Salazar, hombre de Hacemos Unidos por Córdoba, quien permaneciera por más de 20 años en la jefatura municipal, consideran que siembra un peligroso antecedente.
Tan peligroso que ameritaría, repiten, revisar las cláusulas de Ley de Municipios, que establece la posibilidad de convocar a revocatoria con una cantidad de avales equivalente al 3% del padrón de electores. Con inquietud, miran hacia la ciudad de Mendiolaza, donde Adela Arning volantea una seria crisis institucional.
La mención del peronismo provincial tiene varias implicancias. La primera apunta al operativo de seducción de intendentes extrapartidarios que el gobierno de Llaryora lleva adelante, aún desde antes de su asunción. Ante ello, precisamente, opera el tabicado amarillo antes mencionado.
Fuentes del PJ en la zona desmienten cualquier injerencia del oficialismo provincial. Por el contrario, destacan que Contini recibe el mismo trato que los otros jefes comunales. Incluso, alertan que el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, la recibió en la reunión con la Comunidad Regional del Departamento Santa María, días después de la convocatoria al proceso de revocatoria.
La segunda involucra a la pata radical del Partido Cordobés. Denunciantes de la intendenta suman en sus razones, además de mal desempeño en el cargo como falta de provisión de servicios básicos, aumentos injustificados de tasas y sospechas de corrupción, a la que se sumaría la contratación de asesores jurídicos que provienen de la UCR .
Operadores de la zona no niegan los ruidos que provoca la apelación de profesionales de otras localidades para realizar tareas presentadas como “regularización” de deudas y cancelación de concesiones para obras. Sí descartan que sea intención de los armadores boinablanca enturbiar la gestión de una potencial aliada.
Con ritmo distinto a la paz serrana, avanza el proceso que podría derivar en la destitución de la joven dirigente. Este martes, la jueza de Paz, Marisa Ocampo, habilitó la recolección de firmas, proceso que iniciará el 11 de febrero.
A partir de allí, la oposición deberá reunir adhesiones de un 10% del padrón, estimado en 6.400 votantes. Si así ocurriere, Contini deberá llamar a un referéndum para que los mismos vecinos que la consagraron en junio de 2023, por sólo 18 votos, decidan si revalidan o quitan aquel poder conferido.