La mano derecha de Toto Caputo acumula media docena de investigaciones por actividades reñidas con la función pública. Aseguradoras y agro.
Juan Pazo, titular de la ARCA
Juan Pazo, el ladero de Toto Caputo, conducirá la ARCA pese a tener denunciar por incompatibilidad de funciones.
El desplazamiento de urgencia de Florencia Misrahi fue el salvoconducto de Juan Pazo para recalar en la cúpula de ARCA. En una carambola de movimientos oficialistas, el funcionario de Javier Milei, investigado y denunciado por evasión y negocios incompatibles con la función pública, quedó al frente de la agencia recaudadora nacional.
El 4 de diciembre, el ministro de Economía, Toto Caputo, sacudió el tablero anunciando cambios en su área, que incluían el desplazamiento de uno de los hombres de su mayor confianza. De esta manera, Pazo salió de la secretaría de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo hacia la Cancillería, un movimiento que se interpretó como una caída en desgracia del funcionario, pero 48 horas después esa lectura se revirtió cuando se conoció que el abogado multitasking sería la persona elegida para reemplazar a Misrahi.
En el mismo momento en que el gobierno de Milei amenaza con destituir a legisladores que tengan causas judiciales abiertas, Pazo fue elegido para ocupar la agencia recaudadora y principal organismo anti evasión. Se trata de un funcionario con una larga lista de sospechas, investigaciones y denuncias por falta de transparencia en sus cuentas. Antes de convertirse en operador todoterreno, ocupó un lugar preponderante en Las Blondas, la compañía que explota las marcas Rapsodia, Punto Cruz, Caro Cuore y Baby Cotton.
Hasta diciembre de 2023, el funcionario fue el CEO de la empresa fundada por su esposa, Josefina Helguera, con quien también crearon otra compañía que declaró entre 2010 y 2013 fue propietaria de un departamento en Miami, más específicamente, en un condominio de la avenida Collins valuado en 475.000 dólares.
En 2018, Harbour House 1533 Corp, como se llamó la empresa del matrimonio, se desprendió de ese inmueble, pero adquirió otra propiedad del mismo condominio que, según la tasación estadounidense, alcanza el millón de dólares. Ese año Pazo era Superintendente del Seguro (SS) del gobierno de Mauricio Macri y esa propiedad no figuraba en su declaración jurada, según reveló el actual diputado nacional Rodolfo Taihlade.
Más allá de la opacidad patrimonial, su paso por el organismo encargado de regular al mercado asegurador fue aprovechado por el abogado ladero de Caputo para tejer relaciones que redundaron en excelentes negocios. Junto al actual superintendente Guillermo Plate, que ocho años atrás lo secundaba en la Super, crearon el “Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros" (PROSAS), conocido en el mercado como Seguro Verde, mediante el cual recibían el aporte "voluntario" de las compañías del sector.
Bajo la fachada de fortalecer los compromisos de reducción de carbono establecidos en los Acuerdos de París y Bonn, y el restablecimiento del bosque nativo, se creó este fondo que se nutre de "el aporte económico de las aseguradoras al Prosas será del uno por ciento (1%) sobre las primas emitidas netas de anulaciones correspondientes a los contratos de seguro de los Ramos Vehículos Automotores y/o Remolcados, Transporte Público de Pasajeros y Motovehículos".
Es decir, creó una caja multimillonaria de manejo discrecional que debería ser destinada en un 90% a la promoción de inversiones en nuevos emprendimientos forestales y ampliaciones de bosques existentes. El restante 10% para desarrollar actividades tendientes a fomentar la cultura aseguradora en la República Argentina. Al día, la página oficial del proyecto no aporta ningún balance público sobre sus resultados.
La creación del Seguro Verde, provocó sospechas sobre la condición voluntaria de los aportes pero sobre todo en la situación en la quedaban las empresas que no aportaban al fondo. De hecho, en el juzgado federal del juez Sebastián Ramos se tramita una denuncia, que apunta directamente contra Pazo y Plate, por la supuesta "protección" que se le brindaba a las compañías que se adherían al Prosas.
La denuncia presentada por el periodista Nicolás Galarza sostiene que la "maniobra extorsiva" era ejecutada por Bianca Orlandini, coordinadora del Plan Seguro Verde, quien requería "esta contribución “voluntaria” como contraprestación a una cobertura ilegítima del Organismo de Control de las aseguradoras, que ella misma denomina "protección total", ya que implicaba que quién suscribe al plan no tendrá objeciones a sus balances; y obtendrá liberalidades y normativas a medida".
La misma denuncia también alerta sobre el manejo opaco de los fondos recaudados por la Superintendencia del Seguro en la época de Pazo, mencionado un escrito presentado por la ONG Fundación Planeta Tierra Habla ante el organismo. En esa presentación, elaborada en base al análisis de la Auditoría interna del organismo en 2018, advertían sobre “la falta de información sobre el manejo de los fondos públicos asignados a los beneficiarios como aportes no reintegrables”.
"No hay un listado público de los grandes forestadores, ni de grandes empresas que desarrollaron actividades comprendidas en la ley, su ubicación geográfica, montos de las inversiones realizadas, ni el costo fiscal acumulado dentro de los presupuestos anuales”, indicaron y señalaban que "tampoco incluyen datos sobre las jurisdicciones provinciales implicadas, ni sobre el beneficio aplicado a las superficies, información necesaria para corroborar la legitimidad de los montos asignados".
Esa información es clave porque apenas dejó su puesto en el gobierno de Macri, Pazo creó Invernea, una administradora de emprendimientos agrícola ganaderos que tiene entre sus opciones de inversión la participación en fideicomisos para el desarrollo de cortinas forestales, el mismo sector al que financia el fondo Prosas. ¿Los partners del emprendimiento? Las principales aseguradoras del país. Las vueltas de la vida.
Según la resolución que estableció el fondo en cuestión, la ejecución de los recursos aportados por el mercado asegurador debían ser ejecutados por el entonces Ministerio de Agroindustria. De ahí la inquina que desplegó Pazo para colocar a una persona de su entorno en el Ministerio de Agricultura de la administración libertaria. En julio el lobby feroz dio sus frutos cuando se anunció la salida del secretario de Agricultura, Fernando Villela, que fue reemplazado por Sergio Iraeta.
"El abuelo" Iraeta, como lo conocen en el mundo campero, está directamente vinculado a los negocios comerciales del nuevo titular de la ARCA, ya que Estanislao Iraeta, el tercero de sus cuatro hijos, ocupa uno de los principales cargos en Invernea. Desde ese cargo, el secretario de Agricultura deberá administrar los fondo que hoy capta Plate en la Superintendencia y desembolsarlo a los proyectos que decida, sin rendirle cuentas al nadie.