El intendente elimina áreas y redefine funciones para pasar la crisis económica y el año electoral. Ambiente y Economía Circular, las que siguen. Los detalles.
Daniel Passerini reestructura su gabinete
Daniel Passerini ha decidido profundizar la refacción del gabinete de su gestión. A partir de esta semana la intendencia de Córdoba irá anunciando sucesivos retoques en la estructura. Todos seguirán una misma consigna: ajustar el organigrama a los tiempos de restricciones que atraviesa y para los cuales no espera una solución inmediata.
La nueva muestra es la decisión de disolver la secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria. No sólo que no habrá reemplazo para el excomisario Claudio Vignetta, quien renunciara el pasado lunes. Las principales obligaciones de la cartera serán repartidas en dos áreas.
La gestión de las Guardias Urbanas quedará en manos de Juan Manuel Aráoz, administrador General de la Justicia Administrativa de Faltas. Con rango de secretario, el abogado tomará un hierro candente. Como contara Letra P, según distintas encuestas la inseguridad es la principal preocupación de los capitalinos.
Capítulo clave para la narrativa del Partido Cordobés, la problemática ha merecido innovaciones, como el diseño de aquella fuerza, que realiza patrullajes preventivos y cuenta con facultades para intervenir ante delitos en flagrancia, y la reciente incorporación de agentes privados a dispositivos oficiales. La nueva promesa para el empoderado funcionario no difiere de lo conocido: más recursos técnicos y mejor articulación con el trabajo de la Policía.
El desmembramiento de la secretaría también incluye a la Dirección General Ejecutora de Riesgo Eléctrico y a Defensa Civil, que pasarán a la órbita de la Secretaría de Gobierno, en manos de Rodrigo Fernández, uno de los coraceros de la gestión passerinista.
En rigor, Defensa Civil volverá a depender de la cartera bajo la cual estuvo históricamente. Su cambio en el esquema de gobierno había sido dispuesto durante la gestión de Martín Llaryora. Voces críticas presentaron aquella decisión como derivación de una sucesión de denuncias, por corrupción en la entrega de habilitaciones a locales comerciales, que involucraron a funcionarios del área.
Hasta aquí, el más sonado cambio de piezas se ha dado en la subsecretaría de Finanzas. Allí llegó Matías Vicente, funcionario que se desempeñaba en el gabinete provincial y es cercano al ministro de Economía de la Provincia, Guillermo Acosta.
Desde distintos sectores, se interpretó tal movida como una jugada del llaryorismo para volver a marcar la cancha en el Palacio 6 de Julio. Control como condición previa al desembolso de fondos frescos, la clave de tal análisis.
Desde la Municipalidad desmintieron la especie recitando la composición más apropiada al momento: intendente y gobernador son parte de un mismo proyecto, que se sustenta en un mismo modelo, al que representa un mismo equipo repartido en ambas sedes.
No obstante, en uno y otro gobierno, coinciden en admitir el trasfondo crítico de la decisión. La intendencia se apresta a enfrentar otro año con varias restricciones económicas, la mayoría de ellas adjudicada a la gestión de Javier Milei, cuya motosierra apunta al corazón de las administraciones de segundo y tercer nivel.
La pertenencia a un mismo equipo no evita revisiones, tampoco chispazos en las periferias de ministerios y secretarías. En corrillos municipales destacan que la estructura de gabinete con que se manejaba el gobernador, cuando era intendente, respondía a otro contexto socioeconómico. También a otras prioridades de gestión. Por ende, 500 días después, es momento de analizar con minuciosidad aquello que se ha heredado.
El próximo target de la revisión serán algunas áreas consideradas críticas. La primera en la lista es la Secretaría de Ambiente y Economía Circular, hoy en manos de Jorge Folloni.
De dicha cartera se desprenden cinco dependencias: la Subsecretaría de Gestión Ambiental, el IPA (Instituto de Protección Ambiental y Animal), Cormecor (Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana), el COYS (ente para la realización de obras y servicios Públicos) y el Ente BioCórdoba (creado para “recuperar, conservar y proteger la biodiversidad, revalorizando la flora y la fauna autóctona”).
Se trata de áreas creadas o reforzadas durante la gestión de Llaryora, quien asignó capital importancia a la problemática ambiental y a los proyectos de economía circular. Su importancia se refleja en un repaso de nombres: Victoria Flores, hoy ministra de Ambiente, presidió el Coys; Juliana García Aresca, hermana del diputado Ignacio García Aresca, es vocal en BioCórdoba; el mencionado Folloni es aún considerado parte del ecosistema llaryorista, cualidad que lo blinda ante cuestionamientos y rumores.
En el Palacio 6 de Julio creen que semejante estructura luce desproporcionada. En palabras de segundas líneas, el tamaño contrasta con la escasa eficiencia, razón que justifica un análisis “profundo”. O sea, los exámenes prequirúrgicos para una pronta intervención.
Dicho análisis no se agota en Ambiente. La secretaría de Cultura y la secretaría de Educación siguen bajo la lupa. Sobre la primera, que ya tuvo retoques, rondan rumores de nuevos rediseños. Para la segunda se reconocen problemas en las condiciones para la prestación de servicios propiamente dicha.
Voceros del intendente destacan que todos los cambios en el gabinete responden a la misma lógica: readecuar la estructura para lograr mayor eficiencia en la gestión. “Mejores soluciones con menos recursos”, rezan como axioma a demostrar.
Las mismas fuentes evocan el caso de Gabriel Bermúdez, desplazado del área de Movilidad Urbana al inicio del gobierno de Passerini. Tras su salida, el área, que incluye a Transporte, tuvo su firma en manos del mencionado Fernández hasta el nombramiento de Eduardo Ramírez como subsecretario de Transporte hace sólo tres meses.
El passerinismo también vincula aquella decisión con la consecución de mejores resultados. Destacan que en dicha área lograron avanzar hacia un nuevo esquema de transporte urbano, con menor participación de la estatal Tamse gracias a la llegada de nuevos jugadores privados, y la implementación de la tarjeta Sube, que permitiría ahorrar un 15% de lo que aporta el municipio al sistema.
Aspecto neurálgico de cualquier administración municipal, los problemas en la movilidad urbana siguen siendo punto fijo en la artillería que descarga la oposición, desde los concejales hasta el diputado nacional Rodrigo de Loredo. En épocas preelectorales, nadie dejará pasar ese colectivo.