La titular del PJ forzó al líder de APL a reunirse con la vice. Frenaron nuevas cesantías, pero no se reincorporó personal. El plazo para la judicialización.
Victoria Villarruel.
Norberto Di Próspero quedó entre la espada y la pared. El histórico secretario general de la Asociación de Personal Legislativo (APL) conforma la lista del PJ que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, quien le exigió una intervención en el Senado para frenar la ola de despidos y conseguir la reincorporación de las 56 bajas dispuestas por Victoria Villarruel.
Di Próspero, quien ocupa el cargo desde hace dos décadas, se reunió hace 15 días con la vicepresidenta y, por ahora, sólo logró evitar que continúen los despidos, pero no hay noticias sobre la revisión de los que se llevaron a cabo. Si para la semana próxima Villarruel no da marcha atrás, el kirchnerismo exige judicializar el conflicto.
“Le encargamos al gremio que arregle la situación, sino lo hace no queda otra alternativa que ir a Tribunales", explicó ante Letra P un referente de Unión por la Patria del Senado. El bloque fue víctima de 20 de las 56 cesantías totales, dispuestas en dos tandas: hubo una resolución para echar a los 36 empleados que fueron pasados a planta permanente hace un año y otra para desplazar a 20 temporarios.
Fuentes del peronismo aseguran que Di Próspero tuvo que dar explicaciones ante Cristina y las autoridades de bloque de la cámara alta, José Mayans y Juliana Di Tullio. UPCN y ATE son los otros gremios que intervienen, pero tienen una incidencia menor.
Por ahora, ningún sindicalista prefiere chocar públicamente con Villarruel y apuestan a una negociación lenta, sin denuncias que puedan ocasionar una escalada. Hace 15 días, APL emitió un comunicado para rechazar los despidos, pero luego de la reunión con la vice no volvieron a expresarse públicamente. "Estamos en plena negociación, la semana que viene se define", respondieron voceros del gremio a LetraP.
Villarruel definió los despidos luego de una auditoría de la Comisión de Análisis de Dotación (CAD) de la cámara alta, creada en mayo pasado, coordinada por el director de recursos humanos, Diego Gonzalo Izurieta; y la de directora de Asuntos Jurídicos, Grisela Alejandra García Ortiz.
La decisión le ocasionó una fuerte interna a la vicepresidenta: presentó la renuncia la secretaria administrativa del Senado, María Laura Izzo, molesta por haberse enterado de las resoluciones por los diarios. Pero la funcionaria aún sigue en el cargo, donde debería ser ratificada en febrero.
Villarruel no argumentó motivos puntuales ni especificó si el personal desplazado estaba asistiendo a trabajar. Luego de la reunión con la vicepresidenta, el delegado en el Senado de APL, Fabián Zaccardi, envió un mensaje de audio a sus afiliados para contenerlos. Garantizó que no habría más despidos, pero no dio certezas sobre las reincorporaciones.
"Quiero llevar tranquilidad a todos los compañeros de que no habrá otro decreto de bajas. No va a pasar nada. Por los despidos que salieron, se quedó en seguir hablando la semana que viene", fue el mensaje de uno de los principales laderos de Di Próspero.
Lo cierto es que durante las dos semanas siguientes no hubo reuniones y Villarruel no dio señales de dar marcha atrás con los despidos. "Los gremios fueron invitados a la comisión y no asistieron. Luego reaccionaron cuando se firmaron las resoluciones. Sólo se acordó hacer una pausa con las cesantías", informaron a Letra P desde la vicepresidencia.
Fuentes cercanas a Villarruel aseguran a Letra P que García Ortiz está segura de ganar una eventual denuncia judicial la semana próxima, cuando hayan vencido los plazos para una revisión interna. Preparados para esta situación, hay personal expulsado que sigue asistiendo todos los días a sus habituales puestos de trabajo. Confían en comprobar una antigüedad que impide un despido sin causa.
Además de la pelea con Izzo y de la presión de UP, con esta medida Villarruel rompió su vínculo con algunos aliados como la UCR y el bloque Provincias Unidas que perdieron personal en sus despachos. También hubo despidos en el PRO.
El primer roce había sido en julio, cuando la vicepresidenta firmó una resolución para obligar al presentismo del personal, que provocó la obligada renuncia de agentes que responden a bancadas afines al Gobierno. Un jefe de bloque chico tendría hasta 15 ñoquis en su provincia, según las versiones que circulan en el Senado.
También hubo reclamos de los delegados del gremio que no militan en el PJ y tienen a su titular como miembro de ese partido.
"De mínima, pedimos que no estén haciendo campaña en las redes, porque APL no tiene porqué ser partidario", contó uno de los dirigentes que planteó la queja ante Di Próspero. El gremio soporta además una presión de los afiliados por el atraso salarial, que es acompañado por la exigencia de presentismo en ambas cámaras del Congreso. No parece tener una pronta solución.