Pese a la desregulación, la empresa captará un negocio millonario si los gobernadores desenganchan sus comicios del calendario nacional. El antecedente porteño.
Por el desdoblamiento de elecciones provinciales, el Correo Argentino podría absorber un negocio millonario.
La posibilidad de que varias provincias desdoblen las elecciones locales del cronograma nacional 2025, disparó una serie de intrigas y especulaciones, fortalecidas por la aprobación de la boleta única de papel. Si las versiones se vuelven realidad, el Correo Argentino, una empresa en vías de ser desarticulada por el gobierno de Javier Milei, tendría un rol central en el esquema electoral del año próximo.
En la cúpula de la empresa estatal de logística se frotan las manos frente a la hipótesis de que las provincias, pero sobre todo Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, se animen a desacoplar sus elecciones de las fechas establecidas por el gobierno nacional. No es para menos, considerando que prácticamente ningún distrito tiene la capacidad de resolver por las suyas un proceso electoral. En cada adelantamiento, el Correo Argentino se convierte en el proveedor privilegiado.
Por la venta de ese servicio, la empresa que dirige el experonista Camilo Baldinipodría embolsar $150.000 millones solamente por los comicios porteños y los bonaerenses, un monto nada despreciable si se considera que las tres instancias de las últimas elecciones presidenciales comprometieron $110.000 millones del tesoro nacional.
En las elecciones 2023, la Justicia electoral habilitó en la provincia de Buenos Aires 6.600 establecimientos de votación donde funcionaron casi 40.000 mesas para votantes nacionales y extranjeros. Por el acople de las elecciones locales con el cronograma nacional, la provincia de Buenos Aires no tuvo que desembolsar recursos extras para los servicios logísticos, de transmisión de telegramas y recuento provisorio de datos.
Por el contrario, en ese mismo año, el entonces jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta decidió un esquema de elecciones concurrentes para la Ciudad, por lo que se vio obligado a contratar el servicio del Correo para las votación de autoridades porteñas, que se elegía mediante una modalidad electrónica. Inicialmente, se había establecido una contratación para tres instancias electivas (primarias, generales y ballotage) que se realizaban en 8.900 mesas de 1.100 locales de votación.
Posteriormente, el papelón provocado por las fallas masivas de las máquinas de votación obligó al gobierno porteño a volver a la modalidad de boleta tradicional para las generales, por lo que el monto final de la contratación al Correo rondó los $ 3.200 millones. A fines de octubre, el Instituto de Gestión Electoral porteño presentó en la Legislatura el Presupuesto 2025, en el que calculó que para el funcionamiento de ese organismo, las transferencias a la Justicia y los gastos electorales precisará algo más de 60.000 millones de pesos.
Dentro de ese presupuesto, se destaca el inciso 3, correspondiente a la contratación de servicios para las elecciones, que comprendería la mayor cantidad de recursos, con 51.000 millones de pesos para ejecutar en las primarias y las legislativas. Si tomara ese número como base de cálculo para la provincia de Buenos Aires, el monto necesario para organizar una elecciones separadas de las nacionales superaría incluso los 100.000 millones calculados por el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dada la cantidad de mesas y establecimientos distribuidos en los 135 municipios.
Para poder quedarse con ese negocio multimillonario, el Correo primero debe resolver un tema central: quiénes serán sus proveedores informáticos y tecnológicos. Con los tiempos necesarios ya avanzados, todavía se mantiene la incógnita sobre cómo y quiénes estarán al frente de la organización electoral. Formalmente en la órbita de la secretaría de Interior, la Dirección Nacional Electoral mantiene vacantes puestos clave para un proceso exitoso.
Frente a ese panorama, como anticipó Letra P, se descuenta que el Correo asuma esas funciones a través de la licitación de los servicios de digitalización y transmisión de telegrama desde los lugares de votación y del recuento provisorio de datos que permite conocer los resultados durante la misma noche de las elecciones. En este sentido, el desembarco de Alejandro Tullio en la empresa es un dato elocuente que anticipa que el extitular de la DINE podría estar detrás de la coordinación de las contrataciones.
Para los dos primeros servicios, las autoridades de la empresa estatal deberán resolver qué hacer una vez que venza en junio de 2025 la contratación de la empresa venezolana Smartmatic, heredada del gobierno macrista. En relación al recuento provisorio, una prestación que se contrata cada año electoral, el pliego de licitación ya debería estar encaminado en las oficinas de Guillermo Francos, según los tiempos del cronograma oficial.
Durante los últimos rounds electorales, la compañía española Indra fue la proveedora del sistema y es una de las empresas interesadas no sólo en renovar esta prestación, sino también en brindar la transmisión que supo ofrecer durante la administración Cambiemos, cuando Tullio integraba la planta de asesores del Correo.