El STJ de La Pampa hace punta en el rechazo a las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Debate en progreso y documento sin consenso.
El dedazo de Javier Milei en la Corte Suprema abrió una grieta federal en la Justicia
Una grieta sacude a la Corte Suprema de cada provincia. Un documento para rechazar el decretazo de Javier Milei designando ministros del máximo organismo judicial las puso en alerta y en dos veredas diferentes: hay distintos alineamientos, posiciones e intereses. La Pampapicó en punta para imponer un severo cuestionamiento al nombramiento a dedo de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia pampeano, Eduardo Fernández Mendía, dijo que la decisión era “aberrante” y que los nuevos ministros “dependen de un capricho” del presidente.
La movida es bajo el argumento de que la Corte debe tender al “federalismo” y por lo tanto escuchar al Senado, que representa a las provincias. Hay ahí una pelea de fondo, que tendrá nuevos capítulos, independientemente del desenlace de este tramo de la guerra.
En el Tribunal Superior de Córdoba la vocal Aída Tarditti alzó la voz contra la avanzada libertaria sobre el Poder Judicial salteando al Senado. En este caso poniendo en primer plano cuestiones de género. “Una Corte de varones completada irregularmente no es legítima”, sostuvo la jueza.
No hay unanimidad para rechazar la medida del Ejecutivo. Un documento elaborado en el seno de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires está en debate. La batalla para aprobar o desechar el texto se encuentra en pleno desarrollo.
La declaración recorre despachos y provincias, por ahora sin consenso total. Al menos la provincia de Chubut ya manifestó su disidencia con los planteos que están en el borrador. Esa jurisdicción de la Patagonia es una de las que menor representación concreta tiene en el organismo. Si hay una mayoría que acuerde con el texto, ese documento verá la luz, lo que implicaría rozar la conducta de la propia Corte. Eso multiplica las dudas federales.
La presidenta de la Junta Federal de Cortes es Emilia María Valle, de Chaco; el vice, Sergio Vittar, de Salta. El organismo existe desde 1994 y tiene relativa incidencia en el esquema de poder de la Justicia, pero marca la temperatura del subsuelo de la patria tribunalicia.
En el Poder Judicial de La Pampa se escucharon las primeras voces institucionales contra las designaciones por decreto, incluso antes del juramento de García-Mansilla. Hugo Díaz, ministro del STJ pampeano, integra la Junta Federal como tesorero.
En La Pampa no hubo un formal acuerdo de ministros que fijara una posición contra las designaciones de Milei, pero sí una conversación formal que le dio respaldo al documento del organismo federal que intenta cosechar avales. Esa movida fue por unanimidad.
José Sappa, que es ministro del STJ de La Pampa y a la vez presidente del Foro Patagónico de Superiores Tribunales, explicó que los posicionamientos públicos son hasta ahora personales, no institucionales.
“La Constitución establece un procedimiento y también la excepción a ese mecanismo. En uno de los casos, se cumple literalmente la excepción: está la vacante en tiempo de receso y el presidente puede nombrar en comisión a un miembro. En otro caso, no estaría cumplido y por lo tanto es de interpretación”, dijo Sappa a Letra P, cauteloso.
Otro ministro del STJ de La Pampa, Fernández Mendía, fue terminante. "Estamos en total desacuerdo. Esto genera un absurdo. Siempre la Corte ha dicho que sus fallos necesitan el acatamiento moral de la Justicia del interior del país. Es muy difícil hablar de acatamiento moral cuando la forma de llegar a la Corte es repudiable, moralmente y jurídicamente", dijo el presidente del máximo organismo judicial pampeano.
Fernández Mendía integra el STJ pampeano desde 1994. Insistió: “¿Qué independencia puede tener un ministro de la Corte que tiene todavía en suspenso su continuidad? No se puede manipular la Constitución de una manera tan espuria y tan evidente. Pasar por alto al Senado es hacer que los tres poderes ya no existan. El Poder Judicial se va a debilitar con alguien que depende de un capricho del Poder Ejecutivo”.
García Mansilla y Lijo fueron designados por Milei al amparo del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que alude a la posibilidad de nombrar empleados que requieran acuerdo del Senado cuando el Congreso esté en receso y por el lapso del año parlamentario. En el Senado, cuando se elevaron los pliegos, el de Lijo obtuvo dictamen favorable. No ocurrió lo mismo con García-Mansilla.
A su vez, para acceder a la Corte, Lijo pidió licencia en su cargo en la Cámara Federal porteña. La Corte debe definir este jueves si acepta esa situación y le toma juramento. Mientras tanto, la cámara alta está en condiciones de tratar esos nombramientos.