La pelea de UTA entre Roberto Fernández y Miguel Bustinduy se traslada a la ciudad. La pulseada de los grupos DOTA y Prieto. La prioridad del intendente.
Daniel Passerini en el acto de presentación de nuevas unidades para el transporte urbano de pasajeros.
Roberto Fernández baja a la UTA y le arruina el paro a Pablo Moyano
El nuevo sistema de transporte que pergeña Daniel Passerini, amenazado por la interna de UTA
Un puñado de disputas, de diverso origen pero con indisimulables ramificaciones políticas, agita el entorno del nuevo sistema integrado de transporte metropolitano de Córdoba, confeccionado por Daniel Passerini y Martín Llaryora, que iniciaría formalmente en los primeros días de febrero.
La primera puja responde directamente a la llegada de nuevos jugadores a la ciudad. Voces calificadas anticipan una escenificación serrana para una pelea de escala nacional entre grandes grupos empresarios, pese a que el nuevo esquema aún presenta más anuncios que certezas.
En simultáneo, prevén un recrudecimiento de la interna por la conducción de la Unión Tranviarios Autormotor (UTA) a nivel nacional. Está cinchada está vinculada a la anterior, e incluye un reconocimiento de la particularidad de Córdoba como reducto de menguante autonomía respecto de las discusiones porteñas.
Ambas pulseadas son seguidas con atención por la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), el sindicato que aglutina a los trabajadores del transporte interurbano y reclama participación de los gremios en la discusión macro.
El primer paso del nuevo esquema ocurrirá cuando la empresa FAM, nombre de fantasía (sin experiencia previa) detrás de El Quebrachito, asuma tres corredores y dos líneas del transporte urbano. Será la primera firma del servicio interurbano que, gracias a una habilitación directa y provisoria, entrará de lleno al juego de la ciudad.
FAM contará con la colaboración directa del grupo DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor), manejado por la familia Faijá, el más grande del mercado del transporte nacional, con posición dominante en el AMBA.
A través de FAM podría extenderse la disputa por la conducción nacional del transporte de pasajeros, históricamente referenciada en la UTA, hoy en manos del legendario Roberto Fernández.
Con un nutrido núcleo de trabajadores de servicios prestados por el grupo DOTA, Miguel Bustinduy, líder de la oposición a Fernández, a quien retara sin suerte en 2022, decidió robustecer la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), organización perteneciente en la CTA Autónoma.
Ubicado en coordenadas de Hugo Moyano y Pablo Moyano en el mapa sindical, Bustinduy es visto como la pata K en la disputa por el transporte. Como tal, se le adjudican posiciones más duras respecto de la gestión de Javier Milei. Otros le confieren un juego aceitado con los Faijá.
A Fernández, quien decidió bajar a la UTA del último paro general convocado por la CGT, le adjudican cercanía con el grupo Prieto, el otro gran player del tablero nacional, presente en Córdoba a través de las concesionarias Colcar, proveedores de Coniferal y TAMSE, actuales prestadoras en la ciudad de Córdoba.
Las disputas entre grupos se agudizaron en tiempos del gobierno del Frente de Todos por el botín de los subsidios, en particular al AMBA, hoy podados por la administración libertaria. De las partes que se fusionan en el transporte metropolitano sólo los urbanos mantienen aportes directos del Estado. Se trata de fondos exiguos, unos $10.000 millones mensuales, que Passerini quiere retirar paulatinamente, pero nadie deja de mirarlos.
También hay intereses en juego por la provisión de nuevos vehículos, requisito exigido por la Municipalidad. DOTA cuenta con Agrale, fabricante con sede en Brasil, y la carrocera Todo Bus. El Grupo Prieto provee unidades Mercedes Benz, carrozados por la brasileña Novo Bus y comercializados por Colcar.
Un nombre fantasmal, sobrevuela el ríspido escenario. A Norberto Milei, padre del presidente, se le adjudica sintonía con el grupo DOTA, fruto de años de sociedad con José Faijá. Aunque muchos aseguran que está alejado de la actividad, se lo mencionó entre los interesados en la adquisición de Mercedes Benz Argentina.
Las disputas que atraviesan a la UTA nacional resuenan en la provincia. Por décadas, las cúpulas cordobesas mantuvieron relativa independencia, amparados en condiciones laborales mejores que la media nacional. A partir de la pasada década, sucesivos conflictos en el sistema urbano de pasajeros ofrecieron oportunidades de injerencia desde Buenos Aires. Consecuentemente, las disputas comenzaron a desbordar la dimensión local.
Acusaciones de entreguismo y cooptación precedieron el capítulo local de la elección nacional para renovación de autoridades gremiales, realizadas en diciembre de 2022. Contra los pronósticos, Héctor Leonardo Quevedo fue electo titular de la filial mediterránea. Su lista, referenciada en Bustinduy, derrotó al oficialismo que tenía línea directa con Fernández.
La judicialización de los resultados en distintos distritos fue empleada para empañar la legitimidad de la nueva conducción de UTA Córdoba. Desde la cúpula nacional escogen como interlocutor al secretario del Interior, Miguel Arcando.
La Junta Directiva local no sólo olfatea nuevas complicaciones detrás de la llegada de DOTA. También pide ser consultada para considerar aspectos clave del nuevo sistema de transporte, como el estado real de los coches que se incorporan.
Similar participación pide el gremio de los trabajadores interurbanos. Desde la conducción de AOITA quieren aportar una mirada “realista” al proyecto de integración de sistemas, al que prevén desfasado por la caída en el corte de boletos para los recorridos regionales. Desde allí, también piden atender posibles incompatibilidades por el encuadramiento gremial de los choferes.
Entre otras críticas, destacan que la llegada de nuevos jugadores sólo profundizará el reparto de la escasez en pocas manos. “No amplían la torta. Seremos más peleando por lo mismo. No se recupera lo perdido en los últimos años. Y los que recibimos las quejas somos nosotros, los trabajadores. Por eso hace falta una revisión integral, con sinceridad”, afirman.
Desde el gobierno municipal remarcan que su prioridad es garantizar un buen servicio, con buenas unidades y más frecuencias, por encima de cualquier disputa, ya de índole empresarial, ya de índole gremial.
Sin desconocer los intereses detrás de la puja, remarcan que como autoridad exigen las garantías de experticia, el conocimiento y las inversiones a cada una de las firmas interesadas.
En ese marco ubican la exigencia de que cada nuevo participante aporte unidades nuevas a un sistema en el que siguen circulando colectivos de larga vida, sobre los cuales deslindan denuncias los propios choferes.
También se muestran prescindentes de la pulseada sindical. Según remarcan, el esquema garantiza la continuidad de los más de 3.000 puestos de trabajo, en pleno cumplimiento de los convenios vigentes.
Como contracara, consideran que los gremios deben priorizar el mismo cometido que la autoridad: brindar el mejor servicio posible a los cordobeses, por encima de cualquier especulación.