Afirman que la eliminación de tasas es "puro marketing" y reclaman la rendición de cuentas municipal de 2023 para afinar los cálculos. Alerta roja por la deuda.
Elisa Caffaratti preside el bloque de ediles de la UCR en el Concejo Deliberante de la capital cordobesa.
La oposición mira con lupa el presupuesto para 2025 de Daniel Passerini.
Los bloques en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba esperan el tratamiento oficial del presupuesto para 2025 con varias anotaciones, diagnósticos coincidentes y el pedido de la cuenta de ejercicio de 2023. Para la oposición, el intendente Daniel Passerini delineó un texto que, aún ajustado a las necesidades del momento, refleja conveniencias electorales.
El texto será formalmente analizado este martes en la Comisión de Economía y Finanzas. Allí, el oficialismo intentará sostener los atributos con que fue presentado a la prensa el pasado jueves: sostenibilidad fiscal, simplificación tributaria y promoción de actividades productivas.
Desde la oposición reconocen la valía de estas consignas, indispensables para circular por vías discursivas actuales. Pero les asignan un peso menor en un análisis completo del proyecto girado, que incluye la Ordenanza Tarifaria Anual, al que le reconocen los trazos constitutivos de la narrativa cordobesista que hoy lidera Martín Llaryora.
Todas las voces disidentes destacan que, a casi un mes del cierre del 2024, el gobierno municipal no ha entregado aún la Cuenta General del Ejercicio correspondiente al 2023.
Este informe -que debería haber ingresado al Concejo Deliberante hace cuatro meses, previo paso por el Tribunal de Cuentas- permitirá el análisis sobre la ejecución presupuestaria del último año de la gestión de Llaryora en el municipio. Es decir, el período en que el intendente pasó a ser gobernador.
“No podemos ver cómo gastaron y cuánto; tampoco cómo recaudaron realmente. No tenemos datos para comparar con este año. No sabemos qué y cómo gastó el gobierno en 2023. Estamos trabajando con una venda en los ojos”, indicó Graciela Villata, concejala por el Frente Cívico; diagnóstico que apoya Elisa Caffaratti, presidenta de bloque de la UCR.
“Estamos votando gastos para el año que viene y todavía no tenemos la cuenta de inversión del año pasado. Además de una irregularidad constitucional, esto representa una dificultad para analizar el criterio financiero del municipio”, amplía su correligionario Javier Fabre.
En sus alocuciones sobre el proyecto, oficialistas destacan que la Municipalidad afrontará en 2025 el pago de otras dos cuotas por de USD 56 millones. Se trata de la deuda financiera contraída en dólares por el entonces intendente Ramón Javier Mestre.
Desde la oposición eligen resaltar que la iniciativa oficial para el próximo año prevé más endeudamiento para el municipio. “El proyecto faculta a la Municipalidad a crear, implementar y ejecutar un programa de financiamiento de corto plazo, a través de la emisión de Letras del Tesoro, por USD 150 millones”, precisa el edil boinablanca Sergio Piguillem.
“Nos preocupa mucho. Pide autorización para incrementar exponencialmente la deuda, pero no especifica para qué. Las descripciones son muy globales, imprecisas”, añade Villata.
“El proyecto está centrado en el endeudamiento heredado del gobierno radical, que jamás cuestionó y cumplió a rajatabla. Allí está la responsabilidad de un resultado primario deficitario. Pretenden seguir hipotecando el futuro de la población”, subraya Laura Vilches, desde la bancada del FIT-U.
La oposición también diluye la relevancia a los aspectos más destacados por la comunicación oficial de la intendencia: la eliminación de un centenar de tasas municipales y la reducción de alícuotas impositivas para el sector productivo. Aunque reconocen la pertinencia de consignas vinculadas al alivio fiscal, prefieren contrastarlas con los incrementos previstos para los impuestos automotor e inmobilario.
“Las 100 tasas que eliminan son administrativas y retributivas de servicio de mínimo impacto, muchas en desuso. Si bien es un avance la simplificacion burocrática, representa un mínimo porcentaje en la recaudación municipal. En síntesis, venta de humo”, fustiga Piguillem.
“Todo bien con la simplificación de impuestos. Pero no nos dicen qué importe realmente dejará de percibir el municipio. En paralelo, aumentan la recaudación de los impuestos ya existentes. Ajustan de movida el inmobiliario en un 160% y el automotor según la guía de ACARA, pero mantienen las actualizaciones mensuales según inflación”, desmenuza Villata.
“Eliminan tasas en desuso. Pero mantienen las tres que le cobran a los cordobeses por la prestación de servicios y que no sabemos cómo se manejan. Es el 10% para el gas, el el 10% para EPEC y un 16% para el agua, que va a un fideicomiso. Y eso que el gobierno nacional ha pedido eliminar ese tipo de cobros”, remarca Caffaratti.
En sintonía con ese pedido de Nación, la concejala Jessica Rovetto Yapur, del bloque Cordobeses por la Libertad, destaca que se prevea “una reducción en las alícuotas de Comercio e Industria e Ingresos Brutos que se aplican a las actividades productivas”. Pero señala una pústula en el texto ya cursado. “El Ejecutivo sostiene que trabajará en la sostenibilidad fiscal con una previsión de superávit del 19.2%. Es un dato prometedor, pero lo veo con cautela, ya que puede esconder un impuestazo encubierto”, indica.
“El costo de sostener ese equilibrio fiscal son los tarifazos del transporte, agua, gas, electricidad. Passerini habla de políticas de equidad e inclusión en un municipio que ha desjerarquizado brutalmente las áreas destinadas a género y diversidad. Pero planean beneficiar con reducción de alícuotas a la actividad comercial, industrial y de servicios, a la industria manufacturera y a los desarrollistas urbanos” contrasta Vilches.
Las bancas opositoras también alertan sobre decisiones que incrementarían los márgenes con que el Ejecutivo podría realizar acciones sin pasar por controles de otros poderes. “Prevén el doble para unidades económicas de contratación. El año pasado eran 100 mil, este año 200 mil. Eso es discrecionalidad pura”, advierte Villata.
La divergencia abre interpretaciones para un año en que el Partido Cordobés se jugará la representatividad en el Congreso. “Este presupuesto responde más a necesidades electorales que a realidades políticas, por eso busca muñir los índices macro para así tener mayor discrecionalidad para gastar y endeudarse”, subraya Fabre.
En esa línea también ubican la decisión de Passerini de guiarse por el índice inflacionario que prevé el gobierno de la provincia, de un 28.2%, diez puntos por encima de la previsión nacional (18.3%). “Seguramente será para aplicar un ajuste tradicional y asegurarse ingreso de fondos por encima de la inflación. Ese es el superávit del que tanto hablan”, remarca Caffaratti.
También enciende alertas el anuncio de reducir los subsidios que actualmente destina la intendencia al transporte urbano de pasajeros, al que prevé integrar en un sistema metropolitano.
“Son $10 mil millones mensuales que eliminarían. Culpan a la Nación, pero no dicen que la Provincia tampoco gira dinero para el transporte. ¿Cómo van a hacer? ¿Será que vienen más aumentos en el boleto?”, coinciden los representantes del bloque UCR.