El Presidente se defiende de las acusaciones por la criptoestafa con un argumento que la mayoría rechaza. ¿Es posible que el jefe del Estado no la vea?
Javier Milei, en TN: "No hice nada malo"; "es un problema entre privados".
La mayoría de las personas encuestadas esta semana por Zuban Córdoba y Asociados consideraron que Javier Milei no promocionó la criptomoneda $Libra como ciudadano, sino como presidente de la Nación, además de considerar que debe dejar de actuar como si fuese un influencer.
"Un 56,4% no está de acuerdo con que Javier Milei 'actuó como ciudadano desde su cuenta personal'. Además, un 83% cree que debería dejar de actuar como influencer", resumió la consultora en el informe de un sondeo de urgencia que realizó al calor del escándalo internacional generado por la promoción de una estafa que hizo el Presidente desde su cuenta de Twitter.
Acorralado por la tormenta que se le vino encima, el Presidente se defendió planteando que el tuit que provocó la estafa electrónica -su mensaje disparó la cotización del token, que se cayó como un piano en cuestión de horas y provocó pérdidas millonarias al universo de personas que siguieron el consejo del mandatario- fue publicado en una cuenta que es "privada". O sea, digamos, que el que habla desde esa plataforma no es el presidente Javier Milei sino el ciudadano Javier Milei.
De hecho, tres veces había sostenido esta falacia y se disponía a exponerla una vez más cuando Santiago Caputo irrumpió para interrumpir la charla que su jefe mantenía con Jonatan Viale. Más: a ese brulote había llegado después de afirmar que no estaba en juego su investidura porque se trataba de "un asunto entre privados".
Si la mayoría de la sociedad representada en la muestra que recoge Zuban Cordoba y Asociados -el mismo porcentaje del electorado que lo votó en 2023 en el ballotage- entiende que no es posible separar al ciudadano del Presidente y asumiendo que esa porción de la comunidad expresa una amplia diversidad social, es lícito concluir que la comprensión del asunto no depende de niveles de instrucción ni de perfiles de formación, sino que corresponde al dominio del sentido común.
O sea, digamos: no hace falta haber estudiado ciencias políticas para comprender que es insostenible la idea de que una persona puede conservar su estatus de ciudadana común cuando asume la primera magistratura.
¿Es parte de una estrategia del Gobierno cocinada al fuego fuerte de la desesperación por despegar al mandatario de su responsabilidad penal en una maniobra que está desatando una tormenta judicial de intensidad y alcance impredecibles?
¿Efectivamente no lo comprende quien ha sido elegido para ejercer la máxima responsabilidad pública de la Nación?
La sociedad asiste a un dilema difícil de resolver: ¿cuál de esas opciones es Guatemala y cuál, Guatepeor?