La UIER sesionó y recibió a los ministros de Producción y Economía. A pesar de algunos dardos, el gobierno provincial destaca el diálogo.
Josefina Senger (secretaria UIER), Guillermo Bernaudo (ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos), Fabian Boleas (ministro Hacienda y Finanzas de Entre Ríos) y Gabriel Bourdin (presidente UIER).
La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) presentó un pliego de exigencias, matizadas como sugerencias, al gobierno de Rogelio Frigerio. Fue en su Asamblea General Ordinaria y lo hicieron ante el ministro de Desarrollo Económico Guillermo Bernaudo y el de Hacienda y Finanzas Fabián Boleas. Impuestos y tasas, costo de la energía, litigiosidad laboral y empleo público en la agenda.
En un clima de época favorable a la iniciativa privada y con el levantamiento del cepo cambiario como noticia reciente, el encargado de esgrimir los planteos ante los funcionarios fue el pragmático Gabriel Bourdin, presidente de UIER, que se dio a la faena de correr la espuma de la macroeconomía para referirse a aspectos específicos y a necesidades concretas del empresariado local.
El gobierno, en la voz de Boleas, destacó que en 2024 se hizo "un gran esfuerzo con recursos propios” en materia de obra pública, y subrayó el acompañamiento con una "fuerte política de subsidios a la energía”. Bernaudo, por su parte, reconoció que “en logística no vamos al ritmo que quisiéramos” y marcó las limitaciones operativas para incidir en la problemática de competitividad que plantea el tipo de cambio atrasado.
Ante los ministros, Bourdin llevó la voz cantante con planteos que no por repetidos pierden impacto y relevancia. El primero y siempre más importante es el referido al capítulo tributario, que tiene impacto negativo en la actualidad aunque arrastra una historia con dificultades estructurales difíciles de desarmar, según comentan los hombres y mujeres de negocios en Entre Ríos.
En la última modificación del código fiscal, el gobierno planteó mejoras que los industriales marcaron como insuficientes. Sobre todo lo referido a Ingresos Brutos, un tributo contra el que vienen batallando históricamente y sobre el que sostienen que la baja se quedó corta. Además, pidieron una actualización "menos burocrática" de las escalas. Al mismo tiempo, esgrimieron una queja referida a las tasas (que son las que cobran los municipios como contraprestación de un servicio). Por ejemplo, la que se cobra junto a la factura de la luz. En este punto, los industriales entienden que los montos son excesivos. Los municipios respondieron a esta queja evidenciando dos circunstancias para ese cobro: una contraprestación en el alumbrado público, y el hecho de que las distribuidoras de energía discriminan en la factura lo que los estados locales les cobran.
Los ministros Bernaudo y Boleas se llevaron anotaciones para trasladar al Gabinete. Entre ellos, el planteo sobre el costo de la energía. Sobre ese punto, los industriales marcaron este viernes que hay problemas de distinta índole. Primero, los aumentos que dispone la Nación, que presentan el mayor y principal impacto. En lo provincial, relacionado al costo, hablaron de casos puntuales como establecimientos que tienen un gran uso de energía pero solo en algunos meses del año y, sin embargo, deben pagar altas cifras fijas durante todo el año. En este tópico señalaron también una deuda en infraestructura, por ejemplo con algunas granjas avícolas que no pueden acceder a la potencia necesaria en algunas zonas de la geografía provincial.
En general, en infraestructura, los caminos son el principal reclamo y, más aun, en un contexto de paralización total de la obra pública nacional. De igual modo, las rutas provinciales y los caminos internos, aunque con un plan de arreglos vigente, siguen en la lista del debe. En este párrafo también mencionaron en la Asamblea la necesidad de profundizar la política portuaria para facilitar el acceso de la producción. Destacaron a su vez que la conectividad es otro ítem sobre el que todavía falta poner el acento en el territorio.
También fue parte de las sugerencias volver a tener algún programa de incentivo al empleo privado, algo que existió durante la gobernación de Gustavo Bordet. El pedido matchea con el discurso de Frigerio de eficientizar el empleo público y promover el privado. Además, en este punto, se refirieron a la necesidad de comenzar un camino para acercarse a los números de las otras provincias de la Región Centro, Santa Fe y Córdoba, para “dejar de ser la hermana pobre” de la región, como sugiere el gobernador. La comparación muestra que en Entre Ríos hay una relación de un trabajador estatal y medio por cada "empleo genuino privado" mientras que en Santa Fe y Córdoba tienen medio.
“El ajuste en la provincia es inevitable porque si no va a recaer sobre los mismos que pagan impuestos”, sentenció Bourdin. E instó a trabajar junto al Gobierno nacional “para tener una reforma laboral que dé oportunidades a la gente de tener un empleo”. La referencia fue en parte a la incidencia en el gasto público de la Caja de Jubilaciones, cuyo déficit debe cubrirse con rentas generales, es decir, con el esfuerzo de toda la población. Respecto de lo laboral, el presidente de la UIER advirtió que la litigiosidad "es un tema preocupante en las empresas".
“Los problemas son reales”, reconoció Bernaudo ante las demandas institucionales de la UIER. "En logística no vamos al ritmo que quisiéramos pero la provincia está haciendo inversiones”, se sinceró más adelante en declaraciones que recogió la Agencia APF . Ante una consulta por los cítricos o la carne de importación que afecta la producción local, el ministro destacó que “eso tiene que ver con los cambios estructurales que se están dando, relacionados con el tipo de cambio. Estamos trabajando en eso pero la provincia no puede tomar ninguna medida porque estas frutas entran con precio en relación al tipo de cambio internacional. Le pedimos al Gobierno nacional trabajar en paralelo la mejora de la competitividad argentina y la apertura de mercados”.
Boleas marcó las coincidencias con las demandas sectoriales y aseguró que es parte de la agenda de trabajo. En esa línea, brindó un análisis del cambio de variables macroeconómicas durante el último mes que “impactan negativamente en las finanzas de la provincia”. “Cada punto de inflación son 30.000 millones de pesos que se suman en los gastos de la provincia”, estimó, e informó el delicado estado de las cuentas públicas de Entre Ríos en este “contexto de incertidumbre”, con fuerte incidencia de los “gastos inflexibles”.
El ministro de Hacienda coincidió con los industriales en la necesidad de una reforma tributaria. “Recibimos una provincia con una política tributaria absolutamente regresiva”, advirtió, y aseguró que el gobierno está trabajando en el tema. “El impuesto inmobiliario y automotor tienen que ganar participación en el total de la recaudación”, expresó.