La Plaza del 24M reventó con un mensaje contundente para el gobierno negacionista. Agustín Laje, ¿sucesor designado? Las hilachas de la batalla cultural.
Los pañuelos blancos y los desaparecidos, que son 30.000, en una manifestación rotunda contra el negacionismo de Javier Milei.
El segundo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia de la era que protagoniza Javier Milei expuso en dos hechos las dificultades que encuentra el gobierno de extrema derecha para imponer sus términos en una batalla cultural que sólo le interesa a una minoría exaltada.
Uno, las multitudinarias manifestaciones que expresaron en las calles de todo el país la voluntad mayoritaria de enfrentar los problemas de la Argentina sin perder un ápice de vigencia de la democracia y de respeto por los derechos humanos; dos, los tropiezos de la propia narrativa oficial, que se propone la meta ambiciosa –probablemente demasiado– de cambiar a la sociedad y dictarle un nuevo comienzo.
Frente a una multitud estimada en 400.000 personas por los organizadores –bien superior a la de 2024–, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; las referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida y Elia Espen y el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel leyeron un duro documento contra el gobierno de Milei. "No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos", dijeron.
La contundencia de la manifestación en Plaza de Mayo, así como de las realizadas en otras ciudades, fue mayúscula. La protesta social, que parece ir in crescendo y tendrá su próxima escala el 9 de abril con el respaldo de la renacida CGT a los trabajadores jubilados, encontró por fin el cauce de representación que necesita para no languidecer. A la presencia permanente de los organismos defensores de los derechos humanos se sumó la de agrupaciones políticas y sociales que esta vez se movilizaron sin freno de mano.
Ante la multitud, se sabe, no hay protocolo antipiquetes que valga ni chance de sembrar violencia ni represión a mansalva. Es más: si no hay operativo de seguridad de Patricia Bullrich, nunca hay incidentes.
La semilla mileísta, más que negacionista directamente reivindicadora de los crímenes de la última dictadura, por ahora parece estéril. Sin embargo, la pertinacia de su siembra y su foco en una juventud nacida y criada en una democracia que no ha sabido satisfacer sus necesidades legítimas obliga a prestar atención.
"En los mismos ríos entramos y no entramos, ya que somos y no somos los mismos", escribió Heráclito El Oscuro. Es inevitable que el río de la historia que atravesará la Argentina de los años por venir contenga, en mayor o en menor medida, los desechos del presente.
Impotente ante una ola de quejas que no logra contener, el Gobierno volvió a refugiarse en las redes sociales y en los anuncios palaciegos.
Por un lado, con una pieza audiovisual que constituyó un nuevo intento de encontrarle la vuelta a una idea de "memoria completa" que pocos compran.
Por el otro, con un llamativo anuncio de "desclasificación total de la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983" en poder de la SIDE.
Esto es curioso: no sólo porque el decreto es un cover del firmado por Cristina Fernández de Kirchner en enero de 2010, sino porque el original dio lugar a la formación de equipos de trabajo que la actual administración desactivó con el argumento, recordó la periodista Luciana Bertoia, de que ya "habían cumplido con su tarea y que la documentación iba a terminar en el archivo histórico de la SIDE".
La narrativa oficial luce errática, prueba de su falta de adecuación a la realidad social. ¿Qué piensan encontrar en los archivos de la SIDE, cuya recuperación de su odioso nombre original es toda una declaración de principios, que no resulte incriminatorio para los represores? ¿Acaso datos sobre el destino de miles de desaparecidos y de los bebés apropiados que aún no ha sido posible hallar, cosa que jamás entregaron los oferentes de la "reconciliación"? Eso sí sería un aporte.
Por otra parte, Manuel Adorni anunció un acuerdo con la familia de Humberto Viola, el capitán asesinado junto a su hija de tres años a manos del ERP, para reconocer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ese atentado fue un "crimen de lesa humanidad".
¿El Gobierno cree que "reconocer" de eso modo un atentado horroroso –ya esclarecido y condenado por la Justicia– es suficiente para estirar un concepto que apunta en verdad a Estados o a organizaciones con control territorial, esto es Estados de hecho?
En comparación con el del año pasado, cuyo relato le había sido confiado al Tata Yofre, periodista y jefe de la SIDE en tiempos de Carlos Menem,el nuevo entregó una narrativa más calculada y, en algunos aspectos, hasta concesiva.
Esta vez el relator fue el panfletista y agitador Agustín Laje,a quien Milei pretende instalar como posible candidato en Córdoba para las elecciones legislativas del 26 de octubre y a quien, en sus sueños, concibe como su sucesor en 2031, tras cumplir él mismo dos mandatos en la Casa Rosada.
El actual presidente se da el rol de resetear la economía y llenarla de cepos –el RIGI de cláusulas abusivas, el nuevo endeudamiento por décadas con el FMI– para que nada pueda cambiar el sendero del ajuste perpetuo; el conductor designado del futuro debería completar el cambio cultural que cierre el círculo. Mileísmo eterno.
El responsable de la opaca Fundación Faro, cuyo financiamiento –¿un financiamiento de campañas?– deberían revisar varios actores centrales del Círculo Rojo empresarial, desgranó durante 19 minutos un relato algo más elaborado que el del año anterior, pero a la vez más sibilino.
Laje hizo foco en un recorte temporal de la violencia setentista, en el concepto de "guerra" y en la esperable minimización de la barbarie del Proceso.
Sin hablar de los golpes de Estado precedentes, de la larga represión y de la proscripción del peronismo, se refirió a organizaciones armadas que presume nacidas de un repollo. Destacó sus actos más violentos, su prédica en pos de una "guerra revolucionaria" y la orden, vía decretos, de María Estela Martínez de Perón y de su reemplazante interino Ítalo Luder de "aniquilar el accionar" de los grupos guerrilleros. Música vieja. Ah… y que los desaparecidos no serían 30.000.
Estos ultras son gente muy dada a la contabilidad de los muertos en casa, pero no se animan a llevar su inquietud histórica a la revisión, por ejemplo, de la precisión del número redondo de seis millones de judíos masacrados en la Shoá. No quieren entender que ciertas matanzas, por su carácter masivo y clandestino, dan lugar a cifras estimadas y siempre abiertas, que devienen símbolos del reclamo de justicia.
En su denuncia de lo que llamó "teoría del demonio único", Laje descubrió el agua tibia. Parece que los grupos armados eran grupos armados, que impulsaban una "guerra revolucionaria", que cometieron atentados y que provocaron muertes y desgracias. Curiosamente, usa como prueba de sus dichos el histórico fallo contra las juntas militares, lo que demuestra, en realidad, que la historia que dice que se ha ocultado ha estado desde 1985 a la vista de todo el mundo.
"Guerra civil", dice, repite y fundamenta el panfletista. ¿Pero qué convención de guerra permite el secuestro, la tortura, el asesinato, la desaparición, el robo de bebés recién nacidos y el lanzamiento de personas medio vivas o medio muertas desde aviones al mar?
"Se encargaron de ocultar el hecho de que los métodos ilegales de represión estatal comenzaron durante el gobierno democrático anterior al 24 de marzo de 1976", dice el relator. No, Laje, nadie ignora eso.
"Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la horrorosa represión ilegal continuó y se intensificó. Las ejecuciones, las torturas y las desapariciones fueron parte de la metodología empleada", reconoce. Claro, Laje. Se intensificó. Mucho, al punto que el fallo del "juicio a las juntas" que parece validar establece, como hecho distintivo, la existencia de un "plan sistemático" de exterminio y no de simples excesos puntuales.
"¿A quién se le ocurrió que 8.961 o 7.300", las cifras de desaparecidos que él reconoce como válidas, "no eran suficientes para dimensionar la magnitud de la violencia y del desastre (y) para decir nunca más?", se pregunta. A ustedes, Laje, a quienes el número "30.000" los pone tan nerviosos.
El tema no son los presuntos "hallazgos" del agitador, sino el terrorismo de Estado, cosa que llega a bordear pero que no puede admitir. Un terrorismo de Estado hecho de los horrores mencionados; de conculcación de la democracia, de sus elecciones y de su vida política, sindical y artística; de censura, represión y miedo.
Eso es lo que ocultan los exégetas de la batalla cultural. A eso se le dice, empecinadamente, "nunca más".
El contenido no da para más por su pobreza y mendacidad. Sin embargo, si se observa con atención, Laje hace concesiones a la verdad histórica que Yofre no había realizado un año antes.
Admite el tamaño de la represión, su carácter ilegal, la singularidad de su intensidad en la dictadura, la validez del "juicio a las juntas"… ¿Por qué? Porque el relato más duro de la reivindicación del terrorismo de Estado no cala en la ciudadanía.
Laje es el mismo que hace poco más de un año mostró la hilacha al grabarse "celebrando a la policía" y "felicitándola" porque "cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo".
Más recientemente, tras la represión del último miércoles 12, que mantiene al fotógrafo Pablo Grillo peleando por su vida y, en caso de ganar, con secuelas imposibles de mensurar, afirmó que "la próxima vez que un policía tenga de disparar con una bala de goma o con un gas lacrimógeno, por favor que apunte bien". Para él, como para Bullrich, los cartuchos de gas no son elementos de disuasión que se tiran a 45º, sino armas que se usan contra los cuerpos.
Laje, ideólogo por excelencia de la batalla cultural, expone así los extremos de su discurso. A la gente se la convence con revisionismos absurdos o, si se resiste, se le tira a quemarropa.