El fiscal que hace dos años investiga la causa, pidió 11 años de prisión para entonces titular de Seguridad provincial durante la gestión de Omar Perotti.
Sain. El exministro de Seguridad de Santa Fe, acusado de espionaje ilegal.
El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, pidió 11 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos contra Marcelo Sain, exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, acusado de comandar tareas de inteligencia y espionaje ilegal.
La hipótesis de la causa es que Sain organizó un equipo y un sistema que confeccionaba perfiles sobre integrantes de la dirigencia política y empresarial, y otros actores clave del poder santafesino; no solo de la oposición del por entonces gobernador Omar Perotti sino también del propio oficialismo. La acusación recae también sobre otros seis exfuncionarios del área que, con distintos grados de participación entre 2019 y 2021, habrían realizado inteligencia ilegal, accediendo a datos personales y financieros de múltiples actores mediante el uso indebido de bases públicas y privadas, así como información obtenida en investigaciones penales.
La causa estalló públicamente hace tres años, en noviembre del 2021, con un allanamiento al ministerio de Seguridad. Los investigadores se llevaron unas siete bolsas de consorcio con papeles que habían sido triturados y gran cantidad de registros electrónicos.
Las carpetas contenían informes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) con información como estado civil; junto a otras bases de datos, como propiedades, inmuebles no registrados, bienes, viajes realizados. Es decir, un perfil económico y familiar que se completaba con un análisis de la actividad en redes, con sus intereses, vínculos y gustos.
El exministro fue imputado en esta causa en noviembre del 2022 y, en aquel momento, se dictaron medidas cautelares que aún están vigentes. Ahora, con la acusación de la fiscalía, se abre un período de 60 días para que los querellantes puedan también hacer su acusación y recién después se fijaría fecha de juicio.
La acusación tiene como jefe máximo del armado ilegal a Sain y no avanza hacia arriba en responsabilidades políticas. Fuentes de la causa detallan que las pruebas muestran referencias al exgobernador Perotti, pero no sistemáticas, como así tampoco una comunicación directa entre el exministro y el por entonces jefe del Ejecutivo.
Sain integró el gabinete provincial hasta marzo del 2021, cuando Perotti le puso fin a su estadía en el Ministerio de Seguridad. Los meses previos habían significado un desgaste profundo en la relación entre ambos, tanto por el recrudecimiento del delito y la actividad filosa y conflictiva del exfuncionario en la cuenta de Twitter, como por la filtración de audios en los que se refería con insultos hacia la policía santafesina.
Según la investigación del MPA, Sain lideró la estrategia tanto desde su rol como ministro, pero también cuando volvió a su puesto como director del Organismo de Investigaciones e incluso continuó bajo su mando cuando ya se había ido de la provincia y se asentó en Buenos Aires, desde donde él seguía dando órdenes y el equipo que había dejado armado en Santa Fe le seguía reportando.
La acusación también incluye delitos como malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, encubrimiento calificado, y la instigación a la destrucción de pruebas. En un apartado incluso se lo vincula con órdenes de tortura o vejaciones a personas detenidas.
La investigación alcanza a otros seis exintegrantes del Ministerio de Seguridad, entre ellas Nadia Schujman y Débora Cotichini, señaladas como organizadoras de la asociación ilícita: ambas enfrentan pedidos de 9 años de prisión e inhabilitación especial. Germán Montenegro, exsecretario de Seguridad Pública, tiene una solicitud de 7 años de cárcel. Pablo Álvarez y Diego Rodríguez, exsubsecretarios de la cartera, acusados de malversación de fondos y destrucción de documentos, enfrentaría una pena de 5 años, y Milagros Bernard, una contratada de la Subsecretaría de Control, 3 años y 6 meses de prisión.
En octubre, el Hernández ya había solicitado cinco años de prisión para Sain, pero en otra causa. El fiscal investigó al exministro también por direccionar una compra de armas para la Policía de Santa Fe valuada en 17 millones de dólares. Esta pesquisa involucra a otros exfuncionarios, como Germán Montenegro y Maximiliano Novas, quienes enfrentan cargos por negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de defraudación. Para ambos, la fiscalía solicita 4 años de prisión efectiva y suspensión perpetua.
Sain, Montenegro, y Novas son acusados por la Justicia de haber favorecido a una empresa privada en la compra de armamento para la Policía de Santa Fe. Según la fiscalía, las acciones constituirían una defraudación al Estado. La empresa implicada es Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, cuya sanción incluiría una multa y la suspensión de sus actividades.