Apoyaron a libro cerrado LLA y el PRO. Los bloques radicales, Encuentro Federal y la Coalición se resisten a que no se consideren fallos en años electorales.
Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, durante el debate por Ficha limpia.
El proyecto de Ficha limpia de Javier Milei, que impide candidaturas de quienes tengan condenas por corrupción en segunda instancia y le impediría competir a Cristina Fernández de Kirchner en las legislativas 2025, tuvo dictamen en la Cámara de Diputados. Pero el debate en el recinto está aún abierto, porque la oposición dialoguista pide darle menos discrecionalidad a los jueces. Sólo LLA y el PRO no tuvieron objeciones.
La iniciativa enviada por el Presidente aplica sólo si los fallos son en años no electorales. Para Encuentro Federal, Democracia Por Siempre (radicalismo crítico), la Coalición Cívica y la UCR, esta cláusula le permitirá a los titulares de los juzgados manejar los tiempos de las causas para incidir en el armado de las listas. Los primeros dos bloques firmaron despachos en minoría sin este fragmento.
Otro reclamo de EF es la ampliación de los cargos del Estado que no podrían ocuparse por personas condenadas; mientras que DPS -liderado por Facundo Manes- quiere sumar delitos y poner plazos a la Justicia. Innovación Federal, el bloque de partidos provinciales, firmó en disidencia por el pedido de Misiones de incorporar un capítulo digital. Los votos de esta provincia son claves para que el proyecto pueda ser aprobado en el Senado.
Unión por la Patria consideró Ficha Limpia una proscripción y presentó su propio dictamen, que aplica la proscripción sólo con sentencia firme, como ya ocurre, aunque suma delitos como el contrabando y lavado de activos. Le permitiría ser candidata a CFK, a menos que la Corte Suprema falle en su contra. La izquierda firmó el dictamen de rechazo. El tema llegará al recinto el martes, aunque antes el oficialismo buscará consensuar un texto para que la discusión no se trabe en el recinto.
La propuesta de Milei fue elaborada por el ministro de Defensa, Luis Petri, luego de que el oficialismo bloqueara la aprobación del dictamen en diciembre, por presión de Karina Milei. El texto toma como base el proyecto impulsado por una ONG -que logró la misma ley en Brasil- y prohíbe integrar listas a quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos de fraude en perjuicio de la administración pública.
Se aplicaría ante fallos por cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, negociaciones incompatibles con las funciones, enriquecimiento ilícito de funcionarios y encubrimiento. Se incluyen delitos dolosos que presuman encubrimiento.
Además, quienes estén en esta situación judicial no podrían ocupar cargos en jefatura de gabinete, ministerios, secretarías, subsecretarías, autoridades de entes, organismos descentralizados, instituciones de la Seguridad Social, cuerpos colegiados o diplomáticos. Tampoco estarían habilitados para ser directores de empresas o entes con participación estatal.
El proyecto crea un registro de fallos de corrupción en segunda instancia, a cargo de la Cámara Electoral. En el Gobierno creen que será una forma de exponer a los magistrados que pisen causas.
La novedad es que Ficha limpia sólo se aplicaría hasta el 31 de diciembre de los años pares, una cláusula que sólo obtuvo apoyo de LLA y PRO. “El proyecto mejora el anterior, porque con este artículo se elimina la idea de proscripción”, sostuvo la macrista Silva Lospennato, quien presentó la primera iniciativa en este sentido, en 2016.
Le salió al cruce Rodolfo Tailhade, de UP. “Ahora la Cámara nacional electoral no va a definir nada, sino que lo hará la mafia de Comodoro Py”, denunció y le envió un mensaje al Gobierno: “Están tratando de destruir a Macri y encima lo humillan: les va a llegar el vuelto”, advirtió. Mónica Litza, de UP, vaticinó sobre pedidos de inconstitucionalidad. “La presunción de inocencia sólo termina con la sentencia firme”. El kirchnerista Leopoldo Moreau aclaró que, como está el proyecto, podría ser candidato el exsenador Edgardo Kueider, expulsado de la cámara alta por querer ingresar a Paraguay con 211 mil dólares sin declarar.
A excepción del PRO, la oposición cuestionó que la iniciativa sólo tenga vigencia en años no electorales. La UCR firmó en disidencia por ese tema y no fue incluida en los dos despachos de DPS y en el de Encuentro Federal.
No hay votos para defenderlo en el recinto y, por ahora, el Gobierno está dispuesto a defender esa cláusula hasta el final. Otra queja es por los cargos del Estado que no podrán ocupar los condenados, porque algunos diputados sostienen que la redacción es capciosa para proteger algunos funcionarios.
EF pide dejar expreso que los condenados en segunda instancia no puedan ocupar cargos en empresas públicas. Paula Olivetto, de la Coalición Cívica, tampoco quedó conforme con ese texto y pidió incorporar el artículo 8 de la ley de administración financiera, que enumera todos los cargos del Estado nacional, sin excepciones. Un planteo similar hicieron Danya Tavela y Carla Carrizo, de DPS.
El otro dictamen, del radicalismo crítico que fue auspiciado por el jefe Pablo Juliano y el exjuez Fernando Carbajal, promueve además que Ficha limpia rija para todos los delitos con penas mayores a tres años desde el fallo en primera instancia, pero otorga un plazo de dos años para que se pronuncie el Tribunal de Casación.
En el PRO está decidido a votar el texto de mayor consenso, aunque pedirá mejoras de redacción, como cambiar la definición de segunda instancia por “superior”. Por LLA sólo habló Nadia Márquez: “La Ficha limpia no va contra Cristina, es Cristina contra la Ficha limpia, porque ella es la doblemente condenada”, señaló.