La medida de la Superintendencia de Salud generó bloqueos en las cuentas bancarias y una crisis sanitaria para más de 700.000 personas afiliadas.
Gremios: la intervención de Osprera deja a trabajadores rurales sin cobertura médica
El pasado 26 de octubre, el Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), intervino la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera), destituyendo al Consejo Directivo y bloqueando las cuentas bancarias de la entidad. Estas decisiones desencadenaron una crisis sanitaria sin precedentes entre los gremios, afectando a más de 700.000 trabajadores rurales y sus familias.
Las medidas adoptadas, incluyendo la ruptura de la cadena de pagos, han provocado interrupciones en la atención médica y en la entrega de medicamentos esenciales, exponiendo a los beneficiarios a una grave vulneración de derechos.
Desde la intervención, los trabajadores rurales afiliados a Osprera enfrentan cortes generalizados en servicios médicos. Los tratamientos más afectados incluyen los oncológicos, crónicos y de alto costo, esenciales para enfermedades como insuficiencia renal, esclerosis múltiple, epilepsia y cáncer. Esta situación ha llevado al deterioro de la salud de pacientes en condiciones críticas.
Además, el bloqueo de las cuentas bancarias de la obra social ha paralizado la compra de medicamentos de alto costo, dejando a los pacientes más vulnerables sin acceso a los tratamientos que garantizan su supervivencia.
La falta de soluciones por parte de la intervención ha derivado en una escalada de demandas judiciales en todo el país. En Córdoba, se denunció la interrupción de una cirugía de cadera por falta de prótesis; en Salta, una menor con cáncer quedó sin tratamiento; y en Buenos Aires, un paciente judicializó la suspensión de su medicación. Estos casos reflejan el abandono que sufren los afiliados desde la intervención.
En paralelo, prestadores como la Asociación de Anestesia de Córdoba anunciaron la suspensión de sus servicios a los afiliados de la obra social, profundizando el impacto de la crisis.
El bloqueo de las cuentas bancarias no solo afecta la prestación médica, sino que también genera costos adicionales por intereses, embargos y multas. A pesar de contar con recursos inmovilizados, la inacción de la intervención ha agravado el desfinanciamiento y la incapacidad de cumplir con los compromisos asumidos.
La situación también contradice las normativas del Decreto 1045/2024, que regula las intervenciones en agentes de salud, exponiendo falencias en la gestión de la Superintendencia.
Realizada fuera del horario administrativo y sin permitir el derecho a defensa, la intervención de Osprera ha sido señalada por irregularidades. Aunque la medida fue justificada como necesaria, sus consecuencias han dejado a miles de trabajadores rurales sin acceso a atención médica ni medicamentos.
El conflicto evidencia la necesidad urgente de una revisión de las políticas aplicadas durante la intervención para evitar que los trabajadores rurales sigan siendo los principales perjudicados en esta crisis.