La UCR prepara un amparo y el campo sigue batallando. Una encuesta revela el impacto en la imagen del gobernador. El Banco Nación mete la cuchara.
Rodrigo de Loredo judicializará la suba de impuestos en Córdoba.
En una semana dominada por el Libragate, la política de Córdoba -que insiste con ser observadora pasiva del escándalo que protagonizó Javier Milei- giró sobre un solo tema: los impuestos. La UCR, encabezada por Rodrigo de Loredo, prepara munición gruesa para recibir a Martín Llaryora de su gira árabe.
En los pasillos del poder, propios y ajenos, esperan cuantificar el impacto de una batalla que este lunes cumplirá un mes y que coincide con la rebaja de las retenciones al campo que anunció Toto Caputo. Hasta entonces, esa masa amorfa que es Juntos por el Cambio en la provincia mantenía el silencio porque si le pegaban a Llaryora por la presión impositiva, los alfiles del gobernador devolverían la gentileza remarcando el silencio frente a la demanda del sector agropecuario que, por cierto, votó a Luis Juez masivamente en la compulsa provincial de 2023.
Para el Panal, es tema terminado. Como anticipó Luis Zegarra en Letra P, para el gobierno provincial la suba por arriba del 172,5% afecta a sólo el 1% de los contribuyentes, que serían los mejor posicionados en la pirámide socioeconómica cordobesa. “Pagaron todos”, cierran el parte oficial de la polémica.
Llaryora se moverá conforme al diagnóstico. Regresó este sábado de los países árabes y el lunes abrirá el ciclo lectivo en una escuela rural ubicada sobre el Camino del Peregrino, en Villa Cura Brochero, en el oeste provincial, una zona para la que reserva anuncios, en sintonía con las promesas en el norte el día de la apertura de sesiones legislativas.
Lo cierto es que hay movimientos que anticipan que la guerra de los impuestos será un poco más larga. Por ejemplo, en un polo productivo de impacto, como la ciudad de Marcos Juárez, la Asamblea de Productores emitió un duro comunicado donde se pliega al reclamo de la Sociedad Rural de Río Cuarto de días atrás.
Entre varios puntos, la entidad presidida por Luis Dellarossa (pariente lejano del ministro de Producción, Pedro Dellarrosa) exige que el Ejecutivo provincial tome el índice de inflación para el recálculo del cuadro impositivo y restituya el 10% de descuento por el pago en una sola cuota. Estuvieron representantes de todas las organizaciones de la Mesa de Enlace, también del Ministerio de Bioagroindustria a cargo de Sergio Busso, hombre con buenos vínculos con el sector.
El cuadro de situación ilustra que la disputa tendrá más capítulos. En especial, porque la oposición va a presionar, pese al naufragio de la estrategia en la Legislatura, que también se describió oportunamente en este portal.
De Loredo encontró el punto para presionar a Llaryora, a quien le disputará el poder en 2027, pero también para ganarle algunos casilleros a Luis Juez, con quien no polemizará en público. El senador se escapó de las conferencias de prensa conjunta que proponía en bloque radical en el Congreso y se subió al tema cuando Milei quedó en el ojo de la tormenta por la estafa cripto.
Letra P pudo saber que esta semana la UCR va a presentar un recurso de amparo colectivo contra la suba impositiva del gobierno provincial y analiza hacer un planteo de inconstitucionalidad en el Tribunal Superior de Justicia. Además, elevará al Ministerio de Economía, comandado por Guillermo Acosta, un pedido de información pública.
Queda claro que De Loredo no dará por cerrado el tema.
Primero, por una razón numérica: ese espacio político sostiene que el aumento del 172,5% “es brutal” porque no se explicaría ni por inflación pasada ni por la proyectada. Tampoco compran que sólo el 1% más rico pague por encima de ese porcentaje.
Segundo, porque en el búnker deloredista miran datos que reflejarían que las balas cruzadas en esta guerra de los impuestos sí le habrían dado a Llaryora.
De manera exclusiva, este portal accedió a un informe elaborado por Opiniones y Tendencias, la encuestadora de cabecera de De Loredo. El trabajo de campo se hizo esta semana en toda la provincia.
Ante la consulta sobre si se percibió un aumento impositivo mayor al de años anteriores, el 76% de las personas encuestadas respondió que “sí, mucho”; el 10% dijo que “sí, algo” y el 14%, que no.
El informe plantea que Llaryora tuvo un impacto negativo de cinco puntos en su imagen positiva con respecto a la medición anterior. Para la consultora, el gobernador tiene un 44% en verde y un 54% en rojo.
Juez se mantiene en una línea de equilibrio: 47% a favor, 47% en contra. De Loredo tendría una aceptación del 50% y un 35% de rechazo.
Lo que pierde el primero, la estabilidad del segundo y la ganancia del tercero alienta a la tropa radical que entiende que, sin las PASO en el horizonte 2025, habrá más tiempo para trabajar la agenda provincial y ganar casilleros en el juego de la oca de la instalación política.
La batalla por los impuestos promete más capítulos. Si el radicalismo se mantiene activo en el frente, también lo hará la escudería del Presidente. La semana pasada el Banco Nación y la Municipalidad de General Deheza mantuvieron la segunda audiencia en el marco de la causa abierta en la Justicia Federal por las tasas municipales.
Si se logra una salida dialoguista con la entidad que comanda el exfuncionario cordobesista Daniel Tillard, el modelo podría replicarse en las 18 localidades que están en la mira por cobrar altas tasas. Jesús María lo hizo en el plano financiero, como contó Rubén Curto en Letra P, aunque sin descomprimir las cargas tributarias que aplica a sus contribuyentes.
Altas fuentes de la entidad bancaria confiaron a este medio que las tasas aplicadas por los municipios equivalen a la nómina y los gastos de las sucursales. Toto Caputo celebró el cierre de la sucursal de La Matanza y animó a “exponer” a los intendentes. La línea no cambiará ni en momentos difíciles para el círculo presidencial.
“Hay audiencias, hay debate y hay vocación de solucionar el conflicto”, dijo la fuente resaltando la “firmeza” de los jueces que intervienen. La Municipalidad de Córdoba, a cargo de Daniel Passerini, es una de las que judicializó el planteo.
Impuestos, un tema que lejos de cerrarse promese ser el hashtag del año electoral.