Le solicitó a Casal más fiscales y recursos para combatir el narcotráfico. La diputada Calletti prepara un proyecto de ley. El Plan Güemes y el rol de Bullrich.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, junto al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal.
Luego del debate nacional por el alambrado de 200 metros que instalado en la frontera con Bolivia, Salta acelera sus gestiones en materia de seguridad para evitar convertirse en la nueva Rosario. En el gobierno de Gustavo Sáenz entienden que la provincia necesita más fiscales federales y más recursos para avanzar en la lucha contra el narcotráfico.
La comparación con la ciudad santafesina no es azarosa. Las autoridades entienden que, por su ubicación en el límite con Bolivia, Paraguay y Chile, Salta aparece como uno de los territorios clave a controlar en materia de narcotráfico y en lo que refiere al crimen organizado en general.
Para eso, sostienen que la provincia necesita una atención similar a la que se destinó a Rosario a través del flujo de recursos garantizado por ley que permitió el nombramiento de 27 fiscales en ese distrito. Con 500 kilómetros de frontera considerada “crítica”, en Salta advierten sobre la necesidad de visibilizar el problema y avisan que si no se ataca a las ramificaciones que desde el norte llegan a los puertos de Rosario o Buenos Aires, la investigación criminal sólo atomiza el problema generando un problema social que cruza todo el país.
Actualmente Salta tiene siete fiscales de los cuales sólo tres son titulares. Son los que tienen que llevar adelante las investigaciones en la provincia. Sobre esa situación avanza el reclamo salteño a las autoridades nacionales que llevó a Sáenz a interpelar directamente al Senado.
Aprovechando su viaje a la Ciudad de Buenos Aires, Sáenz se reunió con el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. El gobernador le transmitió que los operativos del Plan Güemes, una de las políticas estrategias para controlar la frontera, generan más investigaciones y audiencias, lo que demanda un refuerzo en el Ministerio Público Fiscal.
El salteño solicitó la designación de más fiscales federales en la provincia, pero también más recursos destinados a la investigación criminal. “Nuestra ubicación estratégica, con tres fronteras internacionales, nos enfrenta a desafíos como el narcotráfico, la trata de personas y los delitos económicos”, afirmó el mandatario.
Según señalan en el gobierno provincial, el incremento de operativos tensiona el sistema judicial. “Más operativos policiales significan más investigaciones y audiencias, lo que genera la necesidad de la designación de más fiscales para afrontar estos casos con mayor celeridad”, detalló Sáenz.
Hay dos vías para que los pedidos de Sáenz lleguen a buen puerto. La primera es que Casal use parte de su presupuesto para designar interinos que se aboquen al trabajo en Salta. La otra, que ataca el problema de fondo, es una ley específica que debe tratar el Congreso. En eso trabaja la diputada saencista Pamela Calletti, que comanda el bloque Innovación Federal.
Calletti fue ministra de Justicia provincial entre 2013 y 2017, durante la última gestión de Juan Manuel Urtubey. En ese momento se creó la Unidad Coordinadora de Lucha Contra el Narcotráfico para trabajar con la Justicia Federal con la provincial. Durante su gestión, Salta también adoptó el sistema acusatorio, razón por la cual el trabajo de los fiscales empezó a tomar mayor protagonismo.
Calletti conoce el paño y advierte que un retraso en el trabajo de la Justicia genera una impunidad que termina acrecentando el poder de daño del crimen organizado. “Si sólo se trabaja con operativos policiales que incautan cargamento, en el fondo estás favoreciendo a la banda contraria a la que no le enganchaste el cargamento”, explica a este medio, bajando a tierra la importancia del fortalecimiento de la Justicia.
“Si no se logra dimensionar la magnitud de lo que pasa en el norte, el problema del narcotráfico no se va a solucionar. Podés destinar muchos recursos a Rosario, pero si no abordás lo que pasa en las puertas de entrada y salida, la situación no se va poder controlar”, explica la diputada ante la consulta de Letra P.
En ese sentido, en Salta destacan la importancia del rol de la Justicia Federal. “Si no lográs una sanción, lo que único que hacés es terminar mediando en la lucha de territorios de las distintas bandas. Necesitamos que la Justicia sea implacable”, afirma Calletti.
El Plan Güemes fue impulsado por Sáenz con el objetivo de fortalecer la seguridad en las fronteras y combatir el crimen organizado. La estrategia incluye operativos coordinados con fuerzas de seguridad y un refuerzo en los controles fronterizos.
Desde su implementación, se registró un aumento en las detenciones y secuestros de drogas, lo que derivó en una mayor carga de trabajo para los tribunales federales. Por ello, la solicitud del gobernador apunta a evitar que el crecimiento de los casos genere demoras en la respuesta judicial.
En ese marco, en la provincia destacan el trabajo conjunto con la cartera que comanda la ministra Patricia Bullrich, más allá de algunos zigzagueos en la relación con la Casa Rosada. Esa presencia puntualmente refiere al rol nacional del cuidado de la frontera, a cargo de Gendarmería y Prefectura, y acciones como los controles migratorios y la radarización de la zona.
Con todos esos elementos sobre la mesa, en la provincia entienden que el gobierno nacional “la ve” y, por esa razón, confían en que el plan para fortalecer a la Justicia Federal salteña pueda avanzar una vez que, luego del 1 de marzo, pueda canalizarse a través del Congreso.