Al filo de su vencimiento legal y luego de tres prórrogas implementadas desde su llegada en diciembre a la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei decidió extender por un año más las concesiones de las cuatro hidroeléctricas del Comahue otorgadas durante la gestión de Carlos Menem y que debían regresar a la órbita estatal.
Las usinas de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila continuarán hasta agosto y diciembre de 2025 en manos de las actuales concesionarias; mientras la administración libertaria prepara los llamados a licitación para seleccionar a las nuevas operadoras privadas que se harán cargo por un período de 30 años.
Las nuevas prórrogas permitirán que las empresas ENEL, Aconcagua Energía, AES y Central Puerto sigan operando las centrales y facturen la energía generada a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A. (Cammesa).
La decisión volvió a reflejar las diferencias internas y los cambios de dirección en el tratamiento de las cuestiones energéticas relevantes puertas adentro del Gobierno.
Energía con recetas viejas
En las últimas semanas de junio, la administración libertaria había creado cuatro nuevas sociedades anónimas que, bajo el control mayoritario de la estatal Energía Argentina (Enarsa), iban a hacerse cargo de las cuatro hidroeléctricas a partir del 11 de agosto.
El plan oficial era replicar con esas sociedades estatales el esquema que en su momento adoptó la gestión de Alberto Fernández en el ámbito de la hidrovía.
Luego de haber sido designada en setiembre de 2021 como concesionaria estatal de la vía navegable, la Administración General de Puertos (AGP) decidió subcontratar para las obras de dragado y balizamiento a Jan de Nul y Emepa, dos empresas privadas que habían estado al frente de la concesión desde mediados de los 90.
Las nuevas sociedades anónimas bajo el paraguas de Enarsa iban a ser designadas como “concesionarias transitorias” de las represas, para que luego contraten las tareas de manejo y mantenimiento con las empresas salientes hasta que concluyan las licitaciones de las nuevas operadoras.
caputo chirillo
Interna Toto Caputo y Eduardo Rodríguez Chirillo
Esa alternativa se descartó a raíz de las diferencias internas entre el ministro de Economía, Toto Caputo y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.
El Plan B del Gobierno
El Plan B que finalmente adoptó el Gobierno tiene dos puntos salientes:
- Las concesionarias privadas actuales seguirán con las mismas condiciones como mínimo por el plazo de un año o hasta que se adjudique cada central a las nuevs operadoras.
- Las cuatro sociedades anónimas estatales, que iban a asumir el control de las centrales, quedarán por ahora en stand by y serán utilizadas para facilitar la llegada de las futuras operadoras. El objetivo es que recibirán directamente los paquetes accionarios y los nuevos contratos de concesión sin necesidad de tener que constituir una nueva empresa desde cero para poder hacerse cargo de las usinas.
Según la hoja de ruta fijada por la gestión mileísta, la permanencia de las actuales concesionarias quedará oficializada una vez que las empresas firmen con la Secretaría de Energía un nuevo convenio, de “manera plena e incondicional”, de Adhesión a la Continuidad del Plazo de Operación.
Con la firma de ese convenio, las empresas se comprometen a desistir de “cualquier reclamo administrativo o proceso judicial” vinculado con el nuevo plazo de operación y también a actualizar en un período de 15 días los seguros y las garantías de cumplimiento de contratos.
Hidroeléctricas con historia
Las hidroeléctricas del Comahue se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Fueron financiadas con créditos internacionales, avales del Tesoro Nacional y los recargos tarifarios en las facturas eléctricas que abonaron durante casi dos décadas clientes residenciales, comercios e industrias de todo el país.
Durante la gestión menemistas fueron concesionadas por 30 años a empresas privadas que actualmente están a cargo de dos grupos extranjeros y dos compañías locales que también operan en otras áreas del negocio energético.
En el caso de El Chocón, el 59% de las acciones está en poder del grupo italiano ENEL, el principal accionista de Edesur. En Alicurá, la sociedad controlante está en manos del grupo estadounidense AES.
Desde diciembre pasado, Cerros Colorados está a cargo de la local Aconcagua Energía; mientras que Piedra del Águila pertenece al grupo Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens y Guillermo Reca, a los hermanos Ruete Aguirre y a la familia Escasany.