El gobierno provincial de Santa Cruz, conducido por el gobernador Claudio Vidal, a través del Juzgado de Familia, llevó a cabo un megaoperativo en la casa de niños “Fundación Valdocco”, ubicado en la localidad de Cañadón Seco. El padre Juan Carlos Molina, miembro de la institución, habló de “persecución política” y dijo que cerrarán el establecimiento donde viven más de 70 jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El pasado miércoles, el gobierno provincial desplegó un desproporcionado operativo, sin orden judicial, en el hogar que alberga más de 50 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, en un hecho que generó fuerte preocupación entre las autoridades de la institución y su personal, entre ellos Molina, quién forma parte hace más de veinte años de la misma.
Según relató el cura en diálogo con Letra P en el lugar viven y se escolarizan unos 70 jóvenes en situación de vulnerabilidad, todos ellos de forma regular, con las actuaciones judiciales en los casos que es requerido y las autorizaciones necesarias en los demás casos. La fundación tiene otras cuatro casas, una más en Santa Cruz, dos en Chaco y una en Haití donde viven chicos y chicas de diferentes provincias.
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Claudio Vidal pasó la escoba por el gabinete en Santa Cruz.
La cronología de los hechos
La situación comenzó un mes atrás con la visita al lugar de la responsable de escuelas privadas del municipio, algo que según indica Molina “no correspondía”, ya que pese a que la institución tiene convenios de colaboración por los que el Estado paga sueldos, no se trata de una escuela privada. “Ahí arrancó el proceso”, marcó.
Luego el gobierno provincial hace un pedido de informes a la Justicia de Familia donde pide que se informe quienes son los menores que están en el lugar. El requerimiento a la institución llegó el pasado lunes y se les dio seis horas para responder. “Nos pareció raro, pero respondimos porque no hay nada que ocultar”, dijo Molina quién además marcó que “no hay denuncia, ni causa judicial, ni secreto de sumario, ni nada”.
El martes, la justicia informó que todos los menores deberán ir a declarar durante un mes por lo que desde la institución recurren a la Defensoría de la Niñez. Al día siguiente, la Jueza a cargo con personal de la Defensoría van al hogar, pero la sorpresa llega cuando también irrumpen allí al menos seis ministros o ministras provinciales además de otros funcionarios.
“Apareció el ministro de Seguridad de la provincia con la policía, la ministra de Desarrollo Social, la de Salud, la presidenta del Consejo de Educación, el secretario de Estado para la comunicación con su cámara, todo un operativo tipo allanamiento, compulsivamente empiezan a recorrer la casa, a hacer preguntas capciosas a los menores, filmarlos, seis ministros se suben a un avión para venir hasta acá”, relató Molina.
Persecución política y cierre
“Qué quieren no lo sé, parece una persecución política”, dijo Molina a este medio y señaló que la directora de Adultos del Consejo de Educación provincia marcó en declaraciones mediáticas que “todos conocen al padre Molina que salía abrazado a Alicia Kirchner en las movilizaciones de 2007”. “No es la persecución al cura, hay que resguardar a los menores”, aseguró el padre al tiempo que dijo que ya se hicieron las presentaciones judiciales correspondientes y se seguirá por la vía judicial.
“Hay abuso de autoridad, se sintieron dueños del lugar”, dice para luego relatar diferentes situaciones de abuso y marcar que los menores “están siendo revictimizados” y que vuelven de declarar “llorando” y atemorizados.
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Finalmente, Molina afirmó a Letra P que lo más probable es que se cierre el lugar, ya que no se puede sostener el cuidado de los menores en una situación como la actual. En este momento se evalúa si los mismos deberán volver a su lugar de origen donde vivían situaciones conflictivas, si podrán ser enviados a otras de las casas o si existe la posibilidad de abrir una nueva en otro lugar.