El Presidente descubre el concepto de derechos humanos, pero lo manipula a su antojo. Pasos correctos y dobles varas. Pirotecnia peligrosa y destrato a aliados.
Gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro.
El gobierno de Javier Milei pisa el acelerador de su batalla cultural y, con el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo secuestrado en Venezuela como marco, hace un uso sesgado y descubre de buenas a primeras conceptos como, por ejemplo, el de "derechos humanos".
Como si fuera una organización clandestina antes que un gobierno, el régimen de Nicolás Maduro difundió una "prueba de vida" del compatriota detenido: videos y una foto que lo muestran con uniforme celeste en un lugar no identificado. ¿Apoyo consular? ¿Representación legal? ¿Información sobre su paradero? ¿Claridad sobre lo que se lo acusa? Nada de eso; sólo faltó que lo mostraran con un diario en la mano.
Como sea, la novedad, que ni siquiera tuvo difusión oficial, sino que fue entregada a un grupo de periodistas extranjeros, probablemente lleve cierto sosiego a los familiares de Gallo. Mientras, más allá de alguna honrosa excepción –Juan Grabois... ¿alguna más?– la mayor parte de la dirigencia opositora calla sobre la suerte de un compatriota y el Gobierno se engolosina jugando al testimonio ideológico y conspirando contra cualquier opción negociadora que exceda las "pruebas de vida", algo insólito si se tratara de un acusado de delitos y no de un prisionero político.
Una a favor: con los elementos que tiene a su alcance –no son demasiados–, el Gobierno persigue la liberación de Gallo. El tiempo urge: los antecedentes del madurismo y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) justifican ese sentimiento.
Una en contra: muchos de sus actos son goles en contra, apuestas a la "batalla cultual" que no honran lo que está en juego.
Las gestiones que la Cancillería realiza a través de Brasil y otros países no parecen conmover a Maduro, que escala desmesuradamente en sus cargos contra el gendarme y lo presenta como parte de una trama terrorista de alcance internacional para impedir la enésima jura del sucesor de un Hugo Chávez cada vez más borroneado en la memoria.
En estos casos el silencio es una señal alentadora que se vincula con gestiones sigilosas, mientras que el ruido trae malos presagios. Por ahora, sólo aparece el ruido.
La apelación del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Corte Penal Internacional (CPI) es, a la vez, una demostración de impotencia, un gesto correcto y un intento inútil.
La presentación denuncia "una violación grave y flagrante de los derechos humanos", lo que se encuadra "claramente bajo la jurisdicción de la CPI". Asimismo, enfatiza que el Gobierno "continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional". Alentador: la ultraderecha ha descubierto la importancia del concepto.
Mientras, el petardismo de Patricia Bullrich tal vez sea sólo un hito más de su trayectoria conocida o, acaso, también el reflejo culposo de una funcionaria que siente que uno de sus efectivos fue entregado en cuchara a la boca del lobo.
Las críticas, coincidentes desde posturas muy distantes, de Victoria Villarruel y de Oscar Laborde al candor con el que Gendarmería Nacional autorizó un viaje que debió presumir de alto riesgo, son más fáciles de rebatir con ataques personales que con argumentos. Bullrich no tiene responsabilidad personal en el caso, pero es conocida su vocación por proteger a sus subordinados –los que extendieron el permiso– incluso cuando actúan de modo indefendible.
La ministra de Seguridad volvió a amenazar al chavismo con "consecuencias".
Es un misterio en qué posición se para para asustar con semejante cosa a gente a la que no tiene cómo acceder.
Otro misterio es cómo cree que ese lenguaje puede ayudar en algo a la situación de Nahuel y a las gestiones de buenos oficios que se les piden a países amigos, pero que la actual administración suele (des)tratar como si fueran todo lo contrario.
En la misma línea, ¿ayuda a Gallo que Milei se prepare para recibir el sábado en la Casa Rosada a Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial opositor que probablemente ganó las elecciones venezolanas del 28 de julio, pero a quien Maduro –sin mostrar jamás las actas de los comicios– declaró derrotado de facto? ¿En serio, justo ahora?
El regreso a casa de un compatriota cuya integridad corre grave peligro es la prioridad excluyente y todo lo demás es evitable y contraproducente jueguito para la tribuna.
Hace bien el Gobierno en reclamar por los derechos humanos de un compatriota. Lo curioso son sus dobles estándares.
Por un lado, hace poco anunció, en un comunicado personal de Milei que llevó el pomposo título de "Declaración de la República Argentina en defensa de Israel"–, que desconocería una orden de detención internacional de la misma CPI a la que ahora acude. Aquella fue librada contra el primer ministro ultraderechista Benjamín Netanyahu y quien hasta hace poco fue su ministro de Defensa, Yoav Gallant, además de una serie de comandantes del grupo terrorista Hamás. Los pronunciamientos de ese tribunal son de obligatoria observación para los países signatarios del Estatuto de Roma, como la Argentina.
El otro doble patrón se vincula con una poco sincera vocación por la reivindicación de los derechos humanos. Si no fuera así, no ocurrirían algunas cosas que se están viendo.
Antes y después de asumir el poder, Milei calificó lo ocurrido durante la última dictadura militar como una "guerra justa" contra las guerrillas de izquierda, aunque el juicio de la historia ya saldó que nada de aquello no fue ni una guerra ni un acto de justicia.
No sorprendió, por ello, que dos dependencias medulares del Espacio Memoria y Derechos Humanos ex-ESMA comenzaran 2025 cerradas y bajo amenaza: el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria. Las autoridades no hablan de cierre, sino de "reestructuración". Una bastante extrema, según parece.
Para la audiencia más joven: en lo que fuera la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) funcionó el mayor centro clandestino de detenciones, torturas y asesinatos de la dictadura; un verdadero sitio del horror.
Instalados allí desde 2004 para la preservación de la memoria histórica, el Conti es un espacio de difusión cultural y educativa, mientras que el Archivo preserva la documentación sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el terrorismo de Estado y, más puntualmente, realiza tareas de investigación, actualiza la base de datos sobre de víctimas y custodia los legajos de la Conadep y de las causas judiciales, entre otras cosas. Todo eso es de vital importancia, toda vez que los represores se han llevado a la cárcel o a la tumba muchos secretos que, de haber salido a la luz, habrían llevado consuelo a centenares de familias.
Alberto Baños, titular de ese oxímoron que es la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de ultraderecha, anunció, en el último día del año pasado, que se había abierto un retiro voluntario destinado a pasarle la motosierra a la memoria histórica de los argentinos. Este lunes, efectivos policiales y un camión hidrante se aseguraban de que no ingresaran a sus puestos de trabajo quienes no estuvieran salvados en un listado.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cree que la Secretaría de Derechos Humanos se desharía de 600 de sus 800 empleados.
La guerra a la memoria, en realidad, comenzó el año pasado con un agudo desfinanciamiento del Sitio ex-ESMA, que se sostuvo solamente por el compromiso tenaz de sus trabajadores.
Ningún país serio y democrático del mundo, sea gobernado por partidos de izquierda o de derecha, pondría en riesgo semejante patrimonio.