El costo total de las elecciones 2025 podría ascender a 50 millones de dólares. La experiencia macrista y las tres compañías que disputan por la logística.
Javier Milei quiere extender el contrato con la empresa encargada del recuento de votos
Javier Milei quiere extender el contrato con la empresa encargada del recuento de votos
El gobierno de Javier Milei resolvió cambiar el criterio de contrataciones con la empresa encargada de realizar el recuento provisorio de votos en las elecciones legislativas de 2025. En las próximas semanas, el Ejecutivo anunciará que la firma que brinde la logística electoral tendrá contrato por, al menos, cuatro años.
Durante los gobierno kirchneristas, los acuerdos entre el Estado y las compañías se firmaba sólo para cada instancia electoral. Antes de que termine el año, la Secretaría de Interior pondrán en marcha las licitaciones para la digitalización de las actas electorales, su transmisión y el recuento provisorio de los votos de los próximos comicios.
En el sector tecnológico calculan que el costo total de las elecciones podría ascender a 50 millones de dólares, sólo en las categorías nacionales si es que las provincias decidieran no desdoblar los comicios locales. De todas maneras, todavía son una incógnita los detalles de las contrataciones ya que podría ser una mega contratación o se podría hacer por separado en diferentes licitaciones.
El cambio coincide con la estrategia que implementó el gobierno de Cambiemos cuando llevó las licitaciones de servicios electorales al Correo Argentino y blindó el servicio de digitalización y transmisión de telegramas contratando por cinco años a la empresa Smartmatic, que fue duramente cuestionada por el peronismo en 2019. Sumido en la crisis cambiaria desatada en 2018, Mauricio Macri no logró replicar ese mecanismo de extensión de contrataciones al resto de los servicios electorales.
Ahora, aprovechando que la contratación de Smartmatic en el Correo se vence antes de las elecciones de 2025, las autoridades libertarias están confeccionando diferentes pliegos para llevar, al menos, a cuatro años la provisión de servicios. Como anticipó este medio, esas contrataciones volverían a estar en la empresa pública de logística, como sucedió con la administración macrista volviendo a centralizar allí las principales funciones electorales.
Tras la publicación de los pliegos, comenzará la danza (y el lobby) de las empresas tecnológicas que querrán quedarse con el negocio. La realidad es que no son muchas las compañías con divisiones electorales y la experiencia para poder llevar a cabo comicios nacionales, lo cual no impide que puedan repartirse los pliegos o renglones.
La compañía que pica en punta para hacer del negocio es la española Indra que, junto a los equipos tecnológicos de la Dirección Nacional Electoral, llevaron adelante las elecciones 2021 y2023. Pese a la campaña que buscó instalar Milei sobre supuestas irregularidades en el escrutinio y el conteo de datos en las presidenciales, la difusión de los números batió récord en la audiencia, algo que fue reconocido por los apoderados partidarios.
Smartmatic, por su parte, concluirá en julio próximo su servicio en el Correo y es probable que busque renovar la contratación para transmitir telegramas. Sin embargo, el escenario para reanudar el vínculo comercial es radicalmente distinto que en 2018: en 2020, la empresa de orígenes venezolanos fue apuntada por el equipo de Donald Trump como la responsable de un supuesto fraude. Como si fuera poco, el CEO de la compañía, Roger Piñate, fue liberado bajo fianza hace tres meses en una causa en la que es investigado por haber participado en un supuesto plan de soborno con vistas a obtener contratos para las elecciones filipinas de 2016.
La tercera firma en carrera, también con problemas recientes, es Magic Software Argentina-MSA que fue la proveedora del sistema de boleta electrónica en las elecciones porteñas de 2023, que por decisión de Horacio Rodríguez Larreta se hicieron de manera concurrente. En las primarias se generaron importantes demoras en las mesas de votación que se debieron, según la jueza federal María Romilda Servini, a "una impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral”. Las fallas en el funcionamiento fueron tales que el gobierno porteño resolvió dejar sin efecto la modalidad electrónica para las elecciones generales y el ballotage, que finalmente no se realizó, lo que deja a la compañía en una situación incómoda para cualquier compulsa.