Diez temas de la agenda libertaria que claman al cielo. Voces episcopales que seguirán alzándose. Pobreza y edad de punibilidad, entre las preocupaciones.
El nuevo jefe de la Iglesia que no calla ante las políticas de Javier Milei
Además de “la casta” y otros sectores que se oponen a las políticas sociales del Gobierno, en su segundo año de mandato Javier Milei tendrá que lidiar con la Iglesia, que seguirá desgranando su decálogo de críticas a las políticas de ajuste, los recortes de la motosierra y la desregulación libertaria.
Una vez más, las autoridades episcopales no se encontrarán con Milei para llevarle el saludo tradicional por las fiestas navideñas, pero le enviarán -pudo saber Letra P- una carta en la que posiblemente incluyan algunas, no todas, de esas preocupaciones sociales.
En su discurso de balance y proyección de lo que viene, Milei lanzó la primera piedra. “Haremos realidad la baja de la edad de imputabilidad, de manera que quien sea lo suficientemente maduro como para cometer un delito sea también lo suficientemente maduro para sufrir las consecuencias”, avisó.
Tal como contó Letra P en agosto, tanto la Conferencia Episcopal Argentina como los obispos a título personal cuestionaron el proyecto de régimen penal juvenil que promueve la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para bajar de 16 a 13 años la edad de punibilidad de los menores que delinquen.
La decisión gubernamental de recortar la cobertura de medicamentos a personas jubiladas afiliadas al PAMI hizo que el arzobispo cordobés Ángel Rossi considerara la medida como “una eutanasia disimulada”, porque los “viejitos tienen que elegir entre comer o medicarse”.
El purpurado jesuita atribuyó este recorte a la “miserabilidad que estamos viviendo” y apuntó contra la gestión libertaria por la restricción que implica tramitar el nuevo “subsidio social” a quienes perciban más de $390.000 mensuales, no estén afiliados a una prepaga y no tengan un automóvil de menos de diez años.
El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) estimó que la pobreza alcanzó al 49,9% de la población y la indigencia, al 12,3% en el tercer trimestre. Pese a que estas cifras representan una baja en relación con el primero y el segundo semestres, la Iglesia le planteó la necesidad de que las políticas sociales sean prioridad de la gestión anarcocapitalista.
El arzobispo mendocino Daniel Colombo le marcó la cancha al Presidente apenas fue elegido al frente del Episcopado para el trienio 2024-2027. “La reforma económica es con la gente adentro”, advirtió.
En la misma línea se pronunció el director del ODSA UCA, Agustín Salvia. "Hace falta que el país crezca con inclusión social; sin ella, el crecimiento no es sostenible", señaló.
La Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen cuestionaron la decisión del Gobierno de declarar finalizada la emergencia territorial que, mediante la ley 26.160 y sus prórrogas, protegía la posesión y la propiedad comunitaria indígena.
"Esta medida es muy preocupante y amenaza con agravar aun más distintos conflictos que se desarrollan en todo el país, en franca violación de los derechos de estos pueblos", advirtieron en una declaración conjunta.
El escándalo por las toneladas de alimentos retenidas por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, sigue abierto y con la mayoría de los referentes eclesiásticos parados en la vereda de enfrente de la decisión gubernamental.
Pese a que tanto Cáritas como la alianza cristiana evangélica Aciera suscribieron acuerdos de colaboración, las desprolijidades de gestión, la falta de transparencia y las demoras en la llegada de la comida a los centros comunitarios eclesiásticos abrieron la grieta.
En un mensaje de Navidad, la organización solidaria de la Iglesia cuestionó los decretos que “buscan mostrar poder y autoridad” y advirtió que, en muchos casos, “más frágiles y débiles” sufren las consecuencias de estas decisiones políticas y económicas.
Otro tema de fricción fue la quita a los movimientos populares del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que la Iglesia insiste en que se restituya al considerar que la suspensión de esas obras expone a las barriadas populares al avance del narcotráfico.
“Hay urgencias y es claro que no se puede recortar por los más pobres”, planteó el obispo villero Gustavo Carrara y reclamó “una presencia inteligente y necesaria del Estado, porque, si no, el narcotráfico va avanzando y mata personas en concreto, hipoteca la vida de niños y adolescentes".
Ante lo que la Iglesia considera una ausencia del Estado nacional en la prevención de las adicciones, los curas villeros trabajan desde hace años en la apertura de los Hogares de Cristo, espacios de contención en los que brindan asistencia interdisciplinaria a jóvenes con consumo problemático de estupefacientes.
En este sentido y por iniciativa del cura villero Pepe Di Paola, radicado en la localidad santiagueña de La Banda, las provincias del Noroeste acaban de crear la Confederación de Prevención de Adicciones del NOA. La integran Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy con el objetivo de coordinar acciones para luchar contra las drogas y las adicciones.
Los representantes episcopales también criticaron que las personas jubiladas hayan sido una de las variables de ajuste del modelo anarcocapitalista sustentado en dos objetivos: bajar la inflación y lograr superávit fiscal.
También lamentaron que Milei haya vetado la ley de movilidad jubilatoria que había aprobado el Congreso.
“Tenemos un sistema jubilatorio arcaico, irracional e injusto que, a través de diferentes mecanismos, determina haberes que hunden en la marginalidad y la pobreza a multitudes que no alcanzan a satisfacer las necesidades vitales básicas”, planteó el área episcopal de Adultos Mayores.
A lo largo del año, la Iglesia también criticó dos medidas orientadas a avanzar en un proyecto integral de reforma migratoria.
Una fue un aumento del 1500% del valor de los aranceles migratorios que, según plantearon autoridades eclesiásticas, dificultan la regularización de la residencia y afecta principalmente a las personas migrantes más vulnerables.
La otra fue la decisión de Milei de terminar con la gratuidad de la educación y la salud pública para personas extranjeras en el país, una medida con la que la administración libertaria busca profundizar el ahorro fiscal.
Preocupada por la ludopatía creciente en la niñez y la adolescencia, la Iglesia reclamó con insistencia al Congreso que se sancionen leyes para prevenir esta adicción y para regular los juegos de azar y apuestas online.
En este punto, los obispos exhortaron a quienes legislan a “no ser cómplices” de la adicción al juego y alertaron sobre la “naturalización” de una conducta nociva en infancias y adolescencias.