El Gobierno creó Carboeléctrica Río Turbio S.A. Busca reducir aportes del Tesoro Nacional. Cambios contractuales y el fantasma de los despidos en Santa Cruz.
Javier Milei inició la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y el interventor niega el cierre
FOTO: Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.
El gobierno de Javier Milei formalizó este lunes, mediante el Decreto 115/2025 publicado en el Boletín Oficial, la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en la nueva empresa estatal Carboeléctrica Río Turbio S.A., establecida dentro del ámbito del Ministerio de Economía y manteniendo control estatal mayoritario.
Esta conversión representa un paso más en el plan del Ejecutivo orientado a la reducción progresiva de gastos públicos. La mina de carbón santacruceña es parte de las empresas estatales autorizadas a ser vendidas por la Ley Bases, por lo que la conversión societaria marca el inicio del proceso de privatización.
La sociedad anónima absorberá tanto la explotación del yacimiento carbonífero santacruceño, como los servicios ferroviarios y portuarios que incluyen terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, junto con la usina termoeléctrica.
De acuerdo al decreto oficial, el Estado conservará un 95% de la participación accionaria en la nueva estructura a través de la Secretaría de Energía, dejando un 5% en poder de la Secretaría de Minería. Esta distribución garantiza el control público mayoritario y el direccionamiento estratégico de Carboeléctrica Río Turbio.
Asimismo, la medida establece un plazo de 60 días para presentar el presupuesto correspondiente a 2025, que contemple una disminución gradual de los aportes provenientes del Tesoro Nacional. También deberá incluirse un plan de inversiones destinado a garantizar la sustentabilidad operativa y financiera del complejo minero energético.
La conversión implica además un fuerte compromiso estatal para asumir todas las deudas acumuladas hasta el momento por la antigua empresa YCRT. De esta forma, Carboeléctrica Río Turbio S.A. comenzará su operatoria libre de pasivos anteriores, lo que según las autoridades nacionales busca optimizar la gestión económica del nuevo formato empresarial.
Uno de los puntos más relevantes del decreto oficial está relacionado con el régimen laboral. El texto especifica que todos los trabajadores pasarán a regirse bajo la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, situación que implica modificaciones significativas en comparación al régimen anterior, lo cual obligará a negociar un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo en un plazo máximo de 180 días.
El impacto de estas modificaciones sobre los derechos laborales aún genera incertidumbre entre empleados y sindicatos. Fuentes gremiales señalaron que se encuentran a la espera de iniciar las negociaciones, enfatizando en la defensa de las condiciones laborales actuales y la estabilidad del personal.
La planta de YCRT tiene unas 2100 personas empleadas, en gran medida en roles administrativos.
Ante el fantasma de los despidos o la racionalización de personal, el interventor de la empresa, Pablo Gordillo Arriagada, un alfil del gobernador Claudio Vidal, sostuvo que "no hay plan de cierre" de la carbonífera ubicada en el extremo sur de la Patagonia.
La medida tiene como telón de fondo un informe reciente elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Este reporte, publicado en diciembre del año pasado, determinó que al tercer trimestre de 2024 YCRT registró pérdidas por 8.728 millones de pesos, a pesar de haber recibido fondos nacionales por 53.837 millones. Además, SIGEN calculó el déficit operativo en 62.565 millones de pesos durante los primeros nueve meses del año.
Este informe fue clave para acelerar la decisión de transformar la empresa, argumentando que la reestructuración societaria es necesaria para aliviar el gasto público y lograr mayor eficiencia en la gestión del complejo minero y energético de Santa Cruz.
Otra novedad importante radica en que Carboeléctrica Río Turbio S.A. estará exceptuada de los procedimientos habituales de contratación pública y de las normas administrativas aplicadas a otras empresas estatales. Según fuentes del Ejecutivo, esto permitirá acelerar decisiones estratégicas y agilizar inversiones operativas.
Este cambio genera expectativas y preocupación en distintos sectores políticos, especialmente en aquellos opositores al plan del Gobierno que alertan sobre posibles riesgos de menor transparencia. Al mismo tiempo, voceros oficiales defendieron esta excepción argumentando que es necesaria para garantizar la viabilidad económica de la nueva sociedad estatal.
De este modo, la creación de Carboeléctrica Río Turbio S.A. abre un nuevo capítulo en la gestión estatal de recursos mineros y energéticos estratégicos en la provincia de Santa Cruz, con desafíos que combinan eficiencia económica, estabilidad laboral y control público transparente, aspectos que serán evaluados atentamente por sectores políticos, sindicales y ciudadanos en general.